El Escuchón | Una buena y una mala
El otro día entré a la tienda frente a los juzgados y escuché a un abogado quejarse de “la chairiza”. Según él, “los chairos” solo votan por Morena porque les regalan dinero vía programas sociales. Agregó enfurecido, que “no entienden que les están viendo la cara”, pues, según él, a cambio de unos pesos, le permiten a Morena la acumulación de poder y la destrucción de instituciones igualitarias y de los contrapesos, lo cual socava al estado constitucional. Me irritó mucho el comentario, porque, aunque suelo criticar al poder, sin importar el partido o la persona que lo ostente; aborrezco las objeciones condescendientes. Que el abogado no entienda el voto de las personas, no demuestra que no sepan lo que votan. Inclusive, aún cuando el gobierno ejerciera el poder de manera abusiva y autoritaria, gastando fortunas enteras en propaganda y desinformación, eso tampoco autorizaría al abogado a desacreditar a priori a los ciudadanos que simpatizan con esa opción política.
Al contrario, es perfectamente posible ―y hasta muy probable― que las personas votantes bien puedieran haber exhibido un voto perfectamente racional y razonable. Por ejemplo, ahora sabemos que los beneficios de la democratización del país y del globalismo asociado al tipo de democratizacion que vivimos, se distribuyeron desigualmente, mayoritariamente de arriba para abajo. Pero en nuestro caso, el beneficio se detuvo casi por entero hasta las clases medias altas, dejando a amplias franjas de la población mayormente sin esos beneficios; y, sobre todo, dejando las estructuras caciquiles de poder autoritario casi intocadas. Por supuesto los regímenes han cambiado (viejo PRI, transición, Morenismo) y con ello el cómo estas estructuras se disciplinaron (o dejaron de hacerlo); pero el ejercicio del poder y del gobierno que ellas ejercieron sobre de los ciudadanos desaventajados, cambió poco entre el viejo régimen Priísta y los gobiernos de la alternancia. En contraste, el aumento al salario ocurrido en el sexenio de AMLO ha sacado de la pobreza a muchos y mejorado el poder adquisitivo de tantos.
Así, para más de la mitad de las personas mexicanas, las maravillas de la transición democrática, sus instituciones y sus contrapesos, fueron tecnicismos lejanos que no alcanzaron del todo a su realidad; mientras que los autoritarismos caciquiles, sus desigualdades y violencias se siguen viviendo de manera tangible. Inversamente ahora, la concentración autoritaria del poder cupular y el desmantelamiento de instituciones federales aparecen como discusiones igualmente lejanas, mientras las mejoras en salario son hechos concretos. Según este modelo de decisión, las reformas obradoristas bien pudieran ser autoritarias y el adelgazamiento del estado de bienestar bien pudiera tomarse como una política más de derechas; pero en lo inmediato, para una muy buena parte de la sociedad, el régimen cumplió con uno de sus mandatos centrales: aliviar la pobreza.
Esto no es una concesión relativista en la que disculpamos a esas personas por toman la mejor decisión con la información disponible. Al contrario, simple y llanamente las explicaciones cupulares de la ciencia política y otras disciplinas proporcionan explicaciones que no son exhaustivas, porque no aplican necesariamente a la experiencia de la mayor parte de la ciudadanía, pues las interacciones sociales que más les afectan, no se han modificado antes y después de la transición. Si esto es así, parece que el calculo de las personas votantes obradoristas es impepinable: algo como: “por muy corrupto, defectuoso, autoritario e imperfecto que sea el régimen Obradorista en general, no me afecta porque el autoritarismo caciquil no ha cambiado en 100 años; pero cuando menos este régimen ha apostado por un beneficio de justicia social que si me beneficia concretamente cada quincena.” Esto es sin duda lo que el abogado de la tiendita ―y la oposición― no alcanzan a comprender: la situación actual no es sólo responsabilidad del obradorismo, es responsabilidad de aquellos que tenían que haber consolidado el estado constitucional cuando tuvieron la oportunidad y no lo hicieron para acaparar los beneficios.
Así, el prejuicio del abogado no solo viola las reglas del civismo en la deliberación pública. También es olímpicamente falso. La crítica al obradorismo debería comenzar, ―o cuando menos contener― una densa crítica a los partidos, gobiernos y beneficiarios de la transición por no consolidar el Estado constitucional; cosa que ha hecho posible que otro régimen, cupularmente más autoritario y corrupto; pudiera desplazar al régimen anterior; tan solo con retornos sociales mínimos; aun a pesar del desmantelamiento del diminuto estado democrático de bienestar que se había construido. Y es que el estado constitucional no tiene que reconstruirse; más bien tiene que hacerse de cero. ¿Desde donde será mejor construirlo? ¿Desde el régimen de privilegios y democracia globalista para unos pocos y autoritarismo cuasi-medieval para la mayoría o desde el nuevo régimen autoritario y populista, desmovilizador de las izquierdas y patrimonialista? Esa es la pregunta.




