ICE despierta al tigre: los excesos migratorios que amenazan a Trump en las urnas
La política migratoria de Donald Trump, que durante años funcionó como uno de los pilares más sólidos de su capital político, se ha convertido en su frente interno más problemático. Los errores operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis, donde agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en menos de un mes, han desatado una cadena de consecuencias políticas que hoy ponen en riesgo no solo a su administración, sino al desempeño electoral del Partido Republicano rumbo a las elecciones intermedias de noviembre.
Lo que comenzó como una ofensiva de “mano dura” para reforzar la aplicación de las leyes migratorias terminó por activar protestas ciudadanas masivas, tensiones institucionales con los gobiernos estatales, fracturas internas en el Partido Republicano y una caída significativa en la aprobación pública de la agenda migratoria presidencial.
Los asesinatos de Renee Good (7 de enero) y Alex Jeffrey Pretti (sábado siguiente), ambos ciudadanos estadounidenses de 37 años, durante enfrentamientos con agentes federales, marcaron un antes y un después. Las imágenes, testimonios y reportes periodísticos convirtieron lo que la Casa Blanca intentó presentar como “operativos de seguridad” en un debate nacional sobre uso excesivo de la fuerza y falta de control civil sobre ICE.
Las manifestaciones se multiplicaron no solo en Minnesota, sino en otras ciudades del país. El mensaje dejó de ser exclusivamente pro-migrante: se transformó en una protesta ciudadana contra un aparato federal percibido como fuera de control.
El golpe en las encuestas
El impacto político quedó reflejado con claridad en la más reciente encuesta de Reuters|Ipsos, publicada esta semana. Según el sondeo, la aprobación de la política migratoria de Trump cayó a su nivel más bajo tanto de su primer como de su segundo mandato. Una mayoría de los estadounidenses considera que la ofensiva migratoria “ha ido demasiado lejos”.
El levantamiento de la encuesta se realizó de viernes a domingo e incluyó respuestas antes y después del segundo asesinato en Minneapolis, lo que refuerza la conexión directa entre los hechos violentos y el deterioro en la percepción pública.
Para un presidente que hizo de la inmigración un eje electoral, este dato es una señal de alarma: el tema ya no moviliza únicamente a su base, sino que empieza a alienar a votantes independientes y moderados.
Kristi Noem, en la cuerda floja
La crisis alcanzó al gabinete. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, enfrenta llamados abiertos a ser relevada del cargo. Demócratas de la Cámara de Representantes anunciaron que iniciarán una investigación formal sobre su gestión, con la vista puesta en un eventual proceso de destitución.
Aunque los propios demócratas reconocen que un impeachment exitoso es improbable en el corto plazo, la investigación cumple una función política clave: fijar responsabilidades, documentar abusos y mantener el tema vivo durante el ciclo electoral.
La investigación anunciada por los demócratas no sigue el libreto clásico. Sin el concurso republicano, la oposición decidió avanzar sola, alegando la renuencia de la mayoría a ejercer una supervisión efectiva del Ejecutivo. El cálculo es explícito: saben que destituir a Noem es improbable en el corto plazo, pero abrir una investigación formal sirve para dos cosas. Primero, para documentar responsabilidades políticas y administrativas en una represión que ya dejó muertos. Segundo, para fijar un marco narrativo de rendición de cuentas que hoy no existe del lado republicano.
La Casa Blanca leyó el riesgo y ajustó el tono. Cambió liderazgos en Minnesota y suavizó su discurso sobre los manifestantes muertos. No es un acto de contrición; es control de daños. El problema es que el giro llega tarde y luce reactivo. Las imágenes, los nombres y las víctimas ya instalaron una percepción: el uso de la fuerza migratoria cruzó una línea.
Noem se ha convertido en el rostro administrativo de una política que dejó de ser defendible incluso para algunos aliados republicanos.
Pam Bondi y el terreno electoral minado
La tensión escaló aún más cuando la fiscal general Pam Bondi envió una carta al gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la que exigía tres “pasos sencillos” para restablecer el orden. El tercero encendió todas las alarmas: permitir que el Departamento de Justicia accediera a los padrones electorales del estado.
El secretario de Estado de Minnesota, Steve Simons, rechazó la exigencia de inmediato, calificándola como “un intento indignante de obligar a Minnesota a entregar datos privados de millones de ciudadanos, violando leyes estatales y federales”.
De acuerdo con reportes de Reuters, esta solicitud forma parte de un esfuerzo nacional del Departamento de Justicia para obtener datos de votantes en distintos estados, varios de los cuales ya han sido demandados por negarse a entregarlos. En año preelectoral, el cruce entre migración, fuerza federal y padrones electorales resulta políticamente explosivo.
Fisuras republicanas y costo electoral
Trump apostó a una carta conocida: endurecer, exhibir músculo y obligar al adversario a replegarse. Durante meses, funcionó. Pero el contexto cambió. La violencia en Minneapolis y la investigación a Noem revelan que el farol perdió credibilidad. La oposición encontró una grieta procedimental —la supervisión— y la opinión pública, una grieta moral. Cuando ambas se alinean, la narrativa oficial se erosiona rápido.
Además, la decisión demócrata de avanzar sin republicanos es una señal de época: no buscan el veredicto del Senado, buscan el juicio de la opinión pública. Y ahí, hoy, la Casa Blanca juega de visitante.
La política migratoria es uno de los pilares identitarios del trumpismo. Si ese pilar se asocia con abuso, letalidad y opacidad, el daño trasciende el expediente Noem. Contamina al conjunto del proyecto y abre flancos en estados clave. Para la región —y para México— el mensaje también importa: una agenda migratoria desbordada por la violencia tiende a externalizar costos, a presionar fronteras y a endurecer posturas sin coordinación real.
El daño no se limita a la oposición. El abogado Chris Madel, aspirante republicano a la gubernatura de Minnesota, abandonó esta semana la contienda, denunciando una “campaña de represalia” del gobierno federal y el impacto político de la violencia asociada a los operativos migratorios.
Su salida es una señal clara de las tensiones internas que atraviesa el Partido Republicano: la estrategia de endurecimiento absoluto empieza a ser vista como un lastre electoral en estados competitivos.
Los excesos de ICE en Minneapolis despertaron un tigre que la administración Trump no parece tener completamente bajo control. Protestas ciudadanas, caída en las encuestas, amenaza de destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, disputas por datos electorales y fracturas internas en el Partido Republicano configuran un escenario adverso rumbo a noviembre.
La política migratoria, que durante años fue una carta ganadora para Trump, hoy amenaza con convertirse en el factor que incline la balanza en su contra en las elecciones intermedias. La pregunta ya no es si la agenda fue dura, sino si fue políticamente sostenible.
