El acuerdo histórico del G-20 / Orlando Delgado Selley

La reciente reunión ministerial del G-20, realizada en Venecia el 9 y 10 de julio, tuvo una especial cobertura por el “acuerdo histórico sobre una arquitectura tributaria más justa y estable”. Sin embargo, el comunicado ministerial plantea otras cuestiones que tienen una importancia mayor. Como se sabe, el acuerdo histórico respaldó los dos pilares propuestos por la OCDE, firmados por 130 gobiernos y luego confirmados en la reunión entre el propio G-20 y la OCDE del primero de julio: la relocalización de beneficios de las empresas multinacionales y un impuesto global mínimo efectivo. Este acuerdo es histórico, pero entrando a los detalles resulta que pudiera ser insuficiente.

La idea de un impuesto de por lo menos 15 por ciento es correcta, particularmente al reconocer que puede ser mayor. Sin embargo, es imperativo evitar que la tasa mínima se convierta en tasa máxima. Para muchos países existe una tasa oficial promedio más alta, por lo que señalar expresamente la posibilidad de incrementar ese 15 a 21 por ciento, por ejemplo, como lo ha planteado el gobierno de Biden, es fundamental.

Además, el concepto de ganancias corporativas debe entenderse ampliamente, de manera que se limiten expresamente deducciones por gastos de capital, intereses y otros. Si se permitieran estas deducciones, entonces aumentar la tasa es central, pues de otro modo los ingresos por esa tasa mínima se reducirían aún más.

La definición amplia del concepto de ganancias es básica, además, porque las prácticas corporativas han puesto de relieve que la competencia entre gobiernos para reducir los gravámenes es globalmente inconveniente, de manera que aceptar que las ganancias deben registrase donde se generen implica un avance considerable. Por esto se requieren fórmulas generales para considerar la distribución nacional de estas ganancias, como volumen de ventas, empleo, montos de capital involucrados. Conviene, en consecuencia, proponerse el establecimiento de criterios de registro contable estandarizados globalmente que eviten formas contables novedosas que evadan la nueva arquitectura tributaria.

Es histórico un acuerdo sobre una arquitectura tributaria más justa y estable, pero entrando a los detalles resulta que pudiera ser insuficiente.

Un asunto de mucha importancia es que la propuesta conjunta de la OCDE y el G-20 plantea la recuperación de la potestad tributaria de los gobiernos nacionales únicamente en relación con empresas globales gigantes. En relación con esto, el tema de resolución de las disputas tiene que reconsiderarse para corregir los arbitrajes internacionales que hoy existen y que han sido aprovechados por las grandes empresas para garantizar ganancias indebidas. La propuesta de una nueva arquitectura tributaria global tiene que extenderse con la creación de un Tribunal Fiscal Global equitativo e incluyente, que coloque en el centro el cuidado de una relación transparente y equilibrada entre gobiernos de cualquier tamaño y empresas gigantes.

Entre los otros asuntos relevantes expresados en el comunicado del G-20, se reconoce el importante papel de los gobiernos en la circunstancia actual. Este reconocimiento supone una reconsideración del papel predominante de los mercados, lo que supuso abandonar responsabilidades sociales prioritarias para la sustentabilidad y el equilibrio social.

La perspectiva inmediata ahora es recuperarnos, lo que es posible debido a la contribución de los gobiernos del mundo, la cual ha sido decisiva para resolver, con los medios científicos y técnicos disponibles, la producción de vacunas y su distribución y aplicación global. Por supuesto, detener el avance de la pandemia e impulsar la recuperación ha resultado marcadamente desigual, lo que mantiene riesgos importantes, pero sin la contribución de los gobiernos seguiríamos en el centro de la pandemia. Por esto, advertir que es necesario mantener la cooperación intergubernamental para lograr que la economía global se vuelva más fuerte, sustentable, equilibrada e incluyente es central.

Sin duda, siguen predominando economías mixtas en las que el sector privado tiene un papel muy importante, pero en coyunturas definitorias, como la que hemos vivido con la pandemia, el papel del Estado no sólo es fundamental, sino absolutamente indispensable. La manera en la que el Estado ha respondido condiciona la velocidad de la recuperación, al tiempo que puede plantearse aprovechar las lecciones aprendidas para impulsar una nueva visión del desarrollo. El G-20 reafirmó el papel de reglas de comercio abierto y justo en la recuperación económica, que rechacen el proteccionismo y reformen instituciones globales, como la Organización Mundial del Comercio y también el FMI.

En este sentido, la propuesta de emitir nuevos derechos especiales de giro, la moneda global que emite el FMI, por 650 mil millones de dólares, distribuyéndolos de modo que contribuyan a atender necesidades para el crecimiento global, es indudablemente útil para consolidar la recuperación y darle horizonte.

Además, reconocieron que es imperativo mantener una red de seguridad financiera global que promueva flujos internacionales de capital sostenibles. Todo esto pudiera resultar una lista de propósitos deseables, pero difícilmente realizables. Un importante paso en esta dirección tiene que ser la modificación de las cuotas del FMI, que modifiquen la gobernanza actual de este organismo sustituyéndola por una nueva verdaderamente transparente y equilibrada respecto de los valores de una globalidad democrática.