La política ambiental se demuestra con hechos / Alicia Bárcena Ibarra*

Desde el pedestal, con la suficiencia de quien reclama para sí la potestad de establecer la verdad definitiva, un articulista decidió desenfundar la pluma y empeñarla en una serie de ataques ad hominem –o, en este caso, ad feminam– que me obligan a compartir, por la misma vía pública que él eligió, algunos antecedentes, datos y argumentos que soslayó al momento de escoger los adjetivos de su columna.

Antes, un gesto básico. Reconozco en el autor al académico excepcional, al hombre comprometido y a una figura indispensable por sus aportes a la ecología política, la agroecología, la etnobiología y la etnobotánica. Fue también mi profesor y mentor. No le regateo ningún reconocimiento: conozco y respeto su trayectoria y su solvencia científica.

Pero sus innegables virtudes académicas no otorgan patente de corso cuando se asume la dimensión de analista político. En su columna, acusa, juzga y ejecuta sentencia sin detenerse en los hechos. Me imputa connivencia con intereses empresariales y califica de “demagógica” la iniciativa de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental sin dedicar un solo argumento a su contenido.

Ojalá la lea. La iniciativa, firmada por la Presidenta Claudia Sheinbaum y hoy en manos del Congreso, fortalece las atribuciones del Estado en restauración ecológica y adaptación al cambio climático; amplía instrumentos de prevención y justicia ambiental; protege a las personas defensoras del ambiente; fortalece la participación social y los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Cinco décadas he dedicado a hacer de la sostenibilidad ambiental un eje de la política pública nacional, regional y global. Desde la Cumbre de la Tierra hasta el Acuerdo de Escazú, he trabajado para fortalecer instituciones y una convicción: desarrollo y medio ambiente son indisolubles, y el bienestar de nuestros pueblos exige justicia social, económica y ambiental.

La Semarnat está del lado de una prosperidad con bienestar bajo una visión progresista que concilia desarrollo, igualdad y protección ambiental. Está del lado de la naturaleza, de las comunidades, de la legalidad y del interés público.

Pero vayamos a los hechos:

En la Bahía de Ohuira no se ha otorgado durante mi gestión autorización ambiental a empresa alguna. La autorización original para la planta de amoníaco de GPO fue emitida en 2014. Tras una resolución de la Suprema Corte, la administración anterior de la Semarnat realizó la revisión ambiental y la consulta a 15 comunidades mayo-yoreme, y en 2022 emitió una nueva autorización ambiental condicionada. Nuestra responsabilidad ha sido revisar, vigilar, dialogar con las comunidades para fortalecer las medidas de protección ambiental y la restauración de la Bahía de Ohuira.

En Cabo Pulmo, la autorización cuestionada fue emitida en septiembre de 2024, un mes antes de mi llegada a la Semarnat. Al asumir el cargo instruí su revisión y el 24 de octubre del mismo año iniciamos el proceso para dejarla sin efectos por poner en riesgo el equilibrio ecológico y la riqueza coralina de esta área natural protegida, pidiendo también la renuncia del encargado regional que otorgó de forma irregular el permiso original. Posteriormente suspendimos otros proyectos relacionados en la zona.

Otros casos exigen la misma precisión. Las autorizaciones fundamentales de Malecón Tajamar datan de 2005 y 2006. En 2023, la Suprema Corte de Justicia resolvió una prohibición definitiva con una oportuna intervención de Cemda; la Mina Esperanza Silver recibió autorizaciones en 2005, 2007 y 2009, y todas las solicitudes posteriores fueron negadas o improcedentes, actualmente no cuenta con autorización para operar. La mina Los Cardones en Baja California Sur fue autorizada en 2014; actualmente suspendida por un tribunal. En julio de 2026, emití un decreto que prohíbe toda actividad minera en Áreas Naturales Protegidas; la Península de los Sueños fue autorizada en 2016; el Parque solar de San Salvador el Seco fue autorizado en 2019; y, finalmente, el proyecto Torres Peñasco Tres Marías fue negado durante mi gestión en agosto de 2026.

El autor conoce bien estas complejidades. Encabezó la Semarnat entre 2019 y 2020 y varios de los expedientes que hoy cuestiona ya transitaban entonces por la institución a su cargo.

Durante décadas, gobiernos neoliberales explotaron el territorio de manera voraz. México arrastra conflictos socioambientales: autorizaciones previas, litigios, territorios bajo presión y comunidades que exigen participar en decisiones que afectan su futuro.

Gobernar ambientalmente obliga a ponderar la ley, la evidencia científica, los derechos de las comunidades y los límites ecológicos; no basta con leer la opinión publicada y decretar desde fuera la inviabilidad de cualquier proyecto.

La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente propone una visión progresista y humanista de la política ambiental. No contraponer naturaleza y desarrollo, prevenir antes que reparar, restaurar lo degradado, reconocer derechos y transitar hacia un futuro que no destruya las bases naturales que lo hacen posible.

La crítica es bienvenida, incluso cuando incomoda. Pero también debe someterse al rigor de los hechos. Los resultados de nuestra gestión deberán juzgarse por sus resultados, no por adjetivos ni desinformación, sino por hechos.

* Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México