La jornada de 40 horas y el mito de la productividad automática

La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales se ha presentado como un avance casi inevitable en la agenda laboral mexicana. Bajo la promesa de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, la reforma ha sido bien recibida en el discurso político y social. Sin embargo, entre la expectativa y la realidad existe un vacío que no se ha querido discutir con suficiente seriedad: la productividad no se genera por decreto.

El planteamiento parece sencillo: si se trabaja menos horas, se trabajará mejor. Pero la experiencia económica demuestra que esta relación no es automática. La productividad —entendida como la cantidad de bienes o servicios generados por unidad de trabajo— no depende únicamente del tiempo invertido, sino de factores mucho más complejos: inversión en tecnología, capacitación, organización empresarial y eficiencia en los procesos productivos.

Reducir la jornada sin modificar estas variables equivale, en términos prácticos, a repartir la misma capacidad productiva en menos tiempo. Y cuando eso ocurre, el resultado no es necesariamente mayor bienestar, sino presión sobre los costos laborales, disminución de márgenes empresariales o, en el peor de los casos, incentivos para la informalidad.

Aquí es donde conviene hacer una distinción que rara vez aparece en el debate público: no es lo mismo productividad laboral que productividad del capital. La primera se refiere al rendimiento del trabajador; la segunda, a las condiciones estructurales en las que ese trabajador opera. En México, el problema no radica en que se trabaje demasiado, sino en que muchas veces se trabaja con herramientas insuficientes, procesos obsoletos y una baja inversión en innovación.

México trabaja más horas que muchas economías desarrolladas, pero produce significativamente menos por hora trabajada. El problema, entonces, no es de tiempo, sino de productividad.

La discusión resulta aún más incompleta si se considera que la propia Ley Federal del Trabajo ya reconoce la capacitación y el incremento de la productividad como ejes fundamentales de la relación laboral. No obstante, la reforma sobre la jornada ha avanzado sin articularse con estos elementos. Se legisla sobre el tiempo de trabajo, pero no sobre la calidad del mismo.

La capacitación, la modernización de procesos y la mejora en la eficiencia productiva siguen siendo asignaturas pendientes que, paradójicamente, la propia legislación laboral ya contempla, pero que en la práctica han sido relegadas a un segundo plano.

Pretender que la reducción de la jornada corregirá estos problemas es invertir el orden lógico de las cosas. Primero se construyen las condiciones para producir más; después, se puede discutir cómo distribuir mejor el tiempo de trabajo.

Hacerlo al revés implica trasladar al sector productivo una carga que el Estado no ha querido asumir.

Y aquí surge la crítica inevitable: la reforma avanza sin una política pública paralela que incentive la productividad. No hay, hasta ahora, un paquete serio de estímulos fiscales, programas de modernización tecnológica o estrategias de fortalecimiento industrial que acompañen la transición.

Se legisla sobre el tiempo, pero se ignoran los factores que determinan su eficiencia.

Esto no significa que la reducción de la jornada sea, en sí misma, una mala idea. Existen experiencias internacionales —particularmente en economías desarrolladas— donde jornadas más cortas han coexistido con altos niveles de productividad.

Pero en esos casos, la medida ha sido el resultado de procesos largos de inversión, innovación y fortalecimiento institucional, no el punto de partida.

El riesgo en el contexto mexicano es distinto. Aplicar la reducción de la jornada sin modificar las condiciones estructurales puede generar efectos no deseados: incremento en costos laborales sin aumento proporcional en la producción, ajustes en plantillas, intensificación del trabajo en menos horas o, simplemente, el traslado de actividades al sector informal.

En otras palabras, el problema no es trabajar menos; el problema es producir más.

Y esa ecuación no se resuelve con reformas laborales aisladas, sino con una visión integral de desarrollo económico.

Porque, al final, conviene decirlo sin rodeos: reducir la jornada laboral puede ser una meta legítima, incluso deseable. Pero pensar que por sí sola detonará la productividad es una simplificación peligrosa.

La productividad no se decreta; se construye.

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