Rompecabezas | Aranceles, sanciones y cielos cerrados: señales de presión sobre México
El informe más reciente de la consultora Deloitte advierte que los nuevos aranceles impulsados por Donald Trump podrían encarecer hasta 40 por ciento los costos energéticos e interrumpir las cadenas de suministro regionales. Mientras tanto, Washington revoca rutas aéreas mexicanas y endurece la supervisión bilateral. En este escenario, la postergación anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece un respiro temporal, pero no altera el fondo del problema: la vulnerabilidad estructural de la economía mexicana frente al proteccionismo de su principal socio.
El reporte publicado por Deloitte y difundido por la agencia Reuters, marca un punto de inflexión en la lectura económica de la relación México–Estados Unidos. De acuerdo con la consultora, los amplios aranceles establecidos por Donald Trump, que oscilan entre 10 y 50 por ciento, incrementarán los costos operativos, afectarán la inversión y pondrán en riesgo la estabilidad de la cadena de suministro del sector energético a partir de 2026.
El documento detalla que los aranceles sobre materiales críticos —acero, aluminio y cobre— podrían elevar los costos de insumos entre 4 y 40 por ciento, lo que impactaría directamente en los márgenes de ganancia de la industria del petróleo y el gas.
Para México, ese escenario representa una amenaza de gran alcance: la estructura de costos en energía, manufactura y logística está íntimamente ligada a la disponibilidad de materiales estadounidenses.
Una tregua frágil
Apenas unos días antes de la publicación del informe, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el mandatario estadounidense le había comunicado su decisión de posponer la aplicación de aranceles a productos mexicanos.
El gesto, sin embargo, parece responder más a un cálculo político de corto plazo que a un compromiso de largo aliento.
El documento de Deloitte confirma que las medidas proteccionistas están diseñadas para reconfigurar el equilibrio industrial de Norteamérica, no para desaparecer.
En la práctica, la postergación de los aranceles no implica una corrección de fondo: el entorno de incertidumbre ya está afectando las decisiones de inversión y las proyecciones de crecimiento.
México enfrenta un dilema que trasciende la coyuntura. Su política de soberanía energética convive con una alta dependencia tecnológica y material de Estados Unidos.
Plataformas de perforación, válvulas, ductos, acero especializado y compresores provienen, en su mayoría, del mercado norteamericano.
Según Deloitte, la presión inflacionaria y la incertidumbre podrían retrasar inversiones por más de 50 mil millones de dólares hacia 2026, lo que impactaría en los proyectos de exploración offshore, refinación y transporte.
La política de aranceles amplios forma parte de una estrategia de reindustrialización interna en Estados Unidos, que contradice los principios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Para México, esto representa un golpe directo al discurso del nearshoring, la relocalización de plantas manufactureras hacia su territorio.
Si los costos energéticos y logísticos aumentan, el atractivo del país como destino de inversión se reduce. La incertidumbre regulatoria y las tensiones comerciales podrían provocar que las empresas prioricen resiliencia sobre ahorro, es decir, producir dentro de Estados Unidos o en países no sujetos a aranceles.
La disputa aérea: nueva forma de sanción
En medio de esta coyuntura, Washington abrió un nuevo frente.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció la revocación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y la suspensión de vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
La medida afecta a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, y se justifica bajo el argumento de que México “violó el acuerdo bilateral de aviación” al cancelar y congelar vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, fue contundente: “Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiéndoles cuentas.”
La decisión tiene un claro trasfondo político. Se trata de una sanción administrativa con impacto económico, que limita la conectividad y el intercambio comercial entre ambos países, justo en un momento en que las exportaciones mexicanas dependen cada vez más del transporte aéreo de alta precisión y de la carga vinculada a manufactura.
Los aranceles, las sanciones aéreas y la incertidumbre regulatoria componen un escenario que rebasa la retórica de buena voluntad.
Aunque la postergación de los aranceles otorga un margen de respiro, la tendencia apunta hacia una mayor volatilidad en los sectores energético, manufacturero y logístico.
México enfrenta el reto de sostener su crecimiento en un entorno donde la integración económica con Estados Unidos ya no garantiza estabilidad, sino que se convierte en un espacio de negociación permanente.
