La Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías

Las lecturas del mundo y de la vida, por suerte, son diversas, y mucho de ello depende del lugar desde donde cada quien se encuentra. La perspectiva que proviene del privilegio es diferente de aquella que nace de vivir cada día la precariedad de oportunidades, algo aún común en vastos sectores de nuestra población. Ello debiera presidir nuestra reflexión. Aquellos que tienen menos, se ha llegado a afirmar, necesitan menos, y así se va viendo como natural la desigualdad que lacera desde hace siglos a nuestra sociedad. El sufrimiento social no importa, mientras no se afecte el sistema de distribución diferencial de privilegios. Y así, aquello que atenta contra la naturalización del privilegio incomoda, por supuesto, a los privilegiados. Esto se aplica en muchos campos, y uno de ellos remite a la responsabilidad del Estado respecto al ejercicio de la investigación en nuestro país.

En el sentido de las cosas y de los procesos radica su esencia, no en los mecanismos particulares que a menudo nos distraen de ese sentido. Los mecanismos que figuran en esta ley, ya aprobada en las Cámaras de Diputados y Senadores, remiten a una caracterización del sentido del quehacer científico como no se había tenido antes desde el Estado. Los mecanismos derivan ahora del sentido, y no al revés.

Lo contrario se había vuelto lo natural: poner el acento en los mecanismos, en el método a evaluar, y no en el sentido de todo ello; no en preguntas necesarias y elementales, como ¿para quién se hace investigación? ¿Para qué? ¿Con quién? Preguntas absurdas en una sociedad donde privan las recetas, la construcción de feligresía, la conformación de masas de súbditos, de consumidores, de verdades reveladas, en el seno de la jerarquización impuesta, pero asumida como natural, inherente a la colonialidad, al neoliberalismo, a la ficción de democracia, al patriarcado.

Una iniciativa de ley relativa al papel del Estado respecto a las humanidades, las ciencias y las tecnologías ha sido aprobada por los representantes del electorado mayoritario.

Tiene, como todas las leyes que no provienen de alguna deidad, matices y aspectos a mejorar. Pero el proceso ya está iniciado y la ley abre ese proceso indispensable, que no existía. Ese solo hecho es una vía promisoria inédita.

La iniciativa fue sometida a debate reiteradamente, pero muchos de sus airados detractores ni siquiera se tomaron la molestia de leerla, tomando prestadas opiniones de otros y perdiendo con ello la oportunidad de ponderarla desde su propio juicio en sus diversos elementos y modalidades. Y muchos medios han contribuido a esta campaña de desinformación, con una regularidad bien financiada que nunca vimos en sexenios previos.

Sin que ello signifique que los trabajadores de las ciencias en este país se hayan todos doblegado a esta naturalización, hay que reconocer que la legislación previa permitió naturalizar el uso de recursos públicos para intereses privados. Se naturalizó la discrecionalidad en la selección de proyectos de investigación, a favor de camarillas. Se naturalizó la pretensión de una sola y excluyente perspectiva del quehacer científico. Se naturalizó encasillar a las humanidades, las ciencias y las tecnologías como campos divorciados en la responsabilidad del Estado. Se naturalizó descalificar el conocimiento tradicional como infracientífico, como si la capacidad de observación y deducción fueran exclusividad de las torres de marfil. Se naturalizó la orientación productivista destinada a nutrir trayectorias personales; se naturalizó, con premios, el ejercicio individualista de la simulación al margen de la realidad social del país. Se naturalizó la primacía de documentar a costa de incidir.

En ese sentido, sí es antinatural esta ley, y eso irrita a quienes han medrado por años en ese mundo natural de los privilegios autoasignados y autojustificados. Ahora la consigna es saltarse las reglas. Hay legisladores electos, pero cuando el ejercicio legislativo se lleva a cabo, si no satisface a los privilegiados de siempre, vienen las argucias de inconstitucionalidad, al amparo de un Poder Judicial que reniega en los hechos de la imparcialidad y la equidad. Y en eso estamos.

* Instituto Nacional de Antropología e Historia

** Director Fundador del Jardín Etnobotánico de Oaxaca