Campo de batalla en el Congreso en presentación de Ley de Ingresos de Tijuana, Mexicali y Ensenada
Mexicali, 3 de diciembre.-Quién sabe qué gesto le vio Yohana Hinojosa Gilvaja a Claudia Agatón. Porque le espetó: “No es personal, es política, y aquí hay que tener la piel gruesa”. La alcaldesa de Ensenada y los encargados de las finanzas de su municipio estaban frente a los diputados —pero de espaldas al público— durante la comparecencia ante el Congreso para presentar su proyecto de Ley de Ingresos 2025.
La legisladora del Partido del Trabajo exigía que la alcaldesa de Ensenada le explicara “el plan” para pagar los 3 mil 600 millones de pesos que la Perla del Pacífico le debe al “quebrado” Issstecali, deuda acumulada a lo largo de 12 años.
“Es imposible pagar en tres años”, reconoció la alcaldesa, quien incluso explicó que la Ley de Deuda Pública no permite a los municipios conseguir financiamiento para ese fin, porque, aun sin recargos, para saldar la deuda Ensenada tendría que pagar 15 millones de pesos mensuales durante 20 años. “Aunque dejara de pagar la nómina”, no podría saldar la deuda.
La exconductora de la televisora Primer Sistema de Noticias (PSN) y hoy diputada del Partido del Trabajo (PT) —al que renunció Agatón para ser candidata de Morena a la presidencia municipal— ya le había echado en cara a su excompañera de partido que haya mantenido como tesorero municipal a Vicente Maldonado, quien estuvo con Armando Ayala durante sus dos periodos —en total cinco años— y nunca entregó las aportaciones de los trabajadores al Issstecali.
“Pero le pagaron con una senaduría”, dijo uno de los ensenadenses sentado entre el público. Lo diría también una legisladora del Partido Acción Nacional (PAN). La panista Alejandrina Corral recordó que a la cuenta pública 2022 de Ensenada, a cargo de Ayala, le hicieron 50 observaciones, 22 de las cuales fueron un problema recurrente.
Claudia Agatón intentó justificar la situación de su predecesor porque en 2019 recibió un municipio con una deuda de 4,500 millones de pesos entre pasivos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el IMSS y proveedores.
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Corral le cuestionó también que Ensenada esté ofreciendo, “por primera vez”, prescribir los adeudos de ejercicios fiscales anteriores a 2019 a quienes estén dispuestos a saldar en una sola exhibición sus pagos pendientes de predial de los últimos años, con lo que se “beneficiarían más de 39 mil ciudadanos que podrán regularizar su situación patrimonial”.
La alcaldesa reviró que la intención es apoyar a las personas de escasos recursos para que se pongan al corriente. También explicó las políticas municipales que tienen por objetivo apoyar a grupos vulnerables. La diputada del PAN insistió, como ya lo había hecho con Norma Bustamante, alcaldesa de Mexicali, en que dejaran de hablar de los apoyos para quienes siempre “lloriquean” —en referencia a los más pobres— y le explicaran cuáles serían los beneficios para quienes, como ella, siempre pagan sus impuestos a tiempo y en forma.
Fue una sesión maratónica la de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Empezó poco después de las nueve de la mañana con la comparecencia de la alcaldesa de Mexicali y terminó al filo de las ocho de la noche con Ismael Burgueño, de Tijuana.
Norma Bustamante fue la más bombardeada por los diputados, básicamente del PAN, que son de Mexicali: Alejandrina Corral y Diego Echeverría. Corral empezó temprano con sus cuestionamientos a las políticas de ayuda a los más pobres, tanto que Norma Bustamante le explicó que no son precisamente quienes tienen condiciones económicas desfavorables los que no pagan.
Le informó que, en promedio, en Baja California sólo pagan el predial el 51% de quienes deberían hacerlo y que, entre los que terminan por no pagar, está un grupo importante de empresarios de Mexicali que pagan pero después se amparan —“personas muy respetables de la comunidad”, dijo— y hay que devolverles el impuesto. ¡Nombres!, pidió la gradería.
La presidenta municipal respondió que no podía dar nombres porque “después van con derechos humanos” —la Ley de Protección de Datos Personales los protege—, pero que incluso durante varios años una trasnacional se ha amparado cada año para no pagar el predial, el recurso más importante con que cuentan los municipios para atender las necesidades de la población. Bustamante resistió durante más de cuatro horas el interrogatorio. Eso desfazó todas las comparecencias.
Ismael Burgueño informó al Congreso que no está creando impuestos para el próximo año, que se actualizaron los valores catastrales para los edificios verticales —que proliferan en Tijuana— y que la ciudad que dirige consigue recaudar el 55% de lo que debería de impuesto predial y que la política impulsada desde el presupuesto está encaminada a “combatir la pobreza extrema”.
La diputada Corral, del PAN, dijo que era “muy lamentable” que “siempre me hablen de los pobres, porque a nosotros (quienes pagan sus impuestos a tiempo) no se nos regresa nada”. Burgueño fue cuestionado sobre los temas de seguridad, y ahí informó que prácticamente se duplicó el presupuesto para ello el próximo año. Recordó que no hay suficientes policías en la ciudad, pero que se está tratando de atender las necesidades con tecnología: drones, cámaras en las 144 patrullas nuevas que llegarán la próxima semana.
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El diputado Jaime Cantón solicitó al alcalde de Tijuana que precisara quiénes pagan su impuesto predial y quiénes no, porque “no debe quedar la impresión de que hay un grupo que paga impuestos y no ve beneficios”, y pidió información para no estigmatizar a los que menos tienen como deudores.
Eran casi las ocho de la noche y todos estaban cansados. Las diputadas Corral y Daylin García Ruvalcaba, esta última de Movimiento Ciudadano (MC) y quien también había estado muy incisiva en sus cuestionamientos, tenían rato de haberse ido. Esta última pidió algunas precisiones que parecían lógicas, pero la respuesta fue que le mandarían los documentos.
Hoy comparecen el resto de los alcaldes: Tecate, Rosarito, San Quintín y San Felipe. Todos presentarán ante la comisión su propuesta de Ley de Ingresos para el próximo año, que debe ser aprobada por el Congreso en una sesión plenaria.
