Los grupos vulnerables de intervención prioritaria de Sheinbaum ¿Y los jóvenes?
La nueva administración del poder ejecutivo federal 2024-2030, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha señalado que los cinco grupos vulnerables a los que se les dará prioridad durante su mandado serán los siguientes: personas jornaleras agrícolas; mujeres de 60 a 64 años; estudiantes de escuelas públicas de educación básica; personas en situación de pobreza extrema y; población que cuida y que requiere cuidados. De hecho, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) diseñó un micrositio en su página de internet en el que presenta evidencia para contribuir al diagnóstico de los problemas sociales que atañen a estos grupos poblacionales y el diseño e implementación de estrategias de solución.
A simple vista, la lista parece bastante coherente, sería complicado debatir la inclusión de cualquiera de ellos dentro de la población objetivo de cualquier política pública que diseñe e implemente el gobierno mexicano, independientemente del color de su partido político. Sin embargo, es pertinente preguntarse bajo qué enfoque o perspectiva se han elegido estos grupos, ya que están dejando de lado a las y los jóvenes (entre los dieciocho y los 29 años de edad) y a las y los adultos jóvenes (entre los 30 y los 59 años de edad), entre otros grupos. Quienes, en su mayoría, y en un futuro no muy lejano, serán los responsables de producir y proveer los bienes y servicios para la subsistencia y el bienestar de toda la población del país.
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2024 el 19.11% de la población en México tiene entre 0 y 11 años de edad, el 30.37% entre 12 y 29 años de edad, el 38.08% entre 30 y 59 años de edad y el 12.44% cuenta con 60 años o más. En términos simples, estos datos nos dicen que el nuevo gobierno está dejando de lado a la mayor parte de la población para enfocarse en infancia, personas adultas mayores y extrema pobreza únicamente. Si bien es cierto que el presupuesto público es finito y focalizar los recursos hacia poblaciones objetivo contribuye a aprovecharlo de mejor manera, también lo es que debe hacerse una planeación sostenible del gasto.
Los programas de la cuarta transformación desde 2018 han apuntado hacia la universalización, es decir, que todas las personas que cumplan con ciertos criterios administrativos como la edad, residencia, etcétera, puedan acceder a ellos sin condicionalidades por parte del estado o gobierno. Esto en principio es deseable en cualquier sociedad, pero se corren riesgos como su insostenibilidad financiera, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a 2023 la deuda externa e interna ascendía a 12,710,635.1 millones de pesos. Además, las pensiones no contributivas, hasta ahora implementadas, no superan la línea de pobreza por ingresos (alimentaria y no alimentaria) ni en el sector urbano ni en el rural, por lo que tendrían que aumentarse.
La regresividad del uso de los recursos públicos es otro de los peligros más importantes, ya que con la entrega universal de los apoyos se corre el riesgo que personas con alto poder adquisitivo accedan a ellos. Finalmente, el no tomar en cuenta a las y los jóvenes dentro de las estrategias de intervención prioritarias entra dentro de los preceptos (neo) liberales en dos sentidos: la juventud se afirma como el baluarte fundamental de los procesos productivos por lo que paulatinamente se segrega a las personas adultos mayores y; los jóvenes deben encontrar su bienestar en el mercado.
