Justicia para las trabajadoras del hogar

Es un hecho innegable: a 111 años de la proclamación del Día Internacional de la Mujer, la mitad de las personas trabajadoras pertenecen a un grupo discriminado con base en su género. Cuando se habla de equidad en los centros de trabajo es esencial reconocer que históricamente las mujeres no han contado con las mismas oportunidades que los hombres. Son recientes los esfuerzos por entender las desigualdades estructurales que han mantenido en desventaja –sobre todo, económica– a este sector de la población. Aún queda mucho por hacer y en el Mes de la Mujer debemos reflexionar sobre las deudas pendientes.

Desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República, que tengo el honor de presidir, hemos legislado para saldar un rezago histórico. La semana pasada aprobamos diversos dictámenes que tienen como finalidad garantizar condiciones dignas y seguras dentro de los centros de trabajo, reconociendo las desventajas y los distintos tipos de violencia a los que suelen estar expuestas en mayor medida las mujeres.

En este sentido, cuando hablamos de proteger los derechos laborales, debemos comenzar por asegurar condiciones dignas para aquellas personas que han sufrido precarización y violencia de manera sistemática. Tal es el caso de las trabajadoras del hogar, un gremio compuesto principalmente por mujeres –94 por ciento del total– que por mucho tiempo fueron relegadas como una “ayuda” en las labores domésticas, sin reconocer su condición de empleadas. Esta visión estaba enraizada en una perspectiva machista, discriminatoria y de marginación, donde las actividades domésticas y de cuidados eran responsabilidad exclusiva de la mujer y no eran valoradas en el núcleo familiar.

Los tiempos han cambiado y nuestra manera de legislar lo debe hacer también. Por eso, desde el Senado impulsé un dictamen que tiene como finalidad visibilizar el trabajo doméstico como lo que es: un empleo que conlleva obligaciones, pero también derechos que dignifican la actividad y garantizan la integridad de la trabajadora. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), menos de 2 por ciento de las trabajadoras del hogar cuentan con prestaciones laborales dignas, como son servicios básicos de salud, seguros laborales y cotización para la pensión, entre otras. Para los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, esta situación era inconcebible, por lo que llevamos a cabo las acciones necesarias –investigación, foros de discusión, mesas de trabajo y parlamentos abiertos, entre otros– para promover una reforma a la Ley del Seguro Social con el propósito de incluir como sujetos de derechos a las personas, mujeres y hombres, trabajadoras del hogar.

Con la aprobación de este dictamen, estos grupos tendrán acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria para ellos y sus familias, a incapacidad por enfermedad o accidentes de trabajo, a estancias infantiles e instalaciones deportivas y culturales, así como a una pensión que facilite el disfrute de su vejez. El acceso a estos beneficios mejorará las condiciones de vida de las personas trabajadoras del hogar, así como de sus seres queridos. Sin duda, este dictamen representa un paso más de la política social hacia la justicia y la paz laboral.

Todas y todos tenemos derecho a un trabajo que nos abra oportunidades y perspectivas de un mayor bienestar. Si bien aún faltan muchas cosas por hacer para que las trabajadoras del hogar cuenten con condiciones laborales óptimas, este dictamen es un paso trascendente y digno en la dirección correcta. No cabe duda de que la dignidad es uno de los valores más importantes del ser humano y debemos seguir luchando por defenderla. Sin ella, las personas están sujetas a que se comentan abusos y humillaciones sin que tengan la fuerza y la calidad moral para defenderse.

Como sociedad, nos toca velar para que este nuevo instrumento jurídico sea aplicado en todos los rincones de la República. Además, será nuestra responsabilidad continuar los esfuerzos por entender y atender la causa de los abusos y la discriminación contra las mujeres trabajadoras en general: la falta de reconocimiento de sus aportaciones en las actividades productivas. Durante mucho tiempo, las personas trabajadoras del hogar hicieron esfuerzos y sacrificios en un empleo que es primordial para el correcto funcionamiento de la sociedad, pero que conlleva poca retribución y escaso reconocimiento. En una sociedad consciente y responsable, esto no debe ocurrir nunca más.