Acuerdan en Congreso de BC plazo para analizar juicio político contra Miriam Cano
Mexicali, 1 de abril. La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional del Congreso del Estado aprobó la solicitud de prórroga de plazo legal para dictaminar si es procedente el juicio político contra la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, promovido por un grupo de habitantes de ese municipio.
El Congreso del Estado informó en un comunicado de prensa que el objetivo de la prórroga -cuya solicitud se presentó por 17 sanquintinenses el 10 de febrero pasado- es garantizar que la determinación «que eventualmente adopte» la comisión -presidida por la diputada morenista Dunnia Montserrat Murillo López- «se encuentre soportada en una valoración objetiva y racional del material probatorio».
También pretende asegurar que exista «una correcta argumentación jurídica de los hechos denunciados dentro de las hipótesis normativas previstas en la legislación», a fin de evitar resoluciones precipitadas que puedan comprometer la validez del procedimiento, o vulnerar derechos fundamentales de las partes involucradas.
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Según el boletín de prensa, al asumir el acuerdo de prorrogar el plazo, legal, las diputaciones integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional tomaron en cuenta la complejidad y trascendencia constitucional de la solicitud de juicio político contra Miriam Cano, «la sensibilidad de lo que habrá de resolverse, la extensión de los hechos denunciados y el caudal probatorio aportado, tanto en la denuncia original como en su ampliación».
Además se consideró que debe realizarse un análisis exhaustivo, integral y sistemático que permita emitir un dictamen debidamente fundado, motivado y congruente con los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso parlamentario.
Sin precisar fecha, indicó que la prórroga será por el término máximo que establece la legislación de la materia, y se dará cuenta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que por su conducto sea sometida a consideración del Pleno del Congreso del Estado.
Al respecto, la diputada Montserrat Murillo enfatizó que un juicio político «no es cualquier trámite, sino el instrumento más serio que tiene la ciudadanía para pedir cuentas a quien gobierna»; recordó que 17 personas hicieron la solicitud ante el Congreso del Estado, tanto de presentar como ratificar su denuncia, incluso posteriormente presentaron una ampliación con nuevos elementos.
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«Todo ese material tiene que estudiarse con cuidado, pieza por pieza; pedir más tiempo no es evadir nuestra responsabilidad, es exactamente lo contrario: es tomarnos en serio el trabajo que la ley nos encomienda para que el dictamen que emitamos esté bien hecho, bien fundado y resista cualquier revisión», enfatizó la legisladora.
El 10 de febrero pasado, un grupo de 17 sanquitinenses presentó la denuncia de juicio político contra Miriam Cano, y el 11 de marzo siguiente solicitó una ampliación de la denuncia, para aportar una serie de precisiones que incrementaron sustancialmente el volumen del material sujeto a estudio, análisis y dictaminación por parte de esta Comisión, indicó.
Entre los señalamientos contra la titular del primer Ayuntamiento de San Quintín incluyen la falta de resultados como gobierno, rezago de servicios públicos y la falta de resultados en las investigaciones realizadas en las cuentas públicas de gobiernos anteriores, en las que se encontraron irregularidades.
Como parte de las exigencias, habitantes de San Quintín han bloqueado la carretera Transpeninsular para demandar la renuncia de Miriam Cano, y también han tomado las oficinas del gobierno municipal para ejercer presión.
En la sesión de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional también participaron la diputada Evelyn Sánchez y los legisladores Juan Manuel Molina y Jaime Cantón, así como los directores de la Consultoría Legislativa, Israel Ceseña, y de Procesos Parlamentarios, Javier Sánchez, y el representante de la Secretaría General de Gobierno, Luis Alonso López.
