Ensenada: playas sí, traspatio logístico e industrial no

Al grito de «¡playas sí, contenedores no!», una ola de indignación y protesta ciudadana ha estado creciendo en los últimos meses en Ensenada. El motivo es la oposición a la ampliación del puerto de El Sauzal, la cual es parte de un megaproyecto de reordenamiento industrial y logístico que se extiende a toda la zona costa de Baja California y que busca intensificar su función como válvula de escape ante el congestionamiento portuario del sur de California.

En diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 5 mil 745 millones de pesos para la modernización de los puertos de Ensenada y El Sauzal. El objetivo es que el primero se destine exclusivamente a actividades turísticas y el segundo a carga comercial de contenedores e hidrocarburos, así como pesca. Se busca incrementar su capacidad de carga de 450 mil a 1.3 millones de contenedores (TEUs) al año.

El proyecto tiene un doble objetivo: impulsar la instalación de más industrias en la zona costa bajacaliforniana (Ensenada-Rosarito-Tijuana) y apuntalar su función como territorio de paso de contenedores para aliviar el congestionamiento de los puertos de Los Ángeles-Long Beach. Ambas dinámicas se han estado desarrollando desde los años 1990 cuando ambos puertos se consolidaron como el nodo portuario más importante de Norteamérica para el transporte de contenedores. Tan sólo en 2024 transportaron 20 millones de TEUs, lo que representa una tercera parte de la carga contenerizada de Estados Unidos.

Es a partir de la cercanía con este hub portuario que Ensenada adquirió importancia como puerto complementario. En 1990 fue modernizado para convertirse en intermodal (con capacidad para mover contenedores). En 1994 se concesionó al consorcio transnacional Hutchison Port Holdings. En 2006 se agregó el puerto El Sauzal como adenda a la concesión.

En 2004 se impulsó la creación del corredor intermodal Ensenada-Frontera Norte, el cual permite mover contenedores hacia Estados Unidos, ingresando por el puerto de Ensenada bajo el régimen aduanero de “tránsito internacional”, cuyo flujo se cierra en las aduanas terrestres fronterizas de Tijuana, Tecate y Mexicali. Es un régimen de excepción de impuestos que permite utilizar a Baja California como mero territorio de paso de contenedores hacia Estados Unidos.

Las cifras oficiales dan cuenta de ello: en 2023 el 95% de los contenedores que entraron al puerto de Ensenada venían llenos, mientras que el 70% de los que salieron iban vacíos. Adicionalmente, el 45% de las importaciones de Baja California provienen de Asia (a través de Ensenada) y la mayor parte son insumos de ensamble, mientras que el 95% de las exportaciones van a Estados Unidos y son productos ensamblados. Esto quiere decir que la función de este puerto es fundamentalmente de entrada de mercancías, ya sea para transportarse directamente a Estados Unidos o tras pasar por procesos de manufactura. 

Sin embargo, una de las grandes limitantes para su desarrollo ha sido la insuficiencia de vías de comunicación terrestre. Es por ello que la actual ampliación incluye varios proyectos de transporte asociados: la construcción de un ferrocarril que conectará a El Sauzal con la vía férrea Tijuana-Tecate; la construcción del By Pass, una carretera que inicia en el libramiento a Ensenada, cerca de El Sauzal, y conecta con la carretera escénica que va hacia Tijuana; la construcción de carriles confinados de cuota en el Corredor 2000, que conecta Rosarito con Tijuana; y el aeropuerto de carga de Ojos Negros, en la carretera Ensenada-San Felipe.

Estos proyectos permitirán acelerar los flujos de carga comercial hacia las garitas de Tijuana y Tecate, así como a varias zonas industriales existentes y proyectadas. Precisamente cerca del área donde el By Pass intersectaría con la carretera escénica se está planeando otro proyecto industrial asociado: Ciudad Industrial Jatay, que incluirá un puerto seco para el movimiento de contenedores. Jatay está junto al puerto de Costa Azul, donde Sempra Energy está construyendo una planta de licuefacción que convertirá a Baja California en una plataforma de exportación de gas metano de Texas. Ahí también hay centrales de ciclo combinado, por lo que las industrias que buscan instalarse tendrán electricidad y gas para operar. Y el agua puede provenir de desalinizadoras, como la que se impulsa en Rosarito. 

En suma, estos proyectos vienen a intensificar la subordinación del territorio bajacaliforniano a los intereses estadounidenses. Sus impulsores buscan aprovechar la saturación de los puertos californianos para crear lo que han llamado “Corredor Logístico Binacional», en el que Baja California funge como mero traspatio. Lo que no queda claro es la relación de este proyecto con Punta Colonet, el otro megadesarrollo portuario al sur de Ensenada que se planeó con el mismo objetivo. Incluso podrían ser mutuamente excluyentes, porque Colonet es de una escala mucho mayor (4.8 millones de TEUs) y podría acaparar el desfogue del hub californiano. Puede ser que detrás del avance de uno u otro proyecto haya intereses de grupos empresariales locales disputándose la orientación del desarrollo industrial, pues Colonet también incluye una conexión ferroviaria, pero no hacia zona costa, sino hacia Mexicali.

Mientras tanto en Ensenada ha surgido una importante oposición a la ampliación de El Sauzal en la que participan activistas, pescadores, vecinos, estudiantes, académicos, ambientalistas, surfistas, vitivinicultores, restauranteros y hoteleros. Advierten que este proyecto provocará destrucción de ecosistemas marinos, pérdida de playas, afectaciones a la pesca, degradación ambiental y colapso urbano. Esto sin considerar las afectaciones de los proyectos asociados.

Esta oposición, articulada en la coalición Ensenada Digna, confrontó a la presidenta Sheinbaum en su última visita al puerto (12 de julio). La mandataria declaró que el proyecto no se haría sin la aprobación de la gente y anunció una consulta pública. Hay desconfianza  hacia este posible ejercicio y no es menor, ya que en 2020 el Ayuntamiento de Ensenada operó un gran fraude en la consulta que “aprobó” la planta de licuefacción de Sempra. Ante ello, los faros de alerta se encienden y advierten a los navegantes del capital que la ola de indignación y protesta puede convertirse en tsunami.

*Geógrafo