Reformas laborales en campaña… ¿Derechos o votos?

El próximo 1 de septiembre el Congreso de la Unión iniciará un nuevo periodo ordinario de sesiones. Nueve días después, el 10 de septiembre, comenzará formalmente el proceso electoral federal 2026-2027 para renovar las 500 diputaciones. El Senado no estará en disputa, pues sus integrantes fueron electos en 2024 para un periodo de seis años; sin embargo, seguirá siendo decisivo para resolver varias reformas laborales pendientes. Ambas agendas avanzarán juntas: la legislativa y la electoral.

En ese escenario, es previsible que vuelvan a circular diversas reformas laborales. Algunas responden a necesidades reales; otras pueden convertirse fácilmente en frases de campaña. El problema es que una buena consigna no necesariamente produce una buena ley.

Se habla de seis reformas «congeladas», pero la expresión es engañosa. Algunas ya fueron aprobadas por una cámara; otras solo avanzaron en comisiones y varias continúan siendo iniciativas. Conviene distinguirlas para no presentar como inminente lo que todavía está lejos de convertirse en obligación.

Entre las más avanzadas está la desconexión digital, aprobada por Diputados y pendiente en el Senado. Extendería a todas las personas trabajadoras el derecho a no responder comunicaciones fuera de su jornada, durante descansos, vacaciones y licencias. El propósito es razonable, aunque faltará precisar excepciones, emergencias y mecanismos de prueba.

También se encuentra la prohibición del buró laboral, aprobada por el Senado y pendiente en Diputados. Busca impedir que alguien sea excluido de futuras contrataciones por haber demandado a un patrón. La protección es necesaria, pero habrá que distinguir entre antecedentes judiciales públicos, bases ilegales y auténticas prácticas discriminatorias.

Otra minuta aprobada por el Senado fortalecería las inspecciones sobre igualdad salarial entre mujeres y hombres. A ella se suma un dictamen de transparencia salarial, aprobado solamente en comisión de Diputados, que obligaría a informar remuneraciones y prestaciones en las ofertas de empleo. Ambas propuestas requerirán criterios objetivos para comparar puestos, responsabilidades y experiencia.

En una etapa menos avanzada están el permiso remunerado por luto y la regulación de la violencia laboral. El primero propone cinco días pagados por el fallecimiento de familiares cercanos. La segunda busca prevenir el acoso, hostigamiento, ciberacoso y discriminación. Son temas profundamente humanos, pero necesitan definiciones cuidadosas, procedimientos internos y garantías para todas las partes.

A este inventario se agrega el aguinaldo de 30 días. Como comentamos la semana pasada, unas iniciativas pretenden duplicarlo inmediatamente y otra propone aumentarlo gradualmente conforme a la antigüedad. Ninguna ha sido aprobada por una cámara completa. El beneficio suena justo y electoralmente atractivo, pero su costo termina en la nómina. Para un pequeño negocio puede influir en la decisión de contratar, registrar correctamente un salario o permanecer fuera de la formalidad.

Incluso los nuevos días de descanso obligatorio podrían reaparecer. Una comisión de Diputados desechó cinco iniciativas, pero nada impide presentar otras. Declarar una fecha festiva genera simpatía inmediata; calcular su costo y efecto acumulativo produce muchos menos aplausos.

Nada de esto significa que las reformas deban rechazarse por coincidir con una elección. Sería simplista descalificar cualquier derecho laboral como populismo. Pero tampoco deben analizarse aisladamente. Cada obligación puede parecer soportable por separado; el problema es su acumulación: jornada reducida, mayores prestaciones, nuevos permisos, días de descanso, controles electrónicos y sanciones más elevadas.

En un país con una informalidad laboral tan extendida, el riesgo es evidente. Si los nuevos costos recaen únicamente sobre las empresas que registran a sus trabajadores, pagan impuestos y cubren cuotas al IMSS e Infonavit, puede ampliarse la ventaja de quienes operan al margen de la ley. La paradoja sería castigar cada vez más al que cumple y hacer más atractiva la evasión. El resultado podría ser menos empleo formal, salarios registrados por debajo de los reales o contrataciones simuladas.

Por eso, una agenda laboral responsable no debería contener únicamente nuevas obligaciones. Si el Estado exige más a las empresas formales, también tendría que ofrecer incentivos para que más negocios ingresen y permanezcan en la formalidad: simplificación administrativa, incorporación gradual de microempresas, estímulos para crear empleos, capacitación, financiamiento e inversión en productividad. No se trata de disminuir derechos, sino de reducir el costo de cumplirlos y combatir la competencia desleal de la informalidad.

Una reforma seria necesita diagnóstico, impacto económico y social, reglas de transición, capacidad de inspección y evaluación posterior. Tampoco es aceptable invocar los costos para mantener abusos o negar derechos indispensables. El equilibrio exige derechos exigibles, empresas sostenibles y un Estado que no abandone toda la carga en la nómina formal.

El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo conserva una idea que se olvida con frecuencia: las normas laborales deben buscar el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, además de propiciar el trabajo digno. No se trata de escoger entre trabajadores y empresas, sino de proteger a unos sin destruir la fuente de empleo de los otros.

En el próximo periodo habrá que observar cuáles reformas regresan a las tribunas y con qué estudios, ajustes e incentivos. Cuando el calendario legislativo se mezcla con el electoral, las promesas corren más rápido que el análisis. Las fuerzas políticas buscarán votos en 2027; trabajadores y empresas vivirán durante años las consecuencias.

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