“Irrespeto” como sentencia: cuando la Casa Blanca normaliza la bala

Cuando un presidente sugiere que la “falta de respeto” puede explicar una muerte a manos del Estado, el problema deja de ser un tiroteo y se convierte en doctrina. La justificación de Donald Trump al asesinato de la ciudadana Renee Good por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, no solo desdibuja los límites del uso legítimo de la fuerza, sino que instala una narrativa peligrosa: la obediencia como condición para seguir con vida, en un país que presume la libertad como principio fundacional.

La muerte de Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, no es solo un episodio más en la larga lista de abusos asociados a la ofensiva migratoria de la administración Trump. Es, sobre todo, una prueba de estrés para el Estado de derecho en Estados Unidos. 

La reacción del presidente Donald Trump, lejos de llamar a una investigación exhaustiva o a la contención institucional, añadió una capa más inquietante: la “falta de respeto” de la víctima hacia las fuerzas del orden como justificación implícita de su muerte.

El argumento no es menor. Introduce una lógica peligrosa: el comportamiento —subjetivamente evaluado— de un civil como factor que podría legitimar el uso de fuerza letal por parte del Estado. En términos políticos y jurídicos, es una pendiente resbaladiza.

De acuerdo con reportes de los corresponsales del The New York Times, Trump declaró a bordo del Air Force One que “como mínimo” la mujer fue “muy, muy irrespetuosa” con las fuerzas del orden. 

El agente involucrado, Jonathan Ross, pertenece al ICE, una agencia que en el último año ha operado con márgenes cada vez más amplios de discrecionalidad. El vicepresidente J. D. Vance llegó incluso a afirmar que el agente tiene “inmunidad absoluta”, una expresión jurídicamente imprecisa pero políticamente reveladora: la Casa Blanca no solo respalda la acción, sino que busca blindarla frente al escrutinio público y judicial.

Cuando se le preguntó directamente si el uso de fuerza letal era necesario, Trump no habló de protocolos, ni de proporcionalidad, ni de riesgos inminentes. Volvió al mismo punto: el “irrespeto”. En un país donde la Primera Enmienda protege incluso la expresión incómoda o confrontativa, el mensaje es claro: disentir, protestar o simplemente cuestionar a un agente federal puede colocarte en la categoría de “merecedor” de la fuerza del Estado.

La exfiscal federal Barbara L. McQuade, profesora en la University of Michigan, lo sintetizó con precisión: se trata de controlar la narrativa, culpar a la víctima y enviar un mensaje intimidatorio a la ciudadanía. No es solo justificar un caso concreto; es disciplinar el espacio público. Si la gente teme ser arrestada o baleada por observar, protestar o hablar, el efecto buscado es la autocensura.

El contraste político: Nueva Jersey como desafío

Este episodio ocurre mientras, en el extremo opuesto del tablero político, los demócratas de New Jersey avanzan en sentido contrario. Envalentonados por sus victorias electorales de noviembre, aprobaron un paquete de leyes para ampliar los derechos de los inmigrantes y reforzar las protecciones existentes frente a la cooperación con agentes federales. No es un gesto simbólico: Nueva Jersey tiene el segundo mayor porcentaje de inmigrantes del país, solo detrás de California.

Las medidas, aprobadas al cierre del periodo legislativo, buscan dificultar que el ICE utilice a las policías locales como brazo auxiliar de la deportación masiva. La reacción de la administración Trump fue inmediata y crítica, en línea con su estrategia de presión a estados y ciudades que no se alinean con su política migratoria.

La gobernadora electa Mikie Sherrill había evitado durante la campaña fijar una postura frontal sobre la Directiva de Confianza en los Inmigrantes, vigente desde 2018. Su rival republicano, Jack Ciattarelli, prometía derogarla como guiño al trumpismo duro. El asesinato de Renee Good reconfiguró el debate: varios legisladores citaron el caso antes de emitir su voto, convirtiendo la tragedia en catalizador político.

Este asunto debe importar a todos porque la yuxtaposición es reveladora. La Casa Blanca trumpista normaliza una narrativa donde el “respeto” se convierte en vara para medir el derecho a la vida, ¿acaso así será el discurso para todos, allende las políticas migratorias y las fronteras? Dios nos libre de que se abran confrontaciones sobre el alcance del poder coercitivo del Estado norteamericano y los límites de la obediencia civil en el continente y en el mundo.