Las 40 horas: la reforma que reduce la jornada… pero incentiva el sobretrabajo
La reducción de la jornada laboral e n México de 48 a 40 horas semanales ha sido presentada como un logro histórico. Sin embargo, detrás del entusiasmo político existe una realidad jurídica mucho más compleja: la reforma aún no está completa, no ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y, aun cuando lo sea, seguirá siendo una norma constitucional sin aplicación inmediata en la vida laboral cotidiana.
En otras palabras, México ha aprobado —hasta ahora— una promesa constitucional, no una regla operativa.
El Senado avaló la reforma para establecer gradualmente la jornada máxima de 40 horas, pero el proceso legislativo aún no concluye. Falta la aprobación de la Cámara de Diputados, su promulgación y publicación. Solo entonces se convertirá formalmente en parte de la Constitución. Incluso en ese momento, el cambio no será inmediato en los centros de trabajo, porque la reforma constitucional requerirá necesariamente una modificación posterior a la Ley Federal del Trabajo.
Este detalle, poco explicado en el debate público, es fundamental. Mientras la ley secundaria no sea reformada, seguirá vigente el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que establece jornadas máximas equivalentes a una semana de 48 horas. La Constitución podrá ordenar un límite menor, pero sin ajustes legales específicos, las empresas continuarán operando bajo las reglas actuales.
A ello se suma el carácter gradual de la reforma. Se prevé una transición progresiva que mantendrá el límite de 48 horas durante 2026, lo reducirá a 46 en 2027, a 44 en 2028, a 42 en 2029, y finalmente a 40 en 2030.
Sin embargo, la discusión más profunda se encuentra en la interacción con el régimen de horas extras. La reforma reduce la jornada ordinaria, pero mantiene —e incluso amplía— el margen para el trabajo extraordinario. Conforme avance la gradualidad, el trabajador podrá tener una jornada ordinaria menor, pero seguirá pudiendo laborar hasta 12 horas extras semanales.
Así, aun cuando el límite constitucional llegue a 40 horas, el tiempo real de trabajo podría alcanzar hasta 52 horas por semana. La jornada legal se reduce, pero la jornada real podría permanecer prácticamente intacta.
El fenómeno más relevante no es el tiempo, sino el dinero. Las horas extras se pagan con recargos importantes, por lo que un trabajador podría incrementar su ingreso entre 40 y 60 por ciento si recurre al máximo sobretiempo permitido.
Esto introduce una tensión estructural. La reforma busca reducir la carga laboral y mejorar la calidad de vida, pero al mismo tiempo permite compensar esa reducción mediante más trabajo extraordinario.
El impacto alcanza también a la seguridad social. Las horas extras habituales integran el salario base de cotización, lo que puede mejorar prestaciones para el trabajador, pero aumenta los costos laborales para las empresas.
La reducción constitucional de la jornada es solo el primer paso. Sin ajustes al régimen de horas extras en la futura reforma a la Ley Federal del Trabajo, la disminución podría convertirse en un cambio formal, más que en una reducción real del tiempo de vida dedicado al trabajo.
Porque, al final, la pregunta no es cuántas horas dice la Constitución, sino cuántas horas logra recuperar un trabajador para vivir.
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