El Escuchón | La ley de la selva
En una reunión escuché a una inmigrante canadiense contar que estaba tratando de zafarse de un contrato de arrendamiento en Tijuana, porque el departamento que rentó en el centro tenía un fuerte hedor a químicos a casi toda hora. Le enseñaron el departamento el día de descanso del artesano de las velas, por lo que no se dio cuenta de que el locatario de la planta baja, que derrite sustancias desde muy temprano, nunca instaló una chimenea para que los vapores tóxicos salieran por el techo sin molestar. La intoxicada inmigrante, que había escapado de los Estados Unidos espantada por el regreso de Trump, ha tratado de asociarse con los vecinos, de crear conciencia entre los clientes, de presionar al dueño del local e incluso con lo impensable: recurrir a las autoridades, todo sin ningún resultado. Naturalmente, el de las velas vende relajación y paz zen en la tienda, pero reaccionó con desdén y violencia, como si vaporizar contaminantes frente a sus vecinos fuera su derecho más fundamental e inalienable.
La historia me hizo pensar en que la acción colectiva ha perdido poder para alcanzar una resolución institucional a un conflicto, tanto en la esfera doméstica como en las relaciones internacionales. En vez de optar por el multilateralismo, las instituciones internacionales y la paz, los Estados Unidos, ante el declive de su hegemonía, han cruzado todas las líneas constitucionales y del derecho internacional al secuestrar a un mandatario en funciones (Nicolás Maduro), al crear una policía fronteriza interna que persigue a personas que parecen migrantes (ICE) y al amenazar con anexarse el territorio (Groenlandia) de un miembro de la alianza atlántica a la cual pertenece (OTAN). En México, mientras tanto, en vez de contratar a los mejores funcionarios para lidiar con la amenaza hemisférica de la potencia en declive, persiste la desprofesionalización de las instituciones, contratando a personas sin capacidad, probidad ni talento. Por ejemplo, Francisco Garduño, anteriormente cuestionado por la trágica muerte de 40 personas migrantes, es nombrado director general de los centros de formación para el trabajo de la SEP. Similarmente, Josefa González-Blanco, despedida del gabinete del presidente López por haber exigido que le detuvieran un avión comercial porque iba retrasada, fue después premiada con la embajada de México en el Reino Unido, misma que ahora deja tras 16 denuncias de acoso laboral, en beneficio del exfiscal Gertz Manero, conocido por escándalos acerca del uso de la FGR para venganzas personales. En Canadá ―país con quien deberíamos tener una estrategia conjunta de resistencia― AMLO nombró como embajador a un contador, exgobernador priísta de Quintana Roo, sin ninguna experiencia ni mérito para el cargo.
La explicación no es mística: mientras el gobierno del pueblo requiere resultados transparentes y mesurables para ser evaluados constantemente (cosa que demanda profesionales capaces, honestos y eficaces); la cleptocracia (gobierno de los ladrones y no del pueblo) es intrínsecamente autoritaria, porque consiste en la acumulación de poder para capturar el Estado con el fin de enriquecerse a costa del pueblo. Por eso buscan leales y no expertos, mientras se multiplican en la Casa Blanca y en Palacio los escándalos de enriquecimiento ilícito e impunidad.
El problema no es solo la captura del Estado, que lo distrae de proteger nuestros derechos. El problema es también que el autoritarismo socava la capacidad de los ciudadanos de cuidarse entre sí. Al limitar la información, la innovación y la responsabilidad, menos personas desarrollan la confianza, la empatía o la voluntad de renunciar a la satisfacción inmediata de sus intereses por el bien común. La ley de la selva mata a la cooperación social.
Me duele pensar que nunca nuestros gobiernos se habían parecido tanto y que nunca eso mismo había sido tan preocupante. En ese contexto, no importa que el de las velas tenga que poner una chimenea. Lo que importa es que quiere y puede explotar a la comunidad por el bien de su familia, sin pensar en invertir en esa misma comunidad para que ésta pueda cuidar de su familia cuando él no vea o no esté; tal y como nuestros gobiernos nos explotan sin pensar en qué sociedad va a cuidar a sus hijos o a sus nietos el día de mañana. Pobre inmigrante canadiense que no logra escapar de la ley de la selva ni aquí ni allá.
