La reforma que falta: fin al tráfico con la necesidad humana de la caridad gubernamental
Las sucesivas generaciones que van ocupando cargos políticos y gubernamentales, de todos los partidos, reproducen con vigor la profundamente enraizada costumbre de traficar con la necesidad humana para obtener beneficios de encumbramiento político y en espacios gubernamentales usando, sin escrúpulos, a grupos sociales que generalmente tienen desventajosas condiciones materiales y económicas: ingresos insuficientes para cubrir necesidades elementales de alimentación, vivienda, agua, gas, electricidad, servicios médicos, escuela, transporte, seguridad.
Me refiero al dinero público utilizado en acarreos masivos de grupos de personas que generalmente se componen por madres, niñas/os, personas mayores, para vestir de asistencia a costosos montajes de actos gubernamentales de entrega de apoyos, de títulos de propiedad, de despensas, de becas, también para preanunciar, anunciar, poner la primera piedra, preinaugurar, inaugurar, reinaugurar alguna obra pública o inversión gubernamental y donde se instalan numerosos anuncios espectaculares con los montos de inversión detallados hasta centavos y el número de beneficiados contados con precisión
increíble.
Subrayo también todo ese presupuesto de gobierno empleado en el mercantilismo político que se traduce en operaciones como la propaganda intensa, masiva y espectacular para el culto a la personalidad de gobernantes tanto en medios convencionales de comunicación, en incontables plataformas de redes sociales, en infraestructura física de publicidad, donde aparecen en gigantescas fotografías luciendo la mejor sonrisa, el mejor ángulo, ropa, traje, tinte, peinado, maquillaje, etc.
Toda esta parafernalia institucionalizada no es más que tráfico con la necesidad humana que emula la filantropía y la caridad que las clases acomodadas inventaron en busca de legitimidad social, de reconocimiento de “la gente” a su magnanimidad, pero que no pretende cambiar el estado de las cosas.
El uso de dineros públicos hace más reprobable esta conducta en quienes van ocupando los espacios gubernamentales y políticos.
En los gastos públicos excedentarios e innecesarios deben incluirse todas esas costosas, aparatosas, giras multitudinarias de supervisión de obras e inversiones y de “promoción”, que en los hechos solo resultan “turismo gubernamental”, simulación llana, cada inversión pública tiene institucionalmente procedimientos de supervisión y contraloría operados por estructuras y normatividad establecidas, éstas deben funcionar y garantizar cumplimientos.
En la función directiva pública se deben proscribir estas actividades tradicionales, las que algunos piensan que es “gobernar”, pero no lo es, la conducción del gobierno requiere una comprensión profunda de lo verdaderamente estratégico para conseguir desarrollo y resolver problemas sociales, y para identificar los mecanismos efectivos y su utilización, sin desperdicio de recurso público, no caben en el ejercicio de gobierno los criterios superficiales, cualquier desvío o entretenimiento banal tiene un efecto social que puede ser trágico.
Esta es una reforma, a la institucionalidad gubernamental, que falta.
La intensidad política en la discusión pública sobre las reformas constitucionales que vienen se concentran en las veinte iniciativas que el presidente envió al Congreso en febrero pasado, y de ésas la del poder judicial domina el escenario, sin embargo todas son de meridiana e histórica restauración de reivindicaciones sociales, ya los liderazgos de la coalición mayoritaria hicieron pública su convocatoria para la discusión de “las veinte” y preparar las redacciones finales para que en el arranque de la nueva legislatura, antes de que se empiecen a presentar “reconsideraciones” y deserciones, se avance en su aprobación por el constituyente permanente. La reforma que falta es la proscripción legal del tráfico político gubernamental con la necesidad humana que significa los mecanismos de entrega de beneficios públicos en actos publicitarios, el gasto público en el culto a la personalidad y el turismo gubernamental.
La gestión y entrega de beneficios públicos deben ser, por ley, un simple trámite de ventanilla, sin la manipulación publicitaria de la práctica insultante de una “caridad gubernamental” que, en los hechos, es operada por quienes
buscan empoderamiento público para satisfacción personal y de pandilla.
*Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx
