Opinión

Elección de ministros

Por: Obed Silva*

El próximo 1 de junio se llevará a cabo la jornada para elegir a ministros, magistrados y jueces federales, así como magistrados y jueces estatales en Baja California.

La discusión al respecto ha sido muy amplia y hay quienes afirman que con esta elección se dará un golpe de muerte a la pobre democracia mexicana.

Gran parte de la discusión se plantea sobre la interrogante acerca de si la elección directa de quienes integran el Poder Judicial traerá como resultado la mejoría en la impartición de justicia.

En el flanco de la izquierda se afirma que así será y en el de la derecha se dice que dará al traste con un largo proceso de consolidación del Poder Judicial en México.

Un elemento para la discusión consiste en dilucidar si la modalidad para que se elijan de manera directa por los ciudadanos a quienes integrarán la Corte, los órganos de control, magistrados y jueces, tiene algún antecedente histórico en México que justifique el ejercicio electivo que se llevará a cabo.

Al efecto, es importante saber que, desde la instauración de la República en México, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre han sido electos y lo que ha cambiado es la manera de elegirlos.

De tal forma, encontramos que durante el período presidencial de Benito Juárez García, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran electos de manera indirecta, similar a como se elige al presidente de EE.UU.

En ese entonces, la Constitución mexicana de 1857 establecía un sistema de elección indirecta para los ministros de la Suprema Corte, mediante el cual solo un reducido número de ciudadanos votaba.

De acuerdo con especialistas, la Constitución de 1857 previó que los ministros de la Suprema Corte fueran electos mediante una elección “indirecta de primer grado”, en la que un número restringido de hombres y con cierta edad votaban para la integración de un Colegio Electoral y este Colegio Electoral a su vez votaba por las personas que iban a ser ministros.

Lo anterior es semejante al método electivo que hasta hoy se venía desarrollando, a través del cual el Senado, vía una elección indirecta (en razón a que representan la soberanía popular de la República), elegía a quienes integrarían la Corte y el Consejo de la Judicatura.

De manera invariable, las propuestas de candidatos a elegir por el Senado venían del Poder Ejecutivo (Presidente de México), quien, bajo ciertas circunstancias, como la imposibilidad de que el Senado se pusiera de acuerdo para elegir de entre las propuestas recibidas, el Ejecutivo designaba a los Ministros de la Corte.

La elección indirecta por parte del Poder Legislativo (Senado y Diputados) no solo se ha venido aplicando para el Poder Judicial, sino también para otros cargos como embajadores y cónsules, consejeros electorales y magistrados electorales, así como miembros de los consejos de organismos autónomos y de otro tipo.

Dicha prerrogativa se apoya en la idea de que el Poder Legislativo representa la voluntad popular y de ahí que sus decisiones para elegir determinados miembros de los cargos públicos, mandatados en la Ley, equivalen a la voluntad popular que el mismo Poder representa.

Al día de hoy, la norma legal ha evolucionado para que sea una prerrogativa de los ciudadanos el que de manera directa elijan a los miembros del Poder Judicial federal y estatales.

Respecto de los magistrados de circuito y jueces federales, no hay registro de que en algún momento histórico hayan sido electos por alguna vía (indirecta o directa), pero como se sabe, eran «seleccionados» a través de un procedimiento de méritos (carrera judicial y exámenes), aunque la vox populi dice que eran designados mediante padrinazgos, compromisos políticos y relaciones familiares.

En el caso de Baja California, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y consejeros de la Judicatura, hasta antes de la reforma constitucional, eran electos por el Congreso local mediante el procedimiento de elección indirecta. El próximo 1 de junio serán electos por los ciudadanos y ciudadanas. 

*El autor es abogado, político y exsecretario de Gobierno en Tijuana

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