Operación de Trump ya inquieta al Pentágono
La administración Trump enfrenta su semana más explosiva en materia de seguridad hemisférica. Documentos filtrados y testimonios revelados por The Washington Post aseguran que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio una orden oral para eliminar a toda la tripulación de un barco sospechoso de narcotráfico en el Mar Caribe el 2 de septiembre.
Esa instrucción derivó en 19 ataques letales en menos de tres meses y en la muerte reconocida de 11 personas, incluidos dos sobrevivientes que, según fuentes con conocimiento directo, fueron blanco de un segundo ataque ordenado por el almirante Frank M. Bradley para cumplir el mandato de “no dejar a nadie con vida”.
Mientras en el Pentágono crece el temor de que la Casa Blanca busque responsabilizar solo a mandos operativos, en Caracas, el presidente Nicolás Maduro endureció su discurso después de que el Miami Heraldrevelara que Donald Trump le ofreció un acuerdo para abandonar Venezuela a cambio de garantías personales para él y su familia. La negociación fracasó, y Maduro respondió ayer lunes ante miles: “Jamás me van a sacar del poder”, asegurando que Venezuela cuenta con una “capacidad defensiva integral” inédita.
Este es el escenario en el que Washington está operando: una cadena de ataques encubiertos, tensiones abiertas con Caracas y un debate legal que cuestiona si Estados Unidos ha cruzado la línea entre una operación antidrogas y un posible crimen de guerra.
La delgada línea que separa una operación militar autorizada de una violación al derecho internacional se volvió borrosa para la administración Trump. El despliegue agresivo de ataques en el Caribe, la cadena de órdenes verbales y el encubrimiento parcial de los hechos han construido un escenario inédito: Estados Unidos está ejecutando acciones letales contra embarcaciones y sobrevivientes sin uniformes militares, sin supervisión judicial y bajo reglas de enfrentamiento que permanecen fuera de escrutinio público.
La administración de Donald Trump reconoce oficialmente la muerte de once personas. No hay información pública sobre sus identidades, si estaban armados o si había posibilidad de captura. Y ahí radica el punto crítico: el derecho internacional humanitario prohíbe atacar a personas que ya no representan una amenaza, incluidos náufragos, heridos o supervivientes fuera de combate. En derecho internacional, el dato citado por el reportaje sobre cómo se describe el segundo ataque, podría constituir un crimen de guerra.
El contexto agrava la situación. Funcionarios y legisladores del Congreso y del Pentágono confirmaron que este no fue un episodio aislado: el ejército estadounidense ha realizado al menos 19 ataques similares desde septiembre. La cifra revela una política sostenida, no una acción excepcional. Se trata de una campaña encubierta autorizada por el presidente Trump que ha ampliado el uso de la fuerza más allá de lo que tradicionalmente permite una operación antidrogas.
Mientras tanto, en el Departamento de Guerra crece el desconcierto. Las declaraciones de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, quien afirmó que Bradley actuó “correctamente dentro de su autoridad y de la ley”, desataron indignación interna, pues sugieren que la Casa Blanca podría eludir su propia responsabilidad. La preocupación es clara: si una investigación formal establece violaciones legales, la administración podría intentar trasladar la culpa a los mandos operativos.
En paralelo, las declaraciones de Maduro, más allá de su narrativa interna, se insertan en un contexto regional sensible. El despliegue naval estadounidense en el Caribe —justificado como una misión para frenar el narcotráfico— coincide con una operación encubierta de ataques sistemáticos. Esa coincidencia sugiere que la administración Trump está usando la bandera antidrogas como plataforma para ejercer presión estratégica sobre un gobierno adversario.
La línea entre seguridad regional y acción ofensiva política se desdibuja. Las investigaciones que el Congreso prepara podrían tardar meses, pero mientras tanto persiste una interrogante que pesa como una advertencia: ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos bajo la justificación del combate al narcotráfico antes de que sus propias acciones vulneren el orden legal que dice defender?
La administración Trump está apostando por una estrategia de fuerza que combina operaciones letales, presión diplomática fallida y una lectura amplia —quizá demasiado amplia— de la autoridad presidencial en tiempos de paz. El riesgo no es solo jurídico; es político y regional. Venezuela puede convertir estos ataques en combustible para denunciar una agresión externa, fortalecer alianzas con Rusia o Irán y justificar su propia militarización.
Al final, la pregunta central no es si Estados Unidos puede hundir barcos en el Caribe. Es si puede matar a sobrevivientes, multiplicar ataques y operar al margen de la supervisión sin erosionar su legitimidad internacional.
La línea ya no es delgada. Está en riesgo de romperse.
