Regreso a clases: salud y poder / Hugo Aboites*
En 2012 los maestros se vieron obligados a iniciar una larga lucha de resistencia contra un gobierno federal (el de Peña Nieto) que, con el pretexto de la calidad de la educación, imponía una evaluación que llevaría al despido de cientos de maestros, miles quizá. Y repitiendo puntualmente una vieja historia, las fuerzas armadas federales coordinadas por la Secretaría de Educación (Nuño) reprimieron salvajemente a los profesores en calles y plazas, centros de evaluación, Ayotzinapa y Nochixtlán. Y se provocó una crisis: decenas de miles de estudiantes y cientos de miles de maestros salieron a las calles, el país se llenó del aire de rebelión y López Obrador obtuvo una avalancha de votos.
Hoy, otra vez, crece el diferendo maestros-gobierno. Es una situación álgida, pero distinta a la de hace una década. En primer lugar, porque hoy la preocupación de las y los profesores y estudiantes ya no es sólo la insatisfacción de sus demandas (ser considerados trabajadores de pleno derecho y acceso real a la educación gratuita), sino algo aún más elemental: el derecho a la salud y a la vida, el propio, pero especialmente el de las niñas, niños y adolescentes. Con la nueva variante del Covid-19 son ellos quienes han sido colocados en la primera línea de un duro enfrentamiento (apenas anteayer, 20 mil contagios, casi mil fallecimientos).
En Estados Unidos, por ejemplo, el crecimiento del contagio por la variante delta es preocupante: de junio a agosto el número de menores enfermos pasó de 8 mil a cerca de 90 mil, y sin escuelas abiertas.
Preocupación en México, en segundo lugar, no sólo de los maestros, sino de padres y comunidades. Porque a partir de pasado mañana, se estará presionando a que decenas de millones de niñas y niños (y adolescentes) se junten en escuelas y aulas (y, muchos, viajen atiborrados en el transporte público), y luego, por la tarde, se distribuyan a todos los rincones de ciudades, poblados y hogares de la nación. Más de 30 millones, cada día, en este ir y venir durante semanas y meses. Es decir, las condiciones ideales para una tormenta epidemiológica –y ¡emocional!– perfecta, de contagios múltiples y reiterados prácticamente cada día.
En tercer lugar, sólo se verán afectados menores y adolescentes; la población de estudiantes y profesores de nivel universitario y superior, pese a que pronto la mayoría estará vacunada, seguirá en casa. Así, la prisa y la verticalidad abrieron un flanco enorme a la decisión, pues hicieron que la población más vulnerable –la no vacunada, la más susceptible a la variante delta y la de menor edad y que requiere mayor cuidado– será la más expuesta. Y sí, comienzan a darse presiones para que el IPN, la UNAM, UAM y otras se sumen al designio presidencial habrá que ver la respuesta de estudiantes y trabajadores.
En cuarto lugar, la postura de los maestros (y sectores de estudiantes y académicos) no está siendo la de sentarse a ver qué ocurre. No pocos están desde antes con enojo por el insuficiente alcance que tuvo la respuesta a la reforma de Peña Nieto –y el carácter incluso regresivo que tuvo en algunos aspectos– y, además, ya se han echado a andar los protocolos de reuniones y planes de acción nacionales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La primera acción fue consultar a los padres de familia, y a través de ellos, a comunidades y barrios. Y el resultado es de primera importancia porque aunque no se les quiera considerar representativas, más de 60 mil respuestas son un indicador muy importante: 51.4 por ciento de los padres y madres considera que no existen condiciones sanitarias en las escuelas para retornar a clases; 90.5 por ciento piensa que hay un riesgo de contagio, y 81.7 por ciento dice no a la presencialidad. Más importante aún, la voluntad de preguntar antes de actuar, sienta un precedente político trascendental frente a una historia de siglos de verticalidad en el país.
Que las y los maestros de la CNTE en este momento establezcan este precedente en una situación crítica como la actual debería ser leído como un mensaje para el gobierno, respecto de decisiones de hoy, pero también las de apenas ayer respecto de los cambios en la Constitución y leyes secundarias sobre educación.
Y, finalmente, la postura de la SEP. No sólo retoma el tono autoritario y vertical, sino lo empeora con las respuestas a la periodista Laura Poy, de La Jornada. Continúa evadiendo (“la Ssa tiene la última palabra”, la carta-compromiso publicada no fue “la oficial”), y ya desde ahora, descalifica a los maestros (“tienen miedo”; son caprichosos, sólo llevan la contra, pues “como dice el Presidente no falta alguno que si dices blanco, ellos dicen negro”) y, finalmente, desafía: los maestros piensan que “estamos lejanos, en un escritorio y toman decisiones”, pero –añade– “…que se vengan al grupo y van a ver cómo es la realidad…”. (La Jornada 2021/08/19). Literalmente, el mundo al revés.
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