“Movilidad humana, desafío para las nuevas administraciones gubernamentales”
El pasado 19 de mayo se realizó el tercer debate entre las candidatas y el candidato a la
presidencia de la República, en donde se abordó el tema de la migración y la política exterior, lo cual será sin lugar a dudas una de las agendas más demandantes para quien resulte electo. Es de resaltar que, más allá de generalidades y buenos deseos, no se lograron precisar propuestas concretas para hacer frente a un proceso de suma complejidad, que es propiciado por factores diversos y tiene múltiples dimensiones (origen, tránsito, destino, retorno), las cuales demandan respuestas claras, contundentes y bien definidas por parte del Estado mexicano.
El contexto de movilidad humana que vive México y en particular las entidades de la frontera norte y sur del país, nos obligan a pensar en el desafío que supone atender y acompañar dichos procesos con una perspectiva integral, que tome en consideración e involucre activamente a gran parte de las instituciones mexicanas, tanto en el interior como en el exterior del país, así como a las personas en movilidad, a las organizaciones de sociedad civil y a la iniciativa privada.
Uno de los desafíos para lograr la generación de dichas respuestas tiene que ver con la construcción de una política migratoria con un enfoque y acción basada en los Derechos Humanos, que tome en consideración las necesidades de las personas en movilidad (nacionales y extranjeras), que redirija el papel del Estado y todas sus instituciones hacia la atención y protección de ellas y ellos, y que, por tanto, no se centre exclusivamente en mecanismos de contención. Esto supone, no un noble discurso, sino que toda acción, de cualquier dependencia en cualquier nivel de gobierno esté armonizada por este principio.
Por otro lado, uno de los aspectos más alarmantes en las respuestas hasta ahora generadas por las instituciones públicas, es que hay una evidente y preocupante falta de coordinación entre las diferentes secretarías y dependencias de los distintos órdenes de gobierno, tanto en el país como fuera de él, en la frontera norte y en la frontera sur.
A este respecto, enfatizo en la importancia y desafío de la activa participación de las entidades federativas en los procesos de movilidad humana, particularmente las de la frontera sur y norte del país. Pues es en el espacio local donde las necesidades de las personas adquieren dimensión y sentido. De ahí que sea clave que los estados y sus municipios, participen en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas y acciones dirigidas a las personas en movilidad con independencia de si las personas son nacionales o extranjeras, tienen documentación que acredite su legal estancia en el país o no.
Un actor no menos importante que se tiene que considerar en la toma de decisiones y en la implementación de acciones en favor de las personas en movilidad, es la sociedad civil organizada, quienes de una u otra forma siempre ha estado ahí, tratando de hacer frente a las necesidades de personas migrantes, desplazadas y refugiadas. En su mayoría, se trata de personas, colectivos y organizaciones que detentan un cúmulo de experiencia, un compromiso ineludible con las personas en movilidad, volviéndose no sólo un ejemplo de solidaridad, sino de capacidad para resolver en lo cotidiano y en lo emergente, haciendo mucho con poco.
Para que todo esto tenga sentido, y no quede en el marco de las buenas intenciones, es necesaria la asignación de presupuesto. Pues es justamente ahí donde se debe reflejar una nueva visión con la que se quiera abordar los procesos de movilidad humana. Por ahora, el desafío es muy grande, y para muestra, el presupuesto que tienen instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) con un aproximado de mil quinientos millones de pesos, dirigidos fundamentalmente a la detención migratoria, contra los casi cincuenta millones que tiene asignada la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que se dedica a temas de protección.
Un último desafío tiene que ver con la necesidad de repensar, rediseñar, reconstruir o reinventar a las instituciones públicas, indispensablemente empezando por el INM. El complejo escenario que tenemos rente a nosotros demanda soluciones creativas, innovadoras que den respuesta a las necesidades humanas en su complejidad. Si queremos cambiar el enfoque, necesitamos instituciones y servidores públicos con un enfoque renovado y capacidad de servicio. Con empatía hacia el los procesos de movilidad humana. La nueva gobernanza migratoria deviene en éxito en la medida en que se construye de manera colectiva. El reto es y seguirá siendo, humanizar la migración, como convicción y no como principio declarativo.
