Rompecabezas | Stephen Miller y la militarización de EU disfrazada de seguridad: una amenaza a los migrantes y a los mexicanos

En Memphis, Tennessee, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, volvió a mostrar su rostro más duro. Ante la presencia del secretario de Defensa Pete Hegseth y la fiscal general Pam Bondi, lanzó una frase que sintetiza la estrategia de seguridad del actual gobierno estadounidense: “Estamos enviando policías de verdad con armas… codo con codo con la ATF, la DEA, el FBI, el ICE y el Departamento de Guerra”.

No se trata de un comentario aislado. Es una declaración programática que adelanta un modelo de seguridad pública con tintes de militarización interna. Hablar del “Departamento de Guerra” en un contexto de seguridad ciudadana es instalar la idea de que ciertos sectores de la población representan una amenaza equivalente a la de un enemigo externo. Y en ese esquema, los migrantes —entre ellos millones de mexicanos— aparecen como el blanco más vulnerable.

La seguridad pública en Estados Unidos tiene un marco constitucional claro. Sin embargo, el lenguaje de Miller desplaza esa frontera hacia un terreno de excepción: policías y militares como un solo bloque, operando en barrios urbanos como si fueran zonas de guerra.

Este modelo contradice principios básicos de derechos humanos consagrados en tratados internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos limitan el uso de la fuerza militar en contextos civiles y obligan a los Estados a garantizar que ninguna política de seguridad sea discriminatoria. La frase de Miller no es retórica; es una amenaza de que la militarización puede convertirse en norma sin que medie declaración formal de emergencia.

Mexicanos en la línea de fuego

Para los más de 12 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, el anuncio de Miller en Memphis significa tres cosas:

1. Mayor riesgo de detenciones arbitrarias. La coordinación entre agencias como ICE y fuerzas federales multiplica las posibilidades de arrestos sin debido proceso.

2. Estigmatización creciente. Asociar migración con criminalidad alimenta prejuicios y legitima la persecución.

3. Inseguridad social y familiar. El miedo inhibe denuncias de abusos laborales, rompe comunidades y refuerza la vulnerabilidad económica.

En términos jurídicos, estas prácticas vulneran la Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, que prohíbe expresamente cualquier trato degradante hacia migrantes, sin importar su estatus migratorio.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su compromiso de proteger a los connacionales. El canciller Juan Ramón de la Fuente ha señalado que la prioridad es reforzar la red consular, ampliar la asesoría legal y asegurar que ningún mexicano quede sin protección jurídica.

Aunque es un paso necesario, resulta insuficiente frente a la magnitud del riesgo. México tiene obligaciones internacionales y herramientas diplomáticas que debe utilizar: acudir a los mecanismos de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité CERD; solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en casos de redadas o detenciones masivas; llevar el tema a la agenda bilateral y comercial: la criminalización de migrantes afecta no sólo derechos humanos, sino también sectores económicos en los que la mano de obra mexicana es indispensable.

Mientras Washington combina un discurso bélico con un despliegue armado, México responde con declaraciones diplomáticas y ventanillas consulares. La asimetría es evidente. Si lo dicho en Memphis, por uno de los asesores de mayor ascendencia en el presidente Trump se convierte en política nacional, los consulados mexicanos serán rebasados por la magnitud de la persecución.

La relación bilateral no puede ni debe limitarse a la cooperación comercial o en seguridad fronteriza. Proteger a los migrantes debe colocarse en el centro de la agenda, no como un tema secundario o de trámite, sino como un asunto de derechos fundamentales.

Las palabras de Stephen Miller deben entenderse como una alerta: no es sólo un mensaje de mano dura, es la construcción de un marco político que criminaliza a los migrantes y que amenaza con normalizar la militarización en las calles.

México no puede resignarse a jugar a la defensiva. Tiene el deber, en virtud de los tratados que ha firmado, de alzar la voz en todos los foros posibles. La protección consular es necesaria, pero no suficiente. Lo que está en juego es el derecho de millones de mexicanos a no ser tratados como enemigos dentro del país en el que viven y trabajan.

monique.duran@outlook.com