Migrantes mexicanos en EU bajo sospecha en la nueva guerra contra el “narcoterrorismo”

Estados Unidos vuelve a poner en el centro del tablero a los migrantes. Otra vez como chivos expiatorios, otra vez como combustible electoral. Las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional del gabinete de Trump, Kristi Noem, sobre supuestas recompensas ofrecidas por cárteles mexicanos para secuestrar o asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), marcan un giro alarmante: el discurso del “enemigo exterior” ahora se funde con el del “enemigo interior”.

Y como siempre, los primeros en pagar los costos son los migrantes mexicanos, que hoy viven entre la sospecha, el miedo y el endurecimiento sistemático del aparato migratorio.

Cuando Noem afirma que “pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas han puesto precio a las cabezas de nuestros agentes”, no sólo está hablando de seguridad pública: está activando un relato político.

Ese mensaje, publicado en redes sociales de la funcionaria y amplificado por la televisora Fox News —la plataforma mediática más cercana al trumpismo—, apunta a justificar las redadas, deportaciones y rediseño operativo del ICE que se han recrudecido desde la Casa Blanca bajo el mandato de Donald Trump.

La narrativa del “narcoterrorismo mexicano” funciona como arma electoral y como dispositivo de miedo. Noem, fiel al libreto, coloca al crimen organizado como una fuerza casi paramilitar que amenaza la soberanía estadounidense. Lo alarmante es que, al hacerlo, borra las fronteras entre el crimen y la migración, generando un marco de sospecha sobre toda persona de origen mexicano o latino.

De la guerra contra el narco a la guerra contra el migrante

Este tipo de mensajes no son nuevos, pero su timing sí es significativo.

Apenas unos días antes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el encausamiento judicial de 34 personas —32 de ellas estadounidenses— por colaborar con el Cártel de Sinaloa, acusándolos de brindar apoyo material a una “organización terrorista”. El término no es casual: “terrorismo” es la palabra mágica que permite a Washington expandir jurisdicciones, endurecer leyes y justificar operaciones transfronterizas.

La acusación del 29 de septiembre, seguida por las declaraciones de Noem, forma parte de un mismo libreto: presentar a México no como socio comercial ni aliado estratégico, sino como una fuente de amenaza directa a la seguridad estadounidense.

En ese marco, los migrantes —sean indocumentados o residentes legales— quedan atrapados en un terreno de criminalización simbólica: son el rostro más visible del país al que ahora se acusa de “narcoterrorismo”.

Mientras la administración Trump enfrenta críticas internas por el uso excesivo de la fuerza en redadas del ICE y por violaciones documentadas a derechos humanos, la narrativa de Noem sirve como cortina de humo.

Decir que “los cárteles quieren matar agentes estadounidenses” es un recurso de alto impacto que legitima la militarización de la frontera, la intensificación de operativos y el endurecimiento de políticas migratorias.

Noem incluso aseguró que las pandillas “están reclutando más personas para atacar oficiales”, y que se ofrecen recompensas de 2 mil dólares por secuestrarlos y 10 mil por asesinarlos. Sin embargo, no presentó pruebas verificables, ni nombres, ni lugares, ni documentos judiciales.

Y es que el mensaje no busca precisión: busca impacto. Busca que el votante promedio asocie “México” con “amenaza” y “migrante” con “riesgo”.

En las calles de Texas, Arizona, Illinois, California y Nueva York, miles de migrantes viven ya las consecuencias de este tipo de retórica. El incremento de las redadas, las detenciones arbitrarias y la hostilidad en comunidades hispanas han creado un clima de persecución constante.
Las organizaciones de defensa de derechos civiles, como la ACLU (siglas de la American Civil Liberties Union, en español: Unión Americana de Libertades Civiles) y Human Rights Watch, han documentado un repunte de abusos cometidos por agentes del ICE, incluyendo uso desproporcionado de la fuerza, separación familiar y detenciones sin orden judicial.

Lo que Noem llama “anarquía” no es otra cosa que la desesperación de quienes huyen de la pobreza o la violencia, mientras la maquinaria electoral estadounidense convierte su tragedia en combustible político.

La paradoja es que muchos de los acusados en el reciente encausamiento por “narcoterrorismo” son ciudadanos estadounidenses. Es decir, el problema no sólo cruza la frontera: nace dentro de ella.

México, en el espejo

El gobierno mexicano enfrenta un dilema complejo. Por un lado, debe mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad —para evitar represalias comerciales o diplomáticas—, pero por otro, no puede avalar el uso político del miedo.
Hasta ahora, la Cancillería mexicana con Juan Ramón de la Fuente al frente, ha optado por el silencio prudente, mientras desde Washington se acumulan acusaciones, redadas y discursos de odio.

Ese silencio, sin embargo, se traduce en vulnerabilidad diplomática. Cada vez que Trump o alguno de sus funcionarios invocan el término “narcoterrorismo”, están construyendo un marco legal que podría justificar acciones unilaterales en territorio mexicano, bajo la etiqueta de “defensa nacional”.

Ahora bien, las declaraciones de la secretaria Noem deben leerse como una jugada de campaña anticipada. Donald J. Trump busca proyectarse nuevamente como el “presidente de la ley y el orden”, y para ello necesita enemigos visibles: los migrantes, los cárteles, los “radicales de izquierda”, los medios críticos.

Noem, una de sus aliadas más leales, actúa como vocera de la línea dura: mano firme, fronteras cerradas, deportaciones masivas.

El problema es que este discurso, si se consolida, pone en riesgo la integridad física y legal de millones de mexicanos que viven, trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos. Los expone a redadas, a discriminación y, sobre todo, a una narrativa oficial que los pinta como potenciales cómplices del crimen organizado.

Kristi Noem lo dijo sin matices: “Ganaremos”. Pero en esa guerra que dice librar contra la anarquía, los primeros en perder serán los migrantes. La frontera sur de Estados Unidos vuelve a convertirse en una línea de fuego, y México, una vez más, juega a la diplomacia del silencio mientras su gente queda atrapada entre las balas retóricas y las armas reales de la política estadounidense.

monique.duran@outlook.com