Washington cambia de objetivo: ahora va por el dinero que mantiene vivos a los cárteles
Durante años, los anuncios del gobierno de Estados Unidos tenían un patrón: sanciones contra capos, jefes de plaza o traficantes de droga. Esta vez la fotografía es distinta. El protagonista del comunicado del Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, no es un pistolero, sino una red de empresarios, transportistas, compañías de logística, una casa de cambio y empresas señaladas por presuntamente sostener las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ahí está el verdadero cambio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya no está enfocando únicamente sus recursos en quien dispara un arma. Ahora busca desmantelar la estructura empresarial que permite a los cárteles mover combustible, abrir empresas, cruzar mercancías, lavar dinero y convertir el delito en un negocio rentable.
Por eso el llamado huachicol fiscal dejó de ser, para Donald Trump y su administración, un simple fraude contra Pemex o el fisco mexicano. Bajo las órdenes ejecutivas 13224 y 14059, Washington lo coloca en el terreno del financiamiento de una organización terrorista extranjera.
No es un cambio menor. Congelar activos, cerrar el acceso al sistema financiero estadounidense y aislar comercialmente a empresas vinculadas con estas redes puede resultar más devastador que capturar a un operador criminal.
La señal también llega a México. El robo de combustibles dejó de ser un expediente exclusivo de Pemex, del SAT o de la Fiscalía General de la República. Ahora forma parte de la agenda bilateral de seguridad, la misma mesa donde se discuten el T-MEC, el tráfico de fentanilo, las aduanas y el crimen organizado.
Washington parece haber decidido que, para derrotar a los cárteles, primero hay que dejar de financiar su negocio.
PIEZAS SUELTAS
La cláusula que mantiene al T-MEC bajo presión
Este miércoles inicia formalmente la revisión del T-MEC y conviene entender qué está en juego. La llamada cláusula de revisión establece que, a los seis años de la entrada en vigor del tratado, México, Estados Unidos y Canadá deben decidir si desean extender su vigencia otros 16 años. Si los tres gobiernos están de acuerdo, el acuerdo se renueva automáticamente. Si no hay consenso, el T-MEC no desaparece ni Estados Unidos se retira de él: simplemente entra en un periodo de revisiones anuales hasta 2036, fecha en que concluiría su vigencia original si nunca se alcanza un acuerdo para extenderlo.
Ahí está la apuesta de Donald Trump. Mantener esa revisión abierta le permite conservar una palanca de presión constante sobre México y Canadá. El tratado sigue vivo, sí, pero deja de ofrecer la certidumbre de antes. En otras palabras, el T-MEC deja de ser un contrato con piloto automático y se convierte en una negociación permanente.
La ciudadanía por nacimiento entra a una nueva etapa
La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no eliminó la ciudadanía por nacimiento, pero sí fortaleció la capacidad de la administración de Donald Trump para seguir litigando y aplicando su estrategia migratoria en distintos frentes. La reacción de la Casa Blanca fue inmediata: endurecerá las medidas para impedir el ingreso irregular de mujeres embarazadas cuyo objetivo sea que sus hijos nazcan en territorio estadounidense y obtengan la ciudadanía.
Más allá del debate jurídico, el mensaje político es claro. Washington quiere cerrar cualquier resquicio que considere un incentivo para la migración irregular. Para México y el resto de América Latina, este es otro recordatorio de que la política migratoria estadounidense ya no se limita al control de la frontera; ahora también busca redefinir quién puede acceder, en los hechos, a uno de los derechos más emblemáticos de Estados Unidos.
