Lozoya: impunidad a la carta
El juez de control Genaro Gerardo Alarcón López determinó suspender el procedimiento por el caso Agronitrogenados contra Emilio Lozoya Austin, quien permanecerá en prisión preventiva por el asunto de Odebrecht. En términos prácticos, la sentencia de Alarcón López significa que Lozoya queda exonerado y no deberá rendir cuentas por el multimillonario quebranto al erario.
Debe recordarse que el escándalo de Agronitrogenados gira en torno al soborno de 3.5 millones de dólares que el ex director de Pemex recibió del empresario Alonso Ancira a cambio de que el funcionario impulsara la compra de una planta de producción de fertilizantes que llevaba 14 años inoperante y que al momento de la adquisición era poco más que chatarra. Desde 2015, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que se trataba de una transacción ruinosa para la empresa del Estado, y en 2017 cifró en 760 millones de dólares el costo total del proyecto: 275 millones de dólares pagados a Altos Hornos de México, propiedad de Ancira, 200 millones calculados inicialmente para rehabilitarla y 285 millones más en un incremento al gasto en rehabilitación.
Sólo puede explicarse por el deseo de un tribunal de entregar un manto de impunidad a delincuentes de cuello blanco.
Pese a la evidencia de que Lozoya le encajó a Pemex la compra de unas instalaciones cuya reparación costaba casi el doble que los supuestos activos y así condenó a la hacienda pública a tirar miles de millones de pesos a la basura, el juez Alarcón López consideró que el acusado de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado ya no tiene cuentas pendientes con la justicia por esa acción, porque su “saldo” quedó cubierto cuando Ancira llegó a un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República.
El togado basó su criterio en una tesis aislada según la cual “en los acuerdos reparatorios como una salida alterna al juicio penal, cuando existe pluralidad de imputados sobre un mismo hecho delictivo, su celebración y cumplimiento por alguno de ellos beneficia a quienes no los acordaron, pues la extinción de la acción penal favorece a todos, al haberse satisfecho el interés particular de la víctima u ofendido en la vía penal”.
Salta a la vista que la tesis es una aberración jurídica que sólo puede explicarse por el deseo de un tribunal de entregar un manto de impunidad a delincuentes de cuello blanco, pues promueve prácticas como la creación de chivos expiatorios que paguen los montos convenidos y libren al resto de responsables de cualquier acción penal. Esta jurisprudencia aislada es una vergüenza para el Poder Judicial, y su aplicación en un caso que implica semejantes pérdidas para el país no puede interpretarse sino como una enésima afrenta de esa rama del Estado a los intereses nacionales.
Cabe esperar que este fallo impresentable sea revertido por una autoridad superior, que el juez Alarcón López sea sancionado por su inocultable mala praxis y que cualquier acuerdo del que pueda beneficiarse Lozoya Austin sea proporcional al daño que infligió a la nación.
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