Mientras México sigue mirando a El Mayo, Washington ya ve a los que vienen detrás…

La sentencia contra Ismael El Mayo Zambada no sorprendió a nadie. A sus 76 años, el fundador del Cártel de Sinaloa escuchó lo que todo mundo sabía que iba a escuchar: prisión de por vida.

Lo que valía la pena mirar no era la condena.

Era lo que estaba ocurriendo alrededor.

Hubo un momento que pasó casi de largo. El abogado Frank Pérez insistió en algo una, dos, tres veces. Que su cliente no colaboró con las autoridades de Estados Unidos. Que no señaló a ningún funcionario. Que no negoció información. Que no es testigo protegido.

¿Era necesario repetirlo tanto?

Legalmente, quizá no.

Políticamente, sí parecía importante dejarlo dicho.

Después tomó la palabra el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella. Su mensaje fue breve, pero directo: un personaje como El Mayo no habría construido un imperio criminal de ese tamaño sin corrupción. No habló de nombres. Tampoco hacía falta. La referencia apuntaba hacia México.

Y esa declaración no llegó sola.

Hace apenas unos días, el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, volvió a decir que Estados Unidos no pretende detenerse con los capos. También buscará a los funcionarios que los protegieron y a quienes hicieron posible que esas organizaciones crecieran durante décadas. Es exactamente la ruta que ha marcado Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

Mientras tanto, en México la conversación va por otro carril.

La mayoría de los actores políticos sigue discutiendo cómo llegó El Mayo a territorio estadounidense, si hubo o no violación de la soberanía nacional y qué responsabilidad tuvo el gobierno mexicano en aquella operación.

Es una discusión válida.

Pero también empieza a quedarse corta.

Porque en Washington la pregunta ya cambió. El juicio terminó. La condena quedó escrita. Ahora el reflector parece moverse hacia otro lado.

¿Quién protegió durante tantos años a una organización que movía toneladas de droga, lavaba miles de millones de dólares y operaba a ambos lados de la frontera?

Ésa es la pregunta que están dejando sobre la mesa la DEA, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la administración Trump.

Y ésa, más temprano que tarde, también llegará a México.

Tal vez por eso la audiencia de Brooklyn dejó una sensación extraña. Parecía el final de una historia. En realidad, podría haber sido el primer capítulo de la siguiente.

PIEZAS SUELTAS

Trump sonríe… y después aprieta el tornillo

Hay fotografías que envejecen muy rápido.

El domingo, el presidente Donald Trump recibió al primer ministro canadiense, Mark Carney. También a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sonrisas, apretones de mano, el protocolo de siempre. Parecía una reunión para enviar un mensaje de estabilidad en plena negociación del T-MEC.

Duró un día.

Este lunes, Washington anunció un arancel de 50% para un número importante de productos canadienses. La respuesta de Ottawa no tardó. Carney acusó a Estados Unidos de violar el T-MEC con medidas comerciales unilaterales y advirtió que Canadá responderá para proteger a sus trabajadores, agricultores y empresas.

No es un detalle menor. Los tres socios están negociando el futuro del tratado comercial más importante de Norteamérica. Y, mientras esas conversaciones siguen abiertas, la Casa Blanca decidió volver a usar los aranceles como herramienta de presión.

Eso cambia el ambiente.

La pregunta, entonces, ya no es qué hará Canadá. La verdadera pregunta es qué puede esperar México.

Porque si Washington está dispuesto a tensar la relación con uno de sus aliados más cercanos, cuesta trabajo pensar que con México el tono será más amable. Al contrario. Los asuntos más complicados todavía están sobre la mesa: seguridad, migración, combate al narcotráfico, inversión, reglas de origen.

Todo mezclado.

La carta de Carney deja otra señal. Canadá decidió decir públicamente que Estados Unidos está incumpliendo el tratado. Es un paso que pocos gobiernos dan mientras una negociación sigue abierta. Y habla del nivel de tensión que ya existe.

Trump está negociando como acostumbra: primero aumenta la presión y después espera la respuesta.

México haría mal en pensar que esto sólo es un diferendo entre Washington y Ottawa. Lo que hoy ocurrió con Canadá puede ser un adelanto de lo que viene cuando llegue el turno de los temas que más le importan a la Casa Blanca.

Y, por lo visto, las sonrisas ya dejaron de ser un indicador confiable.

Trump vuelve a 2020 porque ahí todavía encuentra votos

No es casualidad que Donald Trump haya decidido revivir, otra vez, el debate sobre el supuesto fraude de la elección de 2020. Lo hace cuando su gobierno entra en una etapa políticamente más compleja: se acercan las elecciones intermedias de 2026, la mayoría republicana en el Congreso estará a prueba y la Casa Blanca enfrenta al mismo tiempo presiones por comercio, seguridad, migración y varios frentes internacionales.

La estrategia tampoco es nueva. Trump ha vuelto a colocar en el centro la elección que perdió frente a Joe Biden, insiste en que hubo irregularidades y ordenó desclasificar documentos que, según él, demostrarían interferencias y fallas del sistema electoral. Hasta ahora, ni los tribunales federales, ni funcionarios electorales de estados gobernados por republicanos, ni el Departamento de Justicia han acreditado un fraude masivo que modificara aquel resultado.

La paradoja es evidente. El mismo Trump que hoy denuncia un fraude fue acusado después de esa elección de intentar revertir sus resultados. Los fiscales sostuvieron que presionó a funcionarios de Georgia para alterar el conteo, impulsó el esquema de los llamados “electores alternativos” y buscó impedir que el Congreso certificara la victoria de Biden el 6 de enero de 2021. Trump siempre rechazó esas acusaciones y afirmó que ejercía su derecho a impugnar una elección que consideraba irregular. Los procesos penales no concluyeron con una sentencia condenatoria sobre el fondo de esos señalamientos.

El movimiento parece tener otro objetivo: volver a movilizar a su electorado con un tema que conoce bien y obligar a los demócratas a discutir, una vez más, lo ocurrido hace seis años. Mientras tanto, nombres como los del fiscal especial Jack Smith, la exfiscal de Georgia Fani Willis y el exvicepresidente Mike Pence regresan inevitablemente a la conversación pública.

México haría mal en pensar que se trata de un debate exclusivamente estadounidense. Cuando Trump convierte la seguridad electoral en bandera política, casi siempre reaparecen en el mismo discurso la frontera, la migración, los cárteles y la presión sobre el gobierno mexicano. Esa combinación ya le ha dado réditos políticos antes. La pregunta no es si volverá a usarla, sino cuánto influirá en la campaña rumbo a las elecciones intermedias y en la relación bilateral.