Nueva carta del Comité ¡Eureka! al Presidente

En ocasión del que sería el cumpleaños 96 de Rosario Ibarra ayer viernes y en honor a ella, queremos expresar lo siguiente: en días pasados, la Comisión de la Verdad, “de nombre largo y alcances cortos”, creada por decreto presidencial firmado en octubre de 2021, anunció por conducto de los comisionados que gran cantidad de personas se están acercando a dar testimonio de su detención y tortura durante los años a que hace referencia el decreto. Y nos preguntamos: ¿qué va a pasar con todos esos testimonios? Constantemente se nos dice que carecen de presupuesto necesario, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya dicho que era ilimitado.

Por otro lado, la Secretaría de Gobernación (SG), por medio de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cual forma parte también de la Comisión de la Verdad, envió una convocatoria en la que dice que iniciará la toma de muestras para el perfil genético de familiares de personas desaparecidas; piden además fotografías y datos personales como complexión, estatura, pelo, datos dentales, etcétera. Que nos digan primero dónde están y nos lo muestren con pruebas, y luego veremos si damos muestras. Así es como funciona, no al revés.

La CNB está jugando también a la investigación, y cree que mostrándonos fotos sin ningún valor forense real en cada reunión y alardeando y simulando efectividad en los procesos de investigación nos vamos a quedar conformes.

Para ¡Eureka! todo esto suena a burla, más cuando en nuestros casos no se ha iniciado siquiera una investigación real.

Desde antes del inicio de este gobierno, pero cuando ya se sabía su triunfo, Rosario Ibarra pidió directamente al Presidente en una carta que se abriera una investigación de las denuncias de más de 40 años de ¡Eureka!, denuncia que no le era ajena.

Se les dijo, también al subsecretario Alejandro Encinas, que los sitios señalados como centros de detención y tortura deberían ser mantenidos como escenas de investigación de los crímenes ahí cometidos (circular de Morelia número 8, Islas Marías, campos militares y bases navales y aéreas) porque era necesario para llegar a la verdad.

¿Y qué pasó? Que con frivolidad cargada de gran insensibilidad y con lo que parece ser todo el propósito de borrar las huellas de lo sucedido, este gobierno convirtió las cárceles clandestinas en sitios culturales, y a los espacios militares (pasando por encima del decreto presidencial) sólo se puede entrar a investigar cuando y de la forma que las fuerzas armadas lo permitan.

Señor Presidente: queremos preguntarle, parafraseando lo dicho por usted el 22 de febrero de 2023: ¿nunca ha visto nada raro? ¿Cuál ha sido su acuerdo con las fuerzas armadas y la SG? ¿Qué órdenes les ha dado? Es notorio que las fuerzas armadas tienen mucho poder, ¿quién les ha transmitido tanto poder?

En este gobierno saben perfectamente qué pasó con los nuestros, saben quiénes son los culpables, saben quiénes se los llevaron, pero ni siquiera han sido llamados a atestiguar los que aún quedan; saben adónde se los llevaron y qué hicieron con ellos, pero no nos lo dirán o mentirán.

Quienes fuimos al Campo Militar número 1 a identificar lugares donde estuvimos detenidos pudimos constatar que todo era sólo un teatro. Fuimos filmados constantemente por los soldados, ni siquiera hubo un equipo forense que resguardara los lugares que identificamos y trataran de indagar más, además de la falsedad de la promesa de regresar en septiembre con equipos especializados.

Por eso esto de la genética para nosotros es un elemento más para confirmar todo lo que ya hemos venido viendo: que este gobierno se quiere lavar las manos con toda esta simulación, sin dar respuestas contundentes y reales y con seguir solapando a los responsables.

Por todo esto se ha colocado frente a nuestros ojos y de las leyes internacionales que sancionan la desaparición forzada, de la misma forma o peor que los criminales que se llevaron a nuestros hermanos y familiares que hemos buscado durante tantos años.

La desaparición forzada es un crimen continuado que no termina hasta que aparece la persona detenida. Toda autoridad y gobierno está obligado a resolverlo aunque no haya sido el ejecutor directo, ni la negligencia o la omisión tienen cabida, de no hacerlo formarán parte de la lista de responsables directos.