Las aguas del Colorado: ¿quién engaña a Sheinbaum?
El pasado 28 de enero la manifestación de protesta de decenas de productores agrícolas del Valle de Mexicali, encabezados por directivos de la sociedad de módulos del distrito de riego Río Colorado, dio como resultado la cancelación del foro de discusión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había convocado en instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California y al que llamó “Transformando el régimen del Agua en México. Hacia una Ley de Aguas y Reformas a la Ley de Aguas Nacionales”.
Los representantes de la Conagua cedieron a posponerlo para el 21 de este febrero. La falta de información e invitación oportuna y la sospecha razonable de que el evento serviría para validar decisiones que afectan el patrimonio de productores fueron fuertes motivos para la indignación y rechazo a la realización del foro. Los organizadores tenían ponentes acordados previamente y la presencia legitimadora de Armando Fernández Samaniego, diputado federal y ex colaborador de las administraciones estatales de Jaime Bonilla y Marina Ávila, así como de Armando Ayala Robles, ex presidente municipal de Ensenada, quien ahora preside la comisión de recursos hídricos e infraestructura hidráulica del Senado. Ambos resistieron airadas expresiones de reclamo y respaldaron una nueva fecha del foro antes de retirarse.
La inconformidad de productores tiene el razonable temor a que los cambios a la ley de aguas, promovidos desde la oficialidad, terminen por afectar el patrimonio de los productores retirando concesiones de volúmenes de agua asociadas a los terrenos agrícolas. El Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, anunciado en Palacio Nacional el 25 de noviembre de 2024, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre, enumera razones técnicas de la crisis hídrica en las diversas regiones del país; argumenta la intervención del Estado, como tutelar del interés general, para garantizar el derecho humano al agua, se propone revisar y reordenar las concesiones otorgadas, esto argumentaría una recuperación y reorientación de volúmenes.
El paquete de políticas anunciado contempla objetivos de inversión en infraestructura con el Plan Integral para el Riego Agrícola como parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 anunciado el 21 de noviembre. Entre los acuerdos firmados se consigna, por parte de Conagua, que “los distritos de riego se comprometen voluntariamente a la devolución de 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua y el sector industrial 126 millones…”.
La versión, no escrita, de Efraín Morales, director general de Conagua, de haber pedido al Distrito de Riego Río Colorado la cuota de devolución de derechos de agua por 318 millones de metros cúbicos, eventualmente distribuidos en cinco años, produjo rechazo severo por parte de directivos y productores del distrito, quienes señalaron no haber firmado tales compromisos en el marco del anuncio presidencial del Acuerdo, “no es nada escrito, es solo una carta de buena intención” lo calificó el representante de Conagua para la península de Baja California después de la posposición del foro.
¿Cómo y quiénes hicieron que la presidenta Sheinbaum tomara estas medidas que afectan severamente el patrimonio de productores de la región?, ¿quiénes y cómo determinaron estos volúmenes,? ¿quiénes y cómo es que saben, o no, las condiciones objetivas del distrito de riego y la distribución de sus aguas como para “recomendarle” a la presidenta estas “estrategias” de manejo de los recursos hídricos de la región?
Las aguas del Colorado correspondientes a México se han visto severamente disminuidas por la ya documentada y prolongada caída en las precipitaciones en su gigantesca cuenca, la dotación original para México de 1,850.2 millones de metros cúbicos de 1944, Tabla A del acuerdo entre México y EU, ya viene siendo reducida anualmente en 99 millones de metros cúbicos anuales, así fue en 2024, así será en este 2025 y es altamente probable en 2026. Adicionalmente a la reducción anterior, México firmó el acta 330 como Comisión Internacional de Límites y Aguas en las que, a cambio de 65 millones de dólares (13 centavos de dólar el metro cúbico) dejó otros 164 millones de metros cúbicos en EU en 2024, dejará otros 247 millones durante 2025 y 83 millones más en 2026.
Sumados estos volúmenes significaron el riego de 28 mil hectáreas en 2024 (a razón de un caudal de 109 litros/segundo/24 horas, 9,417.6 metros cúbicos por hectárea), casi 37 mil hectáreas para 2025 y 19 mil hectáreas en 2026. En estas condiciones, que, sumadas a otras de política pública para el sector, solo entre 2023 a 2024 dejaron de sembrarse más de 20 mil hectáreas al pasar de 142,239 a 121,603 respectivamente. ¿Cómo y a quién se le ocurre quitar otros 318 millones de metros cúbicos al distrito de riego? eso significaría, en promedio anual, 64 millones de metros cúbicos, el agua de 6,800 hectáreas cada año.
El argumento de que es agua que “no están utilizando”, es simple desconocimiento, quien puso eso en boca de la presidenta no conoce la realidad del uso del agua en el distrito de riego ni las razones por la cuales sucede.
Cierto, hay un “mercado negro” al que hay que combatir empezando por las presuntas pérdidas por decenas de millones de metros cúbicos en el par de tubos del acueducto que lleva agua a las ciudades de Tecate, Tijuana y Rosarito, solo en 2017 se perdieron 14 millones de metros cúbicos, 12 en 2020. A las ciudades de la costa se les envía anualmente cerca 166 millones de metros cúbicos, más de 70 millones por encima de su dotación, eso incluye los 9 millones anuales correspondientes a Ensenada… que no llegan a Ensenada.
La dotación de agua para las ciudades proviene de 67 pozos en la mesa arenosa en San Luis Río Colorado, que prácticamente nunca funcionan a capacidad y es necesario compensar con volúmenes del distrito de riego. Del agua de estos pozos anualmente corresponden a Mexicali 82 millones de metros cúbicos, a Tecate 3.358, Tijuana con 80, a Ensenada 9 y a San Luis Río Colorado 23 (en la versión 2022 de Conagua: 73.8 millones a Mexicali, 72 a Tijuana, 3.022 a Tecate, 8.1 a Ensenada). Un mercado negro de agua que se expresa en el “20% de fugas” en los sistemas de distribución urbanos, entre esas fugas están las conexiones sin medidor de grandes consumidores, que en el gobierno bonillista se expuso escandalosamente más por razones de sometimiento político y económico que por corregir la exacción ilegal, a la entrada al gobierno estatal de Marina Ávila se detuvo la investigación de estos casos y ha estado habiendo devoluciones de los cobros hechos por las Comisiones Estatales de Servicios Públicos (CESP) de cada municipio. Los recursos de las CESP han hecho gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores.
Cierto que es importante dejar en Ley la garantía de agua para uso humano, como derecho no como privilegio, pero no a costo del patrimonio básico del sector social. En el caso regional, en 1992, cuando se separó agua de gravedad, pozos federales y pozos particulares, se reservaron cerca de 30 millones de metros cúbicos para poblados rurales en el Valle de Mexicali (5.2 millones en 2022 según Conagua) y San Luis Río Colorado, eso significó el agua de cerca de 2,560 hectáreas. En 1995 Mexicali compró derechos de agua por 2,300 hectáreas, cerca de 27 millones de metros cúbicos (en 2022, 41.7 millones según Conagua), lo cual rebasa su consumo actual de poco más de 104 millones anuales y le garantiza el abasto del líquido por un buen número de años más. Este excedente de volumen de Mexicali, más agua del distrito de riego, explica año con año la seguridad de envío del líquido, a toda la capacidad que tiene el acueducto, para las ciudades de la Costa.
Es absolutamente necesario que haya canales de comunicación competentes y honestos con la presidenta Sheinbaum en materia del agua de la región para que no pongan en su voz versiones incorrectas que produzcan decisiones equivocadas. El sobreconcesionamiento de derechos de agua peñista es esencialmente al sector privado. En el sector social del agua, como son los distritos de riego, sí hay abusos que corregir, y hay que decir que éstos no serían posibles sin el vínculo con instancias de gobierno, sobre todo de los órdenes federal y estatal, pero es imprescindible evitar perjudicar el patrimonio familiar de productores agropecuarios con decisiones gubernamentales que tienen como base la falta de conocimiento y el engaño… como esto de los 318 millones de metros cúbicos.
*Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx
