Los de abajo | Respuesta a acuerdo de seguridad / Gloria Muñoz Ramírez
El Acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que considera obras y proyectos del actual gobierno federal como de interés público y de seguridad nacional, fue respondido con celeridad por organizaciones indígenas que coinciden que es anticonstitucional, crea un estado de excepción y abre las puertas para la represión contra los pueblos que rechacen la imposición de megaproyectos en sus territorios.
El Acuerdo sobre el carácter de seguridad nacional a las obras de infraestructura plantea más de una interrogante, pues qué ente, si no las leyes, plasman qué es de interés público y qué de seguridad nacional. Por más poderes que se tengan, no es el Ejecutivo el que puede decidirlo.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal declaró: “Desde nuestra perspectiva de pueblo originario de la Península Maya”, el decreto “es la creación de un estado de excepción contra nuestros derechos indígenas”.
En tanto, un amplio entramado de alianzas, asambleas, campañas, centros de derechos humanos y de estudios académicos, así como una serie de organizaciones no gubernamentales expresaron sus preocupaciones en un comunicado conjunto. El acuerdo, advierten, “pretende eliminar obligaciones a las que el Estado mexicano se ha comprometido y debe cumplir antes de otorgar cualquier tipo de autorización para megaproyectos, tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada en relación con dichos proyectos”.
En el mismo sentido se pronunció la Campaña Luces en Resistencia, la cual advirtió que mientras “el gobierno declare territorios ‘estratégicos’, seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército”. Las organizaciones indígenas firmantes señalan que con el acuerdo “vemos que el despojo se hace más evidente”.
