Evolución de la pobreza a nivel nacional y en Tijuana, 2015-2020 |Gerardo Ordóñez Barba / Voces de El Colef
El 15 de diciembre de 2021 Coneval publicó los resultados de sus mediciones sobre pobreza a nivel municipal, con lo cual pudimos conocer la situación y las tendencias de la población que se encuentra en condiciones de pobreza en 2,466 de los 2,469 municipios que existen en el país, considerando que en tres casos no se contó con datos para realizar los cálculos. En el cuadro siguiente se muestran los resultados para Tijuana y a nivel nacional de los indicadores de pobreza basados en la medición multidimensional, así como de los indicadores de carencias e ingresos que se usan en estos cálculos. Como puede apreciarse en lo que respecta a los datos nacionales, el periodo va de 2016 a 2020 y se añade una medición intermedia en 2018, ya que en este nivel se realizan cálculos cada dos años a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH); en cambio, a escala municipal las mediciones se llevan a cabo cada cinco años mediante las Encuestas Intercensales y los Censos de Población y Vivienda, que en este caso corresponden a los levantamientos de 2015 y 2020, respectivamente.
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, podemos advertir que en 2018 hubo en el país una mejoría en los indicadores de pobreza e ingresos respecto de los niveles que tenían en 2016, aunque las carencias reportan resultados ambivalentes con ligeras alzas de alrededor de medio punto porcentual en cuatro indicadores (rezago educativo, acceso a servicios de salud, a servicios básicos en la vivienda y a la alimentación), y mejoras menores al 1% en dos (acceso a la seguridad social y en la calidad y espacios en la vivienda). En 2020, ya con la crisis económica provocada por la pandemia por COVID-19, los indicadores de pobreza repuntan un 2% respecto del porcentaje registrado en 2018, saltando de 41.9 a 43.9% de la población nacional, siendo la población en pobreza extrema la que absorbió el mayor impacto de este incremento (1.5%) pasando de 7 a 8.5%. En términos absolutos el número de personas en pobreza aumentó casi 4 millones y en pobreza extrema 2.1 millones. Cuando relacionamos estas estimaciones con los indicadores que se usan para la medición multidimensional encontramos que entre 2018 y 2020 las personas con ingresos inferiores a las líneas de pobreza y pobreza extrema aumentaron 2.9 y 3.2%, respectivamente, lo que representa un incremento de 5.1 millones de personas en pobreza y de 4.6 millones en pobreza extrema.
La diferencia en los resultados entre ambas mediciones se explica por la intermediación de las carencias, ya que para la medición multidimensional se requiere, además de contar con ingresos inferiores a las líneas de pobreza, padecer al menos una carencia en el caso de los pobres y tres en lo que respecta a los pobres extremos. Pero el comportamiento de las carencias también puede esclarecer porqué la mayor parte del aumento de la pobreza se debió al incremento de la pobreza extrema a nivel nacional. Como puede apreciarse en el cuadro anterior, entre 2018 y 2020 las carencias también mostraron resultados diferenciados: tres disminuyeron en alrededor de 1.6% (acceso a la seguridad social, a servicios básicos en las viviendas y en calidad y espacios en las viviendas) y tres aumentaron, dos con porcentajes por debajo de 0.5% (rezago educativo y acceso a la alimentación) y una, el acceso a servicios de salud, con un incremento muy considerable (12%), alcanzando al 28.2% de la población nacional, es decir, a 35.7 millones de personas. Es muy probable que el aumento de esta carencia, que significó que más 15.6 millones de personas quedaran excluidos de los servicios de salud, haya afectado en mayor medida a quienes se situaron por debajo de la línea de pobreza extrema en 2020, lo cual pudo haberles significado pasar de dos a tres carencias entre 2018 y 2020.
En el caso de Tijuana los resultados resultaron contrastantes respecto de los datos nacionales. Lo primero que se aprecia es que casi todos los indicadores muestran una situación social relativamente mejor en el municipio que en el país, pero lo más importante es que a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional en Tijuana la pobreza disminuyó entre 2015 y 2020 de 29.5 a 23.3% de la población y con excepción de tres indicadores el resto mostró una mejoría, que en algunos casos fue significativa. Los indicadores que empeoraron fueron el de la pobreza extrema (subiendo de 1.8 a 3.3%), el rezago educativo (de 12.7 a 13.8%) y el acceso a los servicios de salud (de 21 a 27.5%). Aunque en este último caso el aumento (6.5%) fue mucho menor que a nivel nacional (12.6% si lo comparamos con el dato de 2016), también es probable que haya influido en el incremento de la pobreza extrema en Tijuana. Por su parte, los indicadores que tuvieron una mejoría fueron: la población con ingreso inferior a la línea de pobreza (-7.4%) y de pobreza extrema por ingresos (-2.9%), y las carencias por acceso a servicios básicos en la vivienda (-4%), por calidad y espacios en la vivienda (-1.9%), por acceso a la seguridad social (-0.7%) y por acceso a la alimentación (-0.3%). Es muy probable que el panorama que registró Tijuana en 2020 haya estado influido en buena parte por decisiones que tomó el gobierno federal en 2019, particularmente por la duplicación al salario mínimo establecida en ese año para la Zona Libre de la Frontera Norte y la reducción del IVA del 16 al 8%, así como por la resistencia que mostró el comportamiento del empleo ante la pandemia en 2020, con una caída en los niveles de ocupación muy inferiores a los registrados en el país (de -4.4 y -8.3%, respectivamente, entre finales de 2019 y el tercer trimestre de 2020).
Independientemente de las tendencias en la evolución de la pobreza, es un hecho que la problemática sigue afectando a más de 55 millones de mexicanos en todo el territorio nacional y aunque algunos municipios como el de Tijuana muestran ciertas fortalezas para resistir los embates de las crisis económicas, es necesario continuar impulsando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y contractuales, la mejora de los ingresos de los no asalariados, y la reducción de la informalidad y la precarización laboral, así como la ampliación de la cobertura y calidad de los bienes y servicios sociales de quienes quedan excluidos de sus beneficios.
