El tope ficticio: cuando el salario del presidente se convierte en una trampa para recortar pensiones

Durante años, el discurso político repitió una idea sencilla y poderosa: «nadie debe ganar más que el Presidente de la República». El mensaje era mediáticamente perfecto. Sonaba a austeridad, justicia y combate a los privilegios.

El problema comenzó cuando esa narrativa política salió del terreno propagandístico y empezó a utilizarse para recortar derechos adquiridos, particularmente pensiones y jubilaciones de trabajadores de organismos públicos como la Comisión Federal de Electricidad.

Y ahí apareció una pregunta incómoda: ¿cuánto gana realmente el Presidente de la República?

Porque una cosa es el salario que se anuncia públicamente —aproximadamente 140 mil pesos mensuales— y otra muy distinta es la remuneración integrada que reconocen expresamente la Constitución y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Ese detalle cambia todo.

El nuevo esquema constitucional pretende fijar como límite de ciertas jubilaciones el equivalente al 50 % de la remuneración presidencial. Sin embargo, en la práctica administrativa, algunas autoridades están utilizando únicamente el salario nominal en efectivo del Presidente como parámetro de cálculo. Es decir: toman el dato mediático. El número político. El salario «de escaparate».

Pero omiten integrar compensaciones, prestaciones, pagos en especie, seguros, apoyos, percepciones indirectas y demás conceptos que la propia ley ordena considerar como parte de la remuneración total.

Y eso no es una discusión menor.

Los artículos 5 y 6 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no limitan la remuneración al simple pago en efectivo. Por el contrario, reconocen que esta se integra también por percepciones en especie, prestaciones, beneficios adicionales, seguros, apoyos, compensaciones y demás conceptos ordinarios o extraordinarios vinculados al cargo público.

En la teoría del derecho laboral —corroborada históricamente por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación— el salario no se reduce exclusivamente al dinero entregado directamente al trabajador, sino que comprende también prestaciones y beneficios que representan una ventaja económica derivada de la relación laboral o del ejercicio del cargo.

Vehículos asignados, habitación, alimentación, gastos de representación, seguros médicos, transportación, asistentes, escoltas, seguridad personal, uso de instalaciones oficiales y demás prestaciones en especie pueden formar parte de la remuneración integrada cuando representan una ventaja económica derivada del cargo público, exactamente igual que ocurre en la teoría clásica del salario integrado desarrollada por el derecho laboral y reconocida por la Suprema Corte.

Entonces surge la contradicción jurídica: si la ley obliga a considerar una remuneración integral, ¿por qué algunas autoridades calculan el tope usando únicamente el salario base en efectivo?

La respuesta parece más política que jurídica.

Porque el salario presidencial «mediático» sirve mejor para justificar públicamente los recortes. Produce impacto social. Genera la sensación de austeridad republicana. Pero jurídicamente podría tratarse de un parámetro artificialmente reducido.

Y eso tiene consecuencias enormes.

En el caso de la CFE, por ejemplo, existen trabajadores jubilados cuyas pensiones derivan de contratos colectivos, convenios, antigüedad acumulada y derechos consolidados durante décadas. No se trata de «bonos discrecionales». No son premios políticos. Son prestaciones construidas durante toda una vida laboral.

Sin embargo, ahora se pretende aplicar un límite calculado sobre un parámetro posiblemente incompleto.

El problema ya no es solamente constitucional. También es técnico y administrativo.

Porque incluso suponiendo —sin conceder— que la reforma pudiera aplicarse válidamente, la autoridad tendría que hacerlo correctamente. Y hacerlo correctamente implica determinar primero cuál es la verdadera remuneración integrada del titular del Ejecutivo Federal.

No la cifra simplificada para redes sociales. No el dato propagandístico. No el salario «popular». La remuneración real.

Y aquí aparece un aspecto jurídicamente interesantísimo: el debate podría desplazarse completamente.

Durante meses muchos abogados se concentraron en discutir si era posible o no impugnar directamente la reforma constitucional. El problema es conocido: la improcedencia histórica del juicio de amparo contra reformas a la propia Constitución.

Pero aquí empieza a surgir otra ruta.

Porque si el acto reclamado no fuera la existencia de la reforma constitucional, sino la forma concreta e ilegal en que la autoridad la está aplicando, el escenario cambia radicalmente.

Ya no se trataría de combatir frontalmente al Constituyente Permanente. Se trataría de cuestionar:

• la indebida fundamentación y motivación del descuento;

• la incorrecta integración del parámetro presidencial;

• la utilización de una cifra incompleta;

• la omisión de considerar percepciones en especie;

• la afectación a derechos adquiridos;

• y la reducción patrimonial ejecutada sin un procedimiento suficientemente fundado.

Es decir, el centro del litigio dejaría de ser la constitucionalidad abstracta de la reforma y pasaría a ser la legalidad y convencionalidad de su aplicación administrativa concreta.

Y eso cambia muchas cosas.

Porque entonces el acto reclamado ya no sería «la Constitución», sino el acto de autoridad que calcula, descuenta y reduce pensiones utilizando un parámetro posiblemente ficticio o artificialmente disminuido.

Ese matiz puede parecer técnico, pero jurídicamente es enorme.

Especialmente porque una autoridad no puede afectar derechos patrimoniales utilizando parámetros ambiguos, incompletos o discrecionales. Mucho menos cuando se trata de jubilaciones previamente reconocidas, pagadas durante años e incluso derivadas de laudos o convenios firmes.

Y aquí vale la pena decir algo que pocas veces se menciona públicamente: las pensiones no son salario.

La pensión del IMSS, por ejemplo, tiene naturaleza de seguridad social. No integra salario activo. No constituye remuneración por desempeño del cargo. Jurídicamente pertenece a otra categoría.

Sin embargo, en algunos casos pareciera que todo se mezcla para construir artificialmente montos superiores y justificar reducciones.

Ese es el verdadero fondo del debate. No solamente si existe un tope. Sino cómo se calcula. Con qué parámetros. Con qué conceptos. Y sobre todo: con qué legalidad.

Porque cuando el parámetro presidencial se convierte en una cifra política flexible, el riesgo ya no es únicamente para los jubilados de la CFE. El precedente puede alcanzar a cualquier régimen pensionario público.

Y entonces la austeridad deja de ser una política administrativa para convertirse en un mecanismo de reducción patrimonial.

El problema es que los derechos adquiridos no deberían depender de narrativas mediáticas. Mucho menos de salarios presidenciales calculados a conveniencia.

Porque una cosa es combatir excesos. Y otra muy distinta construir parámetros ficticios para recortar pensiones reales.

¿O usted qué opina? ¡Se vale replicar!