El déficit presupuestario del gobierno federal: ¡peligros a la vista!
La evolución de las finanzas públicas federales durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación (en adelante, 4T) está siguiendo una trayectoria preocupante, principalmente debido a la creciente debilidad de la capacidad financiera del Estado mexicano para hacer frente a las cuantiosas partidas destinadas al desarrollo social, entre las que destacan las pensiones contributivas, la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, la Beca para Estudiantes de Educación Media Superior y de Educación Básica, Sembrando Vida y el IMSS-Bienestar. Ante la escasez de recursos y la negativa a emprender una reforma fiscal amplia y progresiva, el gobierno federal ha optado por acudir a la contratación de deuda pública como una fuente regular de financiamiento, que ha generado un crecimiento del déficit presupuestario que comienza a ser inquietante por los costos que conlleva.
Si bien el aumento del déficit fiscal puede producir un alivio a las finanzas públicas, dada una pérdida de los ingresos por un comportamiento negativo de la economía, su uso como fuente de financiamiento a largo plazo trae consecuencias perniciosas para la estabilidad financiera del gobierno federal. En este escenario, la dependencia de la deuda se convierte en una tendencia irreversible en un entorno expansivo del gasto, como aconteció en buena parte del gobierno de López Obrador y como puede suceder en 2026 con el aumento de la deuda pública propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Con ello, se produce un crecimiento de los costos financieros de la deuda por la acumulación de los compromisos de pago (intereses, comisiones y vencimientos del capital), que pasaron de 2.1 a 2.5 % del PIB entre 2009 y 2018, y a 3.7 % en 2025; esta última cifra representa casi una quinta parte del gasto programable del gobierno federal, lo que resulta en una proporción similar a la que se dedica a los servicios de salud pública.
Ahora bien, además de la negativa a impulsar una reforma fiscal amplia, ¿qué otros elementos explican la dependencia de la deuda pública? En este sentido, hay dos grandes explicaciones: como ya se comentó, la primera tiene que ver con el aumento de los compromisos presupuestales que se van adquiriendo y que presionan al alza el gasto programable; y la segunda alude a la fuerte caída de los ingresos petroleros que se observó a partir de 2008, que pasaron de 9.8 a 4 % del PIB entre 2009 y 2018, y a 3.5 % en 2025. Si bien hubo esfuerzos por aumentar la recaudación en los gobiernos de la 4T, principalmente a través de la lucha contra la evasión y la elusión fiscales, estas medidas han resultado insuficientes para resarcir las pérdidas ocasionadas por el derrumbe de los ingresos petroleros, que pasaron de aportar entre 2000 y 2008 más de una tercera parte de los ingresos totales de la federación a alrededor del 15 % en 2025.
En el pasado ya se había señalado la debilidad de las finanzas públicas por la alta dependencia de los ingresos petroleros, pero por lo visto recientemente la evolución a la baja de estos ingresos superó con creces las tendencias que comenzaban a dibujarse desde 2009 en adelante, y el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que es la medida más amplia de la deuda pública, pasará de 46.5 a 53.5 % del PIB entre 2023 y 2026, según las estimaciones de la SHyCP; es decir, en tres años aumentará 7 puntos del PIB.
De mantenerse los escenarios anteriores, resultará cada vez más difícil para el actual gobierno sostener los niveles de gasto sin una reforma fiscal amplia y progresiva, lo que previsiblemente generará un mayor déficit fiscal, el aumento del costo financiero de la deuda pública, la reducción de algunas partidas del gasto social, la erosión de la calidad de los servicios públicos (de educación y salud, principalmente) y, como consecuencia, el deterioro del bienestar de la población.
