Candidatos polémicos e impugnados

Tijuana, 28 de mayo.- El aspirante al Poder Judicial Federal que ha generado más ruido y escozor es César Gutiérrez Priego, abogado especializado en seguridad nacional, aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su relación filial con Gutiérrez Rebollo no necesita demasiadas presentaciones: su padre fue sentenciado por proteger no solo al narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, sino también por defender a militares implicados en la guerra sucia. César insiste en su inocencia y asegura que todo fue una vendetta política orquestada por el expresidente Zedillo. Su narrativa incluye 11 audios entregados como “prueba”. Aun así, su candidatura está en revisión por falta, dicen, de “buena reputación”… mientras tanto, las encuestas lo colocan como favorito para acceder a la Corte. Algunos, incluso, dicen que será quien obtenga más votos por su intensa campaña en redes. 

Otro caso polémico es el de Marisela Morales Ibáñez, la primera mujer en dirigir la PGR, quien ahora busca ser ministra de la SCJN. Como fiscal, nunca se dio cuenta de que en la mesa de seguridad se reunía con un narcotraficante: Genaro García Luna. La carta fuerte de la calderonista no es solo su formación académica, sino su habilidad casi mágica para fabricar culpables en tiempo récord. El Michoacanazo fue su obra maestra: 35 detenidos, cero sentencias. También fue protagonista en los casos Ángeles Dauahare y Florence Cassez, ambos con final de “usted disculpe”.

También se postula Zulema Mosri Gutiérrez, jurista destacada ligada a Acción Nacional, que últimamente ha sido más famosa por su matrimonio con Rafael Macedo de la Concha, el mismo que intentó el desafuero de AMLO. Ella pregunta, con justa molestia, si se le juzga por ser mujer con esposo polémico. Pues sí, Zulema, bienvenida al México de la meritocracia selectiva.

El verdadero colmo son las candidaturas consideradas de “alto riesgo”, que se colaron en el proceso y fueron señaladas por organismos de la sociedad civil. Algunas parecen más sacadas de una narconovela que de un examen de oposición: candidatos con antecedentes graves como narcotráfico, abuso sexual, desaparición forzada y vínculos con el crimen organizado. Varios de ellos fueron impugnados por el Senado y la Cámara de Diputados.

Entre ellos se encuentran perfiles como:

• ⁠Leopoldo Javier Chávez, exconvicto en EE.UU. por delitos de metanfetamina.
• Francisco Herrera Franco y Fernando Escamilla Villarreal, señalados por nexos criminales.
• ⁠Jesús Padilla Briones, actual juez con antecedentes penales.
• Francisco Hernández Zaragoza y Edgar Rodríguez Beiza, imputados por abuso sexual.
• Andrés Montoya García, aspirante imputado por desaparición de un periodista.

A pesar de los antecedentes, estos perfiles lograron pasar los filtros del proceso; ya se pidió al INE que retire sus registros.

Lo cierto es que, entre estos impugnados, no se encuentran Job Daniel Wong ni otros tres candidatos en distintos estados ligados a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, preso por pederastia, pero aún con redes que buscan obtener espacios clave en el sistema judicial. Porque, si alguien conoce el sistema penal, es quien ha sabido esquivarlo durante años.

El INE ha activado un protocolo de verificación para impedir que agresores, deudores o prófugos lleguen a estos cargos. Pero la sola presencia de estos perfiles en la boleta plantea una pregunta incómoda de fondo:

¿Estaba listo México para esta elección? ¿O estamos abriendo las puertas del Poder Judicial a quienes mejor manejan el expediente… pero desde el banquillo equivocado?

Una gran cantidad de actuales miembros del poder judicial federal también repetirán y la pregunta es ¿Eso, es bueno o es malo? Por lo pronto, a votar y estar atentos del resultado y de la actuación de los jueces ahora que los ciudadanos tendremos voz y voto en el proceso de selección.