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Opinión

Todos los derechos para todas las personas LGBTT+

Por: Mariana Bermúdez

El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a la homosexualidad como trastorno mental de su Clasificación Internacional de Enfermedades. Con esta base, en 2004 la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró el 17 de mayo como Día Internacional contra la LGBTTTIA+fobia.

Aunque esto significó un avance en el reconocimiento de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis, intersexuales, asexuales o con otra orientación sexual y/o identidad de género no heteronormativa (LGBTTTIA+) y sus derechos, en el imaginario de las sociedades y las instituciones aún permanece la idea de que no deben gozar de sus derechos humanos, como el acceso a la salud, la educación, un trabajo y vivienda dignas, una familia, una alimentación adecuada, una vida libre de discriminación y violencia, a la vida misma.

En 1948, pese al exterminio de personas homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial, la OMS incluyó a la homosexualidad como trastorno mental en su primera Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-6).

Como resultado, personas LGBTTTIA+ sufrieron tratos indignos desde la medicina occidental hegemónica motivados por el odio hacia lo diverso, los cuales fueron permitidos tanto por los estados-nación como por las sociedades. Estos tratos indignos han cobrado millones de vidas hasta hoy a través de prácticas discriminatorias, como las “terapias de conversión”, que son actos de tortura física y sicológica promovidos por grupos que rechazan la existencia de la diversidad sexogenérica; las violaciones “correctivas”, de las que mujeres lesbianas y bisexuales han sido víctimas; la mutilación genital que sufren las personas intersexuales a días de nacidas; la inacción global ante la aparición del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en 1981, y su avance a etapa de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida, por ser estigmatizado como exclusivo de hombres homosexuales), entre otras.

Estas son ideas que urge desmontar para reaprender. En la historia reciente de México hay episodios que muestran la normalización de las violencias dirigidas a personas LGBTTTIA+: las agresiones y/o desapariciones de mujeres trans durante la guerra sucia, entre 1965 y 1990; las desapariciones de personas LGBTTTIA+ debido a la guerra contra el narcotráfico, iniciada en 2007 y con efectos que perduran hasta ahora; el recrudecimiento de las violencias de género en los últimos años, que ha dejado miles de feminicidios y transfeminicidios en todo el país.

Esta normalización de las violencias, en el contexto de crisis civilizatoria en que nos encontramos, está siendo aprovechada por grupos de ultraderecha y antiderechos que continúan fomentando discursos de odio y motivando el aumento de crímenes con esta índole.

Estructuralmente, el racismo, el clasismo, el machismo y la misoginia dificultan aún más que personas LGBTTTIA+ en contextos de desigualdad social gocen de sus derechos. Lejos de esto, les sitúa en condiciones de vulnerabilidad ante consumos problemáticos de sustancias, infecciones de transmisión sexual, ideación suicida, limitaciones para un desarrollo humano digno, siendo víctimas de actos de discriminación y criminalización.

Los movimientos sociales de personas LGBTTTIA+ en México comenzaron en 1975 y han combatido cualquier acto de LGBTTTIA+fobia, exigiendo al Estado su obligación de garantizar los derechos humanos de esta comunidad, logrando avances significativos.

Por ejemplo, en 2003 se estableció el acceso universal al tratamiento antirretroviral para VIH; en 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó constitucional tanto el matrimonio igualitario y la adopción homoparental; en 2014 se aprobó en la Ciudad de México la Ley de Identidad de Género, que reconoce y legitima a las personas trans; aunque en el país el transfeminicidio no está tipificado como delito, en 2022 se dictó la primera sentencia con perspectiva de género por el asesinato de una mujer trans, sentando así un precedente en el acceso a la justicia y el reconocimiento de los transfeminicidios.

Alcanzar la justicia y la reparación de los daños ocasionados por el desconocimiento de las personas LGBTTTIA+ desde el Estado, sensibilizar a las instituciones y reducar a las sociedades para lograr el respeto a las diversidades sexuales y de género, es una tarea desafiante y extenuante. Aun así, la esperanza, la solidaridad y la empatía devuelven el aliento a los movimientos sociales de personas LGBTTTIA+ y aliadas y alimentan los deseos de construir ese otro mundo posible, en donde todas las personas LGBTTTIA+ gocen de todos sus derechos, donde niñeces y juventudes abracen su orientación sexual e identidad de género sin temor a sufrir discriminación o violencia; en donde no se les despoje de sus afectos ni del placer; en donde no haya más crímenes motivados por el odio; en donde la diversidad sea sinónimo de fortaleza.

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