¿Qué quiere Marina del Pilar en Issstecali?
Como en el caso reciente de los servidores públicos nayaritas (Fondo de Pensiones, 2023) y los zacatecanos (IsssteZac, 2024), todos ellos bajo gobiernos de Morena, la también morenista gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pretende ahora reformar la ley de pensiones y de salud de los trabajadores públicos del estado, buscando que sean ellos mismos quienes carguen con el saneamiento de las finanzas de su institución: IsssteCali.
Sin una revisión a fondo de las causas que han conducido a una situación de quebranto financiero, la aún no presentada reforma Ávila pretende subsanar los adeudos de IsssteCali elevando cuotas y aportaciones, reduciendo aguinaldos, topando las pensiones, aumentando edades de jubilación e introduciendo umas y Afores, entre otras medidas que comunican aquellos que la han podido conocer.
Una mayoría mecánica en el Congreso local, la falta de transparencia y rendición de cuentas del gobierno estatal, así como una magra resistencia oportunista de las representaciones sindicales corporativas (burócratas y magisterio) se enfrentan directamente con las organizaciones de los trabajadores que han denunciado repetidamente que una de las principales causas del actual estado de cosas es el incumplimiento en el pago de las cuotas por los municipios, dependencias y entidades estatales.
El muy curioso documento Plan de Desarrollo Institucional 2022-2027- Baja California-IsssteCali (publicado en el Periódico Oficial del 2 de agosto pasado) contiene un deliberadamente extenso “diagnóstico” de la situación de IsssteCali que muy poco se distingue de los que gustaban elaborar los tecnócratas neoliberales y que se reduce a culpar de la insuficiencia presupuestal a un grupo de fenómenos que son presentados como inevitables e irremediables. Es el caso de la transición demográfica y epidemiológica, así como la falta de reservas y las prestaciones laborales otorgadas “sin” prever su fondeo.
De suerte tal, que después de semejante voluminoso “análisis”, la muy anunciada, aunque aún no presentada reforma Ávila aparece entonces como un suceso del todo inevitable, “doloroso, pero necesario”. Además, ese presunto Programa de Desarrollo Institucional anuncia la reforma Ávila a partir de un supuesto “diagnóstico” sin una sola valoración con las debidas estimaciones de su costo presupuestal o del uso adecuado de los recursos por IsssteCali.
Y, por supuesto que como en los antiguos tiempos priístas y panistas, los posibles afectados no aparecen ni por equivocación como posibles actores del previsible cambio y, como en aquellos antiguos tiempos, tampoco se prevén ningún tipo de consultas ante un grupo de medidas –frente a fenómenos inevitables e irremediables– ya decididas por la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.
De la nada afirma ese “diagnóstico”, porque así parece convenir a la muy anunciada, aunque aún no presentada reforma Ávila, que para el magisterio estatal a fin de “equilibrar los ingresos y egresos es recomendable llevar a cabo nuevas modificaciones o bien establecer las cotizaciones en 91 por ciento (de 2023 a 2045) y de 37 por ciento de 2045 en adelante de la nómina de cotización del personal activo en lugar de las cuotas y aportaciones que se establecen en la Ley” (pág. 218).
De la misma manera y de la nada, ese “diagnóstico” afirma, por lo que toca a la burocracia estatal, es recomendable llevar a cabo nuevas reformas o bien establecer las cotizaciones en 42 por ciento (de 2023 a 2045) y de 40 por ciento de 2045 en adelante de la nómina de cotización del personal activo en lugar de las cuotas y aportaciones que se establecen en la Ley” (pág. 219).
Además, sin explicación alguna, ese “diagnóstico” pretende separar las pensiones del fondo médico: “Proyecto 1. Creación del Organismo Administrador del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores del Estado y sus Municipios. Separar las funciones de administración de pensiones del servicio médico” (pág. 284). ¿La gobernadora quiere armar su Afore estatal, imitando al archicuestionado ex priísta –ahora morenista– gobernador de Nayarit, cuya controversial existencia ya discute la SCJN?
Tampoco prevé cancelar las costosas subrogaciones de servicios médicos: “Estrategia 2.1. Convenios permanentes de subrogación en imagenología, hemodinamia, trasplantes e intervenciones de tercer nivel con institutos nacionales” (pág. 269), y su pretendida mejora “gerencial” de la salud –dotada de una visión enteramente curativa abierta al mercado de la salud– carece absolutamente de estrategias de atención primaria de la Salud. El “diagnóstico” no agrega una sola nota sobre la estructura y costo de los equipos que operan IsssteCali.
Con semejante “diagnóstico” ¿pretende la gobernadora Ávila “mejorar” la seguridad social de los trabajadores al servicio de su Estado? O, acaso ¿pretende replicar las fracasadas “reformas” nayaritas y zacatecanas que han terminado bajo el estudio y próxima sanción de la SCJN?
*UAM-X
