Guerrero, foco rojo
Comisarios de al menos 112 comunidades de los municipios Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan denunciaron que desde el 28 noviembre pasado un grupo delincuencial ha secuestrado a 10 personas de Barranca de Velázquez (prácticamente todos los habitantes de esa ranchería), un hombre y un niño de Coronillas y otros dos habitantes de San Bartolo.
Las privaciones de la libertad se cometieron pese a que en octubre se integró el grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la Paz de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, con el cual los habitantes buscan hacer frente a organizaciones criminales como La familia michoacana, que ha atacado la zona con drones artillados y provocado el desplazamiento forzado de una parte de la población.
Las desapariciones en las comunidades mencionadas son uno de los episodios más recientes de la espiral de violencia que azota a la entidad. El 23 de octubre, el secretario de Seguridad Pública, el director de la policía preventiva, así como 11 agentes del municipio de Coyuca de Benítez, fueron emboscados y asesinados en una comunidad ubicada cerca de la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
Casi a la misma hora, en Chilpancingo, murió baleado Rigoberto Acosta González, catedrático y ex dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig). Justo una semana antes, un grupo armado ejecutó a uno de los fundadores de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en el municipio de San Marcos, ubicado en la Costa Chica; y al día siguiente perdió la vida de la misma manera Bruno Placido Valerio, fundador y coordinador estatal de dicho organismo.
San Miguel Totolapan es uno de los municipios más sofocados por la violencia armada. En octubre de 2022, alrededor de un centenar de hombres asaltaron la cabecera municipal, donde masacraron a más de 20 personas, entre las que se encontraban el edil, su padre y ex alcalde, el director de seguridad pública local, un escolta del munícipe y un miembro de su equipo de seguridad.
En abril de 2021, Carlos Marqués Oyorzábal, comisario del poblado de Las Conchitas, fue torturado, desmembrado y decapitado frente a su hijo de 11 años. Al menos desde 2014, centenares de personas han tenido que huir de la demarcación dejando atrás su exiguo patrimonio en el intento de poner a salvo sus vidas.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ubica a Guerrero como la entidad en la que más personas han sido orilladas a abandonar sus hogares debido a la inseguridad: con 25 mil víctimas de desplazamiento forzado, concentra a la mitad de las víctimas de todo el país.
De acuerdo con este organismo, el problema se remonta a la guerra sucia (1969-1979), cuando el Ejército operó como una verdadera fuerza de ocupación y las autoridades reforzaron el poder de los caciques a fin de sofocar la insurgencia campesina y magisterial.
Hoy día, las agresiones crecen debido a la instauración de un modelo de economía criminal con negocios ilícitos en los cuales se usa a grupos delictivos para el control territorial y social.
Todos estos acontecimientos, muchos más que sería imposible enumerar en este espacio y, sobre todo, la toma de Chilpancingo del 10 de julio de este año, cuando más de 5 mil personas se movilizaron para exigir la liberación de un cabecilla del crimen organizado, son manifestaciones de la inquietante descomposición que se vive en el estado y de la influencia de los grupos delictivos en porciones crecientes del territorio.
Ante la zozobra que padecen centenares de miles de guerrerenses, así como el riesgo de que el panorama se enturbie aún más por el impacto económico del huracán Otis, es preciso que los tres niveles de gobierno atiendan la inseguridad como prioridad máxima, pues ni Guerrero ni ninguna otra zona del país merece vivir a la sombra de los criminales.
