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Analiza la Suprema Corte si anula la ciudadanía por nacimiento en EU

Por: Jim Cason y David Brooks / La Jornada

Washington y Nueva York. Los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos mostraron escepticismo sobre el intento del presidente Donald Trump de anular el derecho garantizado por la Constitución de que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de Estados Unidos y, bajo el consenso judicial de más de un siglo, sin importar si los padres están en este país de manera indocumentada. No se espera un fallo hasta fines de junio o julio.

Otorgar ciudadanía por nacimiento ha sido automático por más de 140 años. Tres tribunales regionales ya han emitido órdenes nacionales bloqueando la implementación de una orden ejecutiva emitida por Trump en su primer día como presidente, la cual busca prohibir que se otorguen documentos oficiales confirmando la ciudadanía de cualquier niño nacido en territorio estadunidense con padres indocumentados o que estaban en el país de manera temporal y no eran ciudadanos.

En la audiencia de ayer ante la Suprema Corte, varios de los jueces expresaron que la Constitución establece claramente que cualquier niño nacido en Estados Unidos es ciudadano estadunidense. El abogado representando al gobierno de Trump, tal vez al reconocer que no podría argumentar lo contrario, evitó abordar la constitucionalidad de la orden ejecutivo, y se dedicó a solicitar que el tribunal supremo bloqueara órdenes nacionales emitidas por tribunales regionales y emita un fallo declarando que esas órdenes se deben limitar sólo a las regiones sobre las cuales presiden esos tribunales.

El gobierno de Trump, apoyado por abogados en algunos estados conservadores, argumenta que no se le debe permitir a un sólo juez federal emitir una orden que se aplica a todo el país.

Tribunales inferiores están tomando decisiones inmediatas que ignoran el principio fundamental de la 14 Enmienda de la Constitución, sostuvo el fiscal general de la nación John Sauer, en los argumentos presentados ante los magistrados.

El presidente de la Suprema Corte y muchos de la mayoría conservadora parecieron simpatizar con el argumento de limitar la aplicación de fallos de tribunales regionales, pero togados liberales indicaron que si no hay una orden nacional, implicará que sólo los bebés nacido en determinados estados serían ciudadanos, y ello detonará miles de demandas legales.

Un fallo de no permitir que los tribunales regionales puedan emitir órdenes nacionales tendría consecuencias más allá del asunto del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Jueces federales regionales han emitido 17 órdenes contra acciones y órdenes del gobierno de Trump que abarcan temas diversos, incluso si el Poder Ejecutivo tiene la obligación de gastar fondos a fin de anular la protección temporal que evitaba la deportación de venezolanos sin documentos.

La cuestión clave de ayer fue sobre el lenguaje de la 14 Enmienda de la Constitución: Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadano de Estados Unidos y de los estados en donde reside. Ningún estado debe elaborar o hacer cumplir cualquier ley que dañe los privilegios o inmunidades de ciudadanos de Estados Unidos, ni ningún estado puede privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin un proceso debido de ley ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de las leyes.

El gobierno de Trump argumenta que el contexto histórico de esta enmienda de 1868 estaba dedicada a otorgar ciudadanía a los ex esclavos que fueron liberados a la conclusión de la Guerra Civil.

El fiscal John Sauer declaró ayer que esa enmienda se trataba de dar ciudadanía a los hijos de esclavos, no a los hijos de indocumentados, quienes realmente no eran una clase directa en ese tiempo.

Trump no dejó duda sobre su posición, comentando en medios sociales que el derecho a la ciudadanía por nacimiento no fue dedicado a personas de vacaciones para volverse ciudadanos de Estados Unidos de América, y traer a sus familias con ellos, todo el tiempo riéndose de qué tan tontos somos nosotros.

Lo que durante décadas fue un argumento marginal y considerado extremista y racista a favor de anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento, con el gobierno de Trump se vuelve una propuesta política central que ocupa la atención nacional del máximo tribunal.

Las consecuencias de anular el derecho a la ciudadanía de hijos de indocumentados bajo la orden ejecutiva tendría el efecto opuesto de lo que busca lograr, ya que incrementaría la población indocumentada por 2.7 millones para 2045 y por 5.4 millones personas para 2075, según proyecciones del Migration Policy Institute, con sede en Washington.

Por los próximos 50 años, un promedio de 255 mil niños nacidos en Estados Unidos cada año comenzarían sus vidas sin ciudadanía estadunidense, por tener padres indocumentados (https://www.migrationpolicy.org/news/birthright-citizenship-repeal-projections).

Por otro lado, la incesante ofensiva antimigrante del gobierno de Trump continúa por varios frentes. El Departamento de Seguridad Interna está solicitando 20 mil tropas de la Guardia Nacional, reportó ayer The New York Times. Si es aprobado, sería la primera vez que la Guardia Nacional es empleada en operaciones de captura de migrantes en Estados Unidos. El Pentágono está evaluando la solicitud, y se supone que el propósito es sumar esas fuerzas para cumplir con las deportaciones masivas sin precedente prometidas por el mandatario republicano.

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