Rompecabezas | Donald Trump y su “nueva” ofensiva antinarcóticos en Latinoamérica
Donald J. Trump vuelve a situar a América Latina en el centro de su discurso de fuerza. En una nueva muestra de su estilo unilateral, calificó al mandatario colombiano Gustavo Petro como “líder del narcotráfico” y amenazó con suspender la ayuda a Bogotá, imponer aranceles y emprender medidas unilaterales si el gobierno colombiano no desmantela “campos de exterminio” vinculados a la droga… Esto se suma a las amenazas al venezolano Nicolás Maduro.
La declaración, difundida a través de su red social TruthSocial, no sólo intensifica la tensión con uno de los principales aliados históricos de Washington en la región, sino que amplía una campaña militar y política que comenzó con ataques a embarcaciones sospechosas en el Caribe y ahora apunta a gobiernos enteros. Con Colombia en la mira, Trump busca proyectar nuevamente el mensaje de que Estados Unidos está dispuesto a actuar sin consentimiento ni coordinación regional, reeditando la vieja doctrina del “garrote” con un lenguaje de redes y propaganda electoral.
Colombia ha sido durante décadas el modelo de cooperación en materia antidrogas. La Iniciativa Plan Colombia, respaldada por Washington desde los años 2000, canalizó miles de millones de dólares en asistencia militar y policial, con resultados discutibles: una reducción parcial de cultivos ilícitos, pero también una escalada de violencia, desplazamientos masivos y graves violaciones a derechos humanos.
Que Trump decida atacar públicamente a un gobierno que fue socio estratégico en esa política marca un quiebre simbólico: en adelante, ningún aliado está exento de convertirse en adversario. Las advertencias a Petro operan como una señal de “disciplinamiento” hacia los gobiernos progresistas de la región y anticipan una política exterior estadounidense más coercitiva, sustentada en la amenaza económica y militar.
Ecos inmediatos para México
Para México, el mensaje tiene un peso particular. Si bien la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene un discurso de cooperación con respeto a la soberanía, el antecedente es claro: Trump ya cumplió la promesa -lanzada desde su primer mandato-, de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitiría justificar intervenciones directas en territorio mexicano.
La nueva ofensiva contra Colombia recuerda que cualquier país latinoamericano puede ser objeto de presión si no se ajusta al guion de Washington. Y México, por su ubicación geográfica y su papel en el tráfico de fentanilo, aparece siempre en el centro del tablero.
El desafío para el gobierno mexicano será sostener una política de colaboración técnica sin subordinación política, reforzando su capacidad de investigación y control interno para que la narrativa estadounidense no derive, otra vez, en la tentación del intervencionismo.
La relación bilateral en materia de seguridad atraviesa una fase de redefinición. La llamada Iniciativa Bicentenario, sucesora de la Iniciativa Mérida, busca equilibrar la cooperación antinarcóticos con un enfoque de desarrollo social y control de armas. Sin embargo, la retórica de Trump podría debilitar ese marco si regresa al poder.
La experiencia demuestra que la “guerra contra las drogas” suele transformarse en una guerra contra los países donde se libra. América Latina ha pagado los costos sociales y humanos de esa estrategia, mientras el consumo y el lavado de dinero continúan en el norte. La promesa de “presionar a Maduro hasta hacerlo miserable” y las amenazas a Petro reeditan esa lógica, en la que el combate al narcotráfico se confunde con la disputa por el poder político regional.
México deberá fortalecer su capacidad diplomática y narrativa para no quedar atrapado en esa dinámica: presentar resultados verificables, sí, pero también defender el principio de no intervención y el respeto a su soberanía.
La lección de fondo
La ofensiva de Trump confirma que la seguridad y la política exterior se han vuelto instrumentos de campaña. Cada declaración busca impacto mediático y rédito electoral interno más que eficacia real en la lucha contra las drogas.
Para los países latinoamericanos, el riesgo no está sólo en las sanciones o los aranceles, sino en ceder la definición del enemigo y los métodos de combate. La historia regional demuestra que cuando Estados Unidos asume el papel de juez y gendarme, los daños colaterales recaen sobre las sociedades locales.
Frente a ello, México necesita articular una posición clara: cooperación sí, subordinación no. Y, sobre todo, exigir que la lucha común contra el narcotráfico se fundamente en la legalidad internacional, no en la política del castigo selectivo.
El conflicto verbal entre Trump y Petro trasciende lo bilateral. Marca el inicio de una nueva etapa de confrontación donde la retórica antidrogas sirve de pretexto para restaurar el control político y económico de Washington en la región.
México debe mirar con atención ese precedente. Lo que hoy ocurre en Bogotá puede anticipar las presiones del mañana en México. En la geopolítica del poder estadounidense, los aliados suelen serlo hasta que dejan de obedecer.
