México SA | Trabajo infantil / Carlos Fernández-Vega
La fotografía publicada ayer en la portada de La Jornada (Luis Castillo: utilizan niños halcones en el Centro Histórico) es brutal: un menor de 7-8 años, con un radio portátil de banda civil en la mano, en funciones de vigilante para notificar a tiempo a sus patrones, los comerciantes ambulantes, para que éstos recojan rápidamente sus mercancías y evadan los operativos de seguridad pública de la Ciudad de México, un esquema que se registra en toda la República.
Se trata de un niño, un chamaquito que debería estar en la escuela, haciendo la tarea o jugando a lo que corresponde a su edad. Pero no, la realidad es cruel y contundente, y en lugar de ello alguien le asignó tareas de halcón para obtener, si bien va, unos cuantos pesos, arriesgando su vida. Tal vez sus propios padres se dediquen al comercio ambulante y, como parte de la familia, lo obliguen a hacerlo, porque ese debe ser su aporte.
Es un problema social extremadamente delicado que amerita atención y solución inmediata, pero parece que, por su cotidianeidad, a los ojos de la autoridad y de la ciudadanía ya es algo normal, una costumbre y parte del paisaje urbano. Aberrante, pues.
Pero el problema no se limita a la Ciudad de México, porque en la República alrededor de 3.3 millones de menores de edad (entre 5 y 17 años; 39 por ciento niñas y 61 por ciento niños) desarrollan un trabajo económico y de ellos cerca de 1.8 millones lo hacen en ocupaciones no permitidas, es decir, aquellas que ponen en riesgo su salud, afectan su desarrollo o se llevan a cabo por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Con base en la información del Inegi (datos de 2019), en México de la población infantil de 5 a 17 años que no asiste a la escuela, 26 por ciento trabaja en ocupación no permitida; 2 por ciento en ocupación permitida, y 72 por ciento son no ocupados. Los principales motivos por lo que no asisten a la escuela son: falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar (35 por ciento, enfermedad, accidente y/o discapacidad (16 por ciento) y la falta de recursos económicos (13 por ciento).
De las niñas, niños y adolescentes ocupados, casi la mitad gana hasta un salario mínimo, seguidos por aquellos que no reciben ingreso. Principalmente laboran en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, en la minería, la construcción, la industria y en el comercio (incluidos los halcones).
Por la información del Inegi (Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, ENTI 2019) se conoce que en México 3.3 millones de niños de 5 a 17 años se encuentran en condiciones de trabajo infantil, lo que representa una tasa de 11.5 por ciento; 2.2 millones encuentran ocupados en alguna actividad económica; 20.8 millones participan en quehaceres domésticos y 1.5 millones realiza quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas. La inclusión al mercado laboral a edades tempranas puede traer consecuencias que afectan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Un menor de edad que trabaja puede disminuir el tiempo y calidad invertido en el estudio u otras actividades que favorecen su crecimiento y exponerse a sufrir algún problema físico o sicológico por realizar actividades no adecuadas.
El trabajo peligroso, detalla el Inegi, puede ser aquel en el que los menores están expuestos a abusos de orden físico, sicológico o sexual; se realizan bajo tierra o agua, en alturas peligrosas o espacios cerrados; se utiliza maquinaria, equipos o herramientas peligrosos; se realiza en medios insalubres; con temperaturas, ruido o vibraciones perjudiciales; se da en horarios prolongados o nocturnos, o son trabajos que retienen injustificadamente los niños. Al analizar la población de 5 a 17 años en trabajo no permitido, destaca que 60 por ciento está en ocupaciones peligrosas.
De ese tamaño es la cotidianeidad, el paisaje urbano al que muchos se han acostumbrado, los mismos que se llenan la boca cuando aseguran que la niñez es el futuro de la patria.
Las rebanadas del pastel
Dicen fuentes bien informadas que los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza han incrementado sustancialmente el consumo de antiácidos por la tremenda agrura que les provocan las decisiones superiores de echar para abajo las suspensiones por ellos otorgadas a empresas privadas del sector eléctrico. Que les aproveche.
