Pueblos indígenas, narcoviolencia y paramilitarismo / R. Aída Hernández Castillo*

En los pasados dos meses, el movimiento indígena de México ha perdido a dos de sus más lúcidos y comprometidos defensores del territorio y de los derechos de los pueblos, el líder yaqui Tomás Rojo y el activista tsotsil, Simón Pedro Pérez López. Sus muertes han sido parte de un continuum de violencias ejercidas sobre sus territorios, que han incluido el desplazamiento forzado, la desaparición, el feminicidio y el uso de fosas clandestinas como parte de una “pedagogía del terror” ejercida por actores armados integrantes del crimen organizado, de grupos paramilitares, con la participación directa o indirecta de fuerzas de seguridad.

La manera en que la narcoviolencia ha afectado a los pueblos indígenas ha sido poco documentada por las ciencias sociales, y silenciada por los informes oficiales sobre los impactos de las violencias extremas en el país. Los riesgos que implica la investigación de campo en torno a estos temas y las perspectivas culturalistas sobre los pueblos originarios han impedido que existan análisis profundos sobre la manera en que los tejidos comunitarios se han visto afectados por estas múltiples violencias.

En otros textos me he referido a estos silenciamientos, como las “múltiples ausencias” de los indígenas desaparecidos o asesinados (https://adondevanlosdesaparecidos.org/2019/04/25/las-multiples-ausencias-de-los-indigenas-desaparecidos-en-mexico/).

Tanto la ejecución de Simón Pedro, integrante de la Asociación Las Abejas de Acteal, y del Congreso Nacional Indígena (CNI), el 5 de julio pasado, como la desaparición forzada y asesinato de Tomás Rojo, un mes antes, fueron precedidos por décadas de represión y paramilitarización en sus comunidades, en las que el Estado mexicano ha tenido una responsabilidad directa. En el caso del líder tsotsil, la masacre de Acteal acaecida el 22 de diciembre de 1997 fue un antecedente que puso en evidencia la responsabilidad estatal en la formación de grupos paramilitares en la región. En aquel entonces confrontamos las versiones que intentaban presentar el asesinato de 32 mujeres y 13 hombres, como “producto de pugnas intracomunitarias” reconstruyendo la historia política de la región y mostrando la responsabilidad estatal en la formación de cacicazgos indígenas y en la capacitación de grupos paramilitares (http://www.rosalvaaidahernandez.com/wp-content/uploads/2019/12/1998-LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf). En este contexto, denunciamos la existencia de una cultura trasnacional militarista de muerte, que cruza fronteras junto con armas de alto poder, las estrategias de tortura y las técnicas de mutilación corporal.

Sobre este contexto, ya de por sí complejo, se han montado ahora las redes globales del narcotráfico. La previa capacitación que han recibido jóvenes paramilitares ha sido de gran utilidad a los cárteles de las drogas que ahora se incrustan en estructuras de poder locales.

La existencia del cártel Chamula, no podría entenderse sin la previa formación de la “Comunidad Revolucionaria Institucional”, ampliamente analizada por Jan Rus, quien ha documentado la historia de cacicazgos indígenas que se han valido de las violencias extremas para expulsar, asesinar y violar a quienes se oponían a sus poderes.

De la misma manera, el asesinato de Tomás Rojo y previamente de su compañero de lucha Luis Urbano, han sido precedidos por múltiples violencias hacia la población yaqui que se ha opuesto al despojo de sus recursos acuíferos con la construcción del acueducto Independencia. La desaparición de jóvenes yaquis, reclutados a la fuerza por el crimen organizado, quienes muchas veces terminan en fosas clandestinas, ha sido también parte de las estrategias de control territorial usadas por los actores armados, con el apoyo directo o indirecto de las fuerzas de seguridad.

A todo lo largo y ancho del país, el crimen organizado vinculado a la industria global armamentista se ha incrustado en comunidades indígenas, secuestrado física o culturalmente a una generación de jóvenes, cuyos cuerpos muchas veces terminan convirtiéndose en marcadores del control territorial de los cárteles. Frente a esta política de muerte, las resistencias indígenas se han movilizado para defender el territorio y denunciar a escala nacional e internacional este genocidio indígena. La “Travesía por la Vida” iniciada por integrantes del EZLN y el CNI en Europa se propone confrontar la cultura militarista de muerte, con la articulación de luchas por la vida (https://www.caminoalandar.org/post/viaje-zapatista-por-la-vida-al-encuentro-de-los-pueblos-en-lucha). Las estrategias de despojo y muerte son globales, por lo que globales deben ser las resistencias.