T-MEC bajo advertencia: Washington endurece vigilancia laboral mientras Trump lo pone en duda
El gobierno de Estados Unidos formalizó esta semana un giro relevante en la relación laboral con México: destinó más de 23 millones de dólares para financiar, desde Washington, el fortalecimiento de la aplicación de la legislación laboral mexicana en sectores clave del T-MEC.
El anuncio no es un programa de cooperación ni asistencia técnica convencional, sino una señal explícita de desconfianza hacia la capacidad del Estado mexicano para hacer cumplir los compromisos laborales que firmó y una advertencia más de Donald Trump de que el capítulo laboral del Tratado será utilizado como instrumento de presión comercial.
Desde la entrada en vigor del T-MEC entre Estados Unidos, México y Canadá, el capítulo laboral fue presentado como uno de los grandes avances del nuevo marco comercial de América del Norte. Libertad sindical, negociación colectiva auténtica y erradicación de contratos de protección fueron los compromisos centrales.
Cuatro años después, Washington parece haber llegado a una conclusión incómoda: las reformas existen, pero su aplicación no garantiza un “piso parejo” para las empresas estadounidenses. Y ese diagnóstico explica el viraje: menos diplomacia, más supervisión.
Dinero externo para un problema interno…
Los recursos anunciados serán administrados por la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales, una dependencia cuyo mandato no es proteger a los trabajadores mexicanos, sino defender salarios y empleos en Estados Unidos frente a prácticas laborales extranjeras que distorsionen la competencia. Su lema es “America First”.
El dinero será canalizado a dos organizaciones con sede en Washington: 1. Partners of the Americas, con 15.4 millones de dólares. 2. Creative Associates International, con 8 millones de dólares.
Ambas organizaciones operarán en México en coordinación con autoridades, empresas y trabajadores. En términos prácticos, se trata de un esquema de vigilancia laboral financiado desde el exterior, diseñado para documentar incumplimientos y acelerar mecanismos de sanción.
Según lo que se lee en el comunicado del Departamento del Trabajo, el lenguaje oficial es revelador: el programa busca combatir prácticas que “reducen salarios”, “distorsionan la competencia” y otorgan “ventajas comerciales injustas”. No es un enfoque de derechos laborales como fin último, sino de corrección de asimetrías productivas.
Para Washington, mientras una parte de la manufactura mexicana funcione con costos laborales artificialmente bajos, el libre comercio se convierte en competencia desleal. Y esa distorsión —sostienen— se paga con empleos perdidos en Estados Unidos.
Mecanismo de Respuesta Rápida: la pieza que aprieta
El centro operativo del anuncio es el Mecanismo de Respuesta Rápida (RRM) del T-MEC, que permite actuar empresa por empresa, sin necesidad de escalar a disputas entre Estados.
Sus efectos son concretos:
• Investigaciones exprés.
• Suspensión de beneficios arancelarios.
• Retención de exportaciones en frontera.
• Daño reputacional inmediato.
Con estos fondos, Estados Unidos reduce los costos políticos y técnicos de activar el mecanismo, lo que anticipa un uso más frecuente y menos excepcional.
Trump lo dice sin rodeos: el T-MEC es prescindible
Este endurecimiento laboral no puede leerse al margen del mensaje político que envió Donald Trump este martes. Durante un recorrido por una planta de Ford Motor en Dearborn, antes de un discurso económico en Detroit, el mandatario fue explícito:
“El T-MEC no tiene ninguna ventaja real. Es irrelevante”, afirmó.
“A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan”. Y fue más
lejos: “No necesitamos coches fabricados en Canadá. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.
Las declaraciones no son retórica aislada. Se producen justo cuando el acuerdo, vigente desde 2020, entra este año en su proceso de revisión, en el que se decidirá si se deja expirar o se negocia un nuevo marco. El tratado, cabe recordarlo, sustituyó al TLCAN y fue negociado durante el primer mandato del propio Trump.
La lectura política nos infiere de una forzada disciplina laboral mientras se vacía el tratado. Aquí está la paradoja central. Mientras Trump minimiza públicamente la relevancia del T-MEC y presiona para repatriar la manufactura, su gobierno activa y fortalece las herramientas más duras del propio tratado para disciplinar a sus socios.
Entonces, el mensaje se vuelve doble: Primero, que el T-MEC no es un fin en sí mismo. Y, segundo, que se trata de un instrumento transitorio que sirve mientras ordena el terreno y corrige asimetrías.
México, en ese esquema, no es socio estratégico sino variable de ajuste.
En este campo, nuestro país no puede alegar sorpresa. El T-MEC, desde su origen, fue firmado con estas cláusulas y estos mecanismos. La supervisión externa y las sanciones no violan el acuerdo: lo ejecutan.
Así es como este anuncio confirma que el capítulo laboral dejó de ser un compromiso declarativo y se convirtió en un sistema de control operativo, justo cuando el propio presidente republicano del vecino país pone en duda la permanencia del tratado.
La señal final es inquietante: cumplir ya no garantiza estabilidad, pero incumplir tiene costos inmediatos. En la revisión del T-MEC, México enfrentará un escenario más duro: disciplina laboral bajo vigilancia y un socio que ya no promete permanencia, sólo condiciones.
