El T-MEC entra a otra etapa: menos certezas, más negociación
El anuncio del gobierno del presidente Donald Trump, a través de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que encabeza Jamieson Greer, de no renovar automáticamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) abrió una nueva etapa para la integración económica de Norteamérica. También dejó algo claro: mientras los gobiernos endurecen posiciones, el respaldo más sólido al acuerdo proviene del sector empresarial de los tres países.
En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, ha insistido en que el tratado sigue vigente y que las negociaciones continuarán. Del lado empresarial, organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) han reiterado que la certidumbre jurídica es indispensable para mantener la inversión y aprovechar el fenómeno de la relocalización de empresas.
En Estados Unidos, organizaciones como la Business Roundtable y la Global Business Alliance también han pedido preservar un marco comercial estable. Saben que millones de empleos estadounidenses dependen de cadenas de suministro integradas con México y Canadá. En Canadá, la Cámara de Comercio de Canadá y el gobierno del primer ministro Mark Carney mantienen la misma postura: modernizar el acuerdo, sí; debilitar la competitividad regional, no.
México enfrenta riesgos evidentes. Una revisión permanente puede retrasar inversiones y afectar sectores estratégicos como el automotriz, el electrónico y el de dispositivos médicos. Sin embargo, también conserva una fortaleza que difícilmente puede sustituirse: su papel como principal plataforma manufacturera de América del Norte.
La discusión que apenas comienza va mucho más allá de aranceles o reglas de origen. Lo que está en juego es la confianza para invertir durante la próxima década. Y en eso existe una coincidencia poco común entre empresarios mexicanos, estadounidenses y canadienses: la competitividad de Norteamérica depende de reglas claras y de una visión de largo plazo. Si esa estabilidad se rompe, el costo no recaerá sobre los gobiernos, sino sobre las empresas, los trabajadores y las familias de los tres países.
PIEZAS SUELTAS
Millones arriba, millones abajo
La declaración financiera del presidente Donald Trump, presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos y difundida por Reuters, confirma algo más que el crecimiento de su patrimonio. También exhibe el contraste entre la bonanza de quien ocupa la Casa Blanca y la realidad de millones de estadounidenses.
Mientras Trump reporta ingresos multimillonarios provenientes de bienes raíces, licencias comerciales y negocios vinculados con criptomonedas, buena parte de la población sigue haciendo cuentas para pagar la hipoteca, el seguro médico, la tarjeta de crédito o el supermercado.
Nadie discute su derecho a generar riqueza. La pregunta es otra: ¿hasta qué punto las políticas económicas benefician por igual a quienes invierten en Wall Street y a quienes viven exclusivamente de un salario?
Ahí está el verdadero debate. Porque una economía no se mide solo por el valor de sus mercados financieros. También por la tranquilidad —o la angustia— con la que viven quienes sostienen al país todos los días.
La IA ya es un asunto de Estado en Mexico y en Estados Unidos
El reporte del Financial Times sobre las conversaciones de OpenAI, encabezada por Sam Altman, para ceder una participación del 5% al gobierno de Donald Trump confirma algo que ya empezaba a ser evidente: la inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivo de Silicon Valley. Hoy forma parte de la competencia económica, la seguridad nacional y la estrategia política de los gobiernos.
En ese contexto también debe entenderse el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar una regulación para la inteligencia artificial y las redes sociales. La discusión ya no es si habrá reglas. Eso parece inevitable. El verdadero reto será construirlas sin frenar la innovación, sin inhibir la inversión y sin convertir la regulación en un mecanismo de control.
Estados Unidos parece decidido a incorporar la inteligencia artificial como un activo estratégico del Estado. México apenas comienza a definir cómo quiere gobernarla. Son rutas distintas frente a una misma realidad: quien establezca hoy las reglas de la inteligencia artificial tendrá una ventaja económica, tecnológica y geopolítica que probablemente marcará las próximas décadas.
