Buscadora exigió segundo estudio de restos óseos, y demostró que no eran de su hijo
Mexicali, 15 de julio. A la activista Irma Leyva le informaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) que habían localizado los restos óseos de su hijo Diego Alonso Hernández Leyva, desaparecido en enero del 2007, pero ella, desconfiada del trabajo de la dependencia se negó a recibirlos -aun con amenaza de multa «con derecho a cárcel»-, y un segundo estudio de genética demostró que no eran de su familiar.
La integrante del Colectivo Madres Unidas y Fuertes explicó que recientemente, luego de casi dos años de que lo solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR), le entregaron los resultados de un segundo estudio, los cuales se canalizaron a la FGE; el análisis confirma que esos restos no son de su hijo pues la coincidencia de ADN es cero contra 99 por ciento que reportaron las pruebas de la FGE.
«Yo siempre desconfíe de lo que hizo la Fiscalía Estatal, ahora me dan la razón en este segundo estudio», dijo al referirse a los estudios que le entregaron.
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En septiembre del 2022, el entonces fiscal general del estado, Ricardo Carpio Sánchez, le informó a Irma Leyva la noticia que los restos localizados meses anteriores en el canal Tulichek en Mexicali sí correspondían a su hijo, quien fue agente de la desaparecida Policía Ministerial del Estado (PME).
Inclusive la gobernadora Marina del Pilar Ávila vía zoom se comunicó con la activista y desde la Fiscalía del Estado le pidieron que recogiera los restos, pero ella se negó y dijo que esperaría por un segundo estudio porque siempre ha desconfiado de lo que hace la Fiscalía Estatal.
La activista denunció que ante la negativa de recogerlos por su desconfianza en la FGE querían sancionarla: «me querían hasta multar y me negué, ahora me dan la razón los estudios de genética que me acaban de entregar», refirió.
«El segundo estudio nada tiene que ver, no coincide para nada; no sé de quién son esos huesos», afirmó y acusó que cuando le notificaron del hallazgo le advirtieron que «si en 15 días, 30 días de salario mínimo o derecho a cárcel si no recoge los huesos».
