Opinión

Reformas laborales: lo aprobado, lo anunciado y lo pendiente

Por: Arturo Méndez Preciado | El arte de conversar

El año 2025 representó un punto de inflexión para el derecho laboral mexicano. No solo por la cantidad de reformas publicadas, sino por la profundidad de los cambios: ergonomía obligatoria, subordinación algorítmica reconocida legalmente, presiones salariales estructurales y un debate público que revela que el mundo del trabajo ya no puede entenderse sin una perspectiva de salud laboral. Las inercias normativas que marcaron décadas resultan insuficientes para un mercado laboral fragmentado, digitalizado y en permanente transición. Por ello, este año se convirtió en un laboratorio que anticipa la agenda jurídica de los próximos años.

La llamada “Ley Silla”, publicada el 19 de diciembre de 2024 y vigente desde el 17 de junio de 2025, modificó los artículos 132, 133, 422, 423 y 994 de la Ley Federal del Trabajo para obligar a los empleadores a proporcionar sillas con respaldo, permitir alternancia postural y documentar condiciones ergonómicas dentro del Reglamento Interior de Trabajo. Aunque pareciera un ajuste menor, la reforma obliga a reorganizar centros de trabajo, medir condiciones físicas y demostrar cumplimiento ante la autoridad. La ergonomía pasa de ser un principio de salud laboral a convertirse en una obligación legal con consecuencias económicas y sancionatorias. El desafío de 2026 será ver cómo se ajustan las empresas, cómo inspecciona la autoridad y cómo interpretan los tribunales esta nueva dimensión de las condiciones de trabajo.

También entró en vigor la regulación del trabajo en plataformas digitales. La reforma del 24 de diciembre de 2024 —vigente desde junio de 2025— añadió el Capítulo XII Bis (artículos 330-A a 330-K), reconociendo derechos laborales para repartidores y conductores que operan mediante aplicaciones. Los artículos 330-B y 330-C presumen relación laboral cuando la plataforma controla tarifas, asignación de pedidos, sanciones, desconexiones o calificaciones. Los artículos 330-G y siguientes imponen la obligación de transparentar los algoritmos, que ahora deben explicar cómo asignan viajes, determinan ingresos y clasifican conductas. Por primera vez, México reconoce jurídicamente que el algoritmo puede ser un mecanismo de subordinación y que la tecnología también debe rendir cuentas. Esta reforma será terreno fértil para litigios durante 2026.

El incremento del salario mínimo, publicado el 19 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1º de enero de 2025, estableció un aumento del 12 por ciento, elevando el mínimo general a $278.80 y el de la Zona Libre de la Frontera Norte a $419.88. Más allá del discurso político, el aumento presiona tabuladores, negociación colectiva y estructuras salariales internas. La discusión ya no gira en torno a si debe subir, sino cuánto puede subir sin generar desplazamiento laboral o informalidad, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra. La política salarial seguirá siendo un eje de tensión entre bienestar y competitividad durante 2026.

Tres reformas de alto impacto permanecieron en debate durante 2025. La reducción de la jornada a 40 horas es la más emblemática. La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en diciembre de 2024 su compromiso con la transición, pero la discusión legislativa sigue abierta. No se trata de un debate constitucional, sino de política pública y viabilidad económica. La pregunta real es si el país —especialmente las pequeñas y medianas empresas— puede absorber la transición sin deterioro económico y si el Congreso está dispuesto a asumir un costo político y presupuestal de esa magnitud.

El aumento del aguinaldo a 30 días tampoco ha avanzado más allá de iniciativas legislativas para modificar el artículo 87 de la LFT. Algunas proponen elevar directamente el mínimo legal a 30 días; otras plantean un esquema progresivo según antigüedad. Ninguna ha superado el proceso bicameral, y la ausencia de una iniciativa presidencial revela cautela fiscal. La discusión ya no se centra en la justicia de la prestación —pocos la cuestionan— sino en el impacto económico que tendría sobre empresas medianas y pequeñas y sobre el propio presupuesto público.

En el reparto de utilidades, el artículo 127 fracción VIII mantiene el tope impuesto en 2021 de tres meses de salario o el promedio de los últimos tres años. Las iniciativas para eliminar o flexibilizar ese tope crecieron durante 2024 y 2025, impulsadas por sindicatos y legisladores afines al actual gobierno. Las cámaras empresariales, por su parte, consideran el tope un mecanismo de estabilidad que permite evitar distorsiones en sectores de alta capitalización. El debate ya no es técnico, sino político: cuánta participación debe tener el trabajador en la utilidad y cuánta debe reservarse el capital para inversión futura.

Más allá de las reformas formales, hay una agenda laboral emergente que ya se está dibujando para 2026 y 2027. Se discuten ampliaciones de días de descanso obligatorio y nuevos feriados; propuestas para replantear vacaciones, despidos e indemnizaciones; esquemas de bancos de horas; fortalecimiento del teletrabajo y del derecho de desconexión; y una creciente presión para ampliar la normatividad de salud laboral hacia aspectos de salud mental, pausas activas y evaluaciones periódicas. También continúa la negociación de políticas salariales sostenibles y debates sobre productividad vinculada a bienestar. Estos temas, aunque aún no son ley, anticipan un rediseño más profundo de la organización del trabajo en México.

El 2026 será un año decisivo. La discusión formal de la jornada de 40 horas pondrá a prueba la capacidad del Congreso para equilibrar bienestar y productividad. El aguinaldo ampliado dependerá del margen fiscal, y la revisión del PTU regresará a la agenda más temprano que tarde. La Ley Silla entrará a su etapa de fiscalización, y las plataformas digitales se convertirán en uno de los nuevos campos de litigio laboral. El 2025 fue el año en que la ley comenzó a dialogar con la tecnología, la salud laboral y la justicia salarial; el 2026 será el año en que sabremos si México está dispuesto a convertir principios en práctica.

¿O usted qué opina?, se vale replicar.

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