¿Más aguinaldo… o mejores empleos?

Las reformas laborales no deberían medirse por el número de prestaciones que incorporan, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas trabajadoras sin debilitar la generación de empleo formal.

Una iniciativa presentada por legisladores de Movimiento Ciudadano propone reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para establecer un aguinaldo progresivo conforme a la antigüedad. El esquema conservaría quince días durante el primer año; aumentaría a veinte días entre el segundo y el tercero; a veinticinco días entre el cuarto y el quinto, y llegaría a treinta días a partir del sexto año de servicios.

La propuesta, naturalmente, despierta interés entre trabajadores, sindicatos, empresas y abogados. Para quienes viven de su salario, duplicar gradualmente una prestación tan significativa parece una medida justa y atractiva. Para las organizaciones sindicales representa una nueva bandera reivindicatoria. Para las empresas implica revisar costos, presupuestos y capacidad de contratación. Y para quienes analizamos el derecho laboral plantea una pregunta inevitable: ¿toda ampliación legal de prestaciones produce, por sí misma, mejores condiciones de vida?

El aguinaldo nació con una finalidad concreta: permitir que las personas trabajadoras dispusieran, al finalizar el año, de un ingreso adicional para afrontar gastos extraordinarios. Con el tiempo se convirtió en una de las prestaciones más valoradas y reconocibles del sistema laboral mexicano. No es un regalo del patrón ni una gratificación discrecional, sino un derecho adquirido por el trabajo desarrollado durante el año.

Desde esa perspectiva, resulta comprensible que se proponga actualizarlo. Quince días pueden parecer insuficientes frente al encarecimiento de la vivienda, los alimentos, la educación, el transporte y los servicios. Además, en muchas empresas ya se pagan aguinaldos superiores al mínimo legal, sea por contrato individual, contrato colectivo, política interna o práctica reiterada. La iniciativa, por tanto, no inventa una prestación desconocida; busca elevar gradualmente el piso mínimo.

Sin embargo, una reforma laboral responsable no puede analizarse solamente desde la simpatía que genera. También debe medirse por sus efectos reales. El costo del empleo formal no se integra únicamente con el salario diario. Incluye cuotas de seguridad social, aportaciones de vivienda, vacaciones, prima vacacional, participación de utilidades, descansos, licencias, indemnizaciones, capacitación y múltiples obligaciones administrativas. Cada prestación adicional puede ser legítima, pero su acumulación también modifica las decisiones de contratación.

Las grandes empresas probablemente podrían absorber mejor un incremento gradual. El problema aparece en las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan una parte importante del empleo y suelen operar con márgenes reducidos. Para ellas, el aumento del aguinaldo no sería un desembolso aislado, sino una obligación anual creciente ligada a la permanencia del trabajador. Una medida diseñada para premiar la antigüedad podría, paradójicamente, generar incentivos para evitarla mediante rotación, subcontrataciones simuladas, contratos precarios o informalidad.

Ese riesgo no invalida la propuesta, pero obliga a discutirla con seriedad. En México existe una contradicción persistente: queremos ampliar derechos laborales y, al mismo tiempo, mantenemos una economía donde millones de personas trabajan sin seguridad social, vacaciones, aguinaldo ni estabilidad. El mayor problema no siempre es que la ley reconozca pocas prestaciones, sino que una parte considerable de la población ni siquiera tiene acceso a las ya existentes.

Por eso conviene preguntarnos qué debe priorizar una política laboral: aumentar el valor nominal de las prestaciones o extender el empleo formal. La respuesta no tendría que ser excluyente. Es posible mejorar derechos y promover formalidad, pero para lograrlo se requieren medidas complementarias: incentivos fiscales para pequeñas empresas, simplificación administrativa, acceso al crédito, productividad, capacitación y una inspección laboral eficaz que combata la simulación sin asfixiar a quien sí desea cumplir.

También debe cuidarse la lógica del aguinaldo progresivo. La antigüedad ya genera consecuencias jurídicas importantes: vacaciones crecientes, prima de antigüedad en ciertos supuestos, estabilidad y mayores costos indemnizatorios. Añadir otro componente escalonado puede fortalecer la permanencia, pero también aumentar la diferencia económica entre conservar a un trabajador experimentado y sustituirlo por uno nuevo. Una buena intención legislativa debe anticipar esa posible conducta empresarial.

El debate tampoco debería reducirse a enfrentar a trabajadores y patrones. La empresa que incumple deliberadamente merece sanción; pero la empresa que no puede sostener su plantilla tampoco genera empleos. Defender derechos laborales exige comprender que estos necesitan una fuente económica capaz de financiarlos. Sin empresas productivas no hay trabajo formal; sin trabajo digno, la actividad empresarial pierde legitimidad social.

Las prestaciones laborales no deben competir entre sí. El problema no consiste en elegir entre más aguinaldo, más vacaciones o jornadas más cortas, sino en construir un sistema laboral coherente y sostenible, donde los avances se traduzcan en bienestar efectivo y no en nuevas barreras para ingresar o permanecer en la formalidad.

La iniciativa para establecer un aguinaldo progresivo abre un debate que merece ser escuchado con seriedad y sin prejuicios. Puede representar un reconocimiento justo a la permanencia y al compromiso de quienes sostienen durante años una fuente de trabajo. Pero su aprobación debería acompañarse de estudios de impacto, gradualidad razonable y apoyos reales para los empleadores de menor tamaño.

Las mejores reformas laborales no serán aquellas que generen el mayor aplauso inmediato, sino las que logren equilibrar justicia social, productividad, estabilidad y empleo formal. Aumentar el aguinaldo puede ser una buena idea; construir mejores empleos sigue siendo un objetivo todavía más importante. Ese, a mi juicio, es el verdadero sentido de una reforma laboral responsable.

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