Editorial | Oportunidad contra la impunidad
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina detuvieron ayer por la mañana al ex comisionado de la extinta Policía Federal (PF) Facundo Rosas Rosas por atropellar a una mujer que posteriormente falleció. Horas después se informó que el ex funcionario fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para notificarle sobre la orden de arresto en su contra por su participación en el operativo Rápido y furioso, a través del cual autoridades estadunidenses y mexicanas se habrían coordinado para introducir a nuestro país 2 mil 500 armas que fueron entregadas al cártel de Sinaloa y usadas por éste en la comisión de diversos crímenes. Debe señalarse que en febrero pasado, el Ministerio Público Federal ya lo había citado a declarar, pero eludió presentarse y permaneció impune gracias a un recurso del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México.
El historial de Rosas Rosas es uno de los más oscuros entre los de los personajes de los aparatos de seguridad del pasado reciente. Cercano a Genaro García Luna, con quien coincidió en el Cisen durante una década, en 1999 accedió a la Dirección General de Terrorismo de la Policía Federal Preventiva; de 2001 a 2007 fue director de Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI); en 2008, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal; entre ese año y 2009 subsecretario de Prevención Vinculación y Derechos Humanos de la misma SSP.
En 2012 fue responsable de un operativo de desalojo en la Autopista del Sol en el que murieron dos estudiantes normalistas de Ayotzi-napa y el dueño de una gasolinera, pese a lo cual, un año después, el entonces gobernador de Puebla, el fallecido panista Rafael Moreno Valle, lo nombró secretario de Seguridad Pública del estado, donde otra vez hizo gala de su vocación represora: el 9 de julio de 2014 un niño de 13 años recibió heridas a la postre mortales durante un operativo policial dirigido por el propio Rosas. Un año más tarde, debió dejar el cargo cuando dos “de sus más cercanos colaboradores” fueron detenidos mientras custodiaban un cargamento de huachicol; se inició una investigación en su contra, pero nunca se le judicializó. Tampoco es la primera vez que este integrante del foxismo, el calderonismo y el morenovallismo se ve involucrado en un incidente de tránsito: en 2017 ya se le había detenido por arrollar a una mujer de 84 años, pero quedó libre después de llegar a un “acuerdo” con los familiares de la víctima.
Así haya ocurrido por un lamentable hecho fortuito, el que finalmente se presente a Rosas Rosas ante la justicia permitirá avanzar en el esclarecimiento de Rápido y furioso, uno de los episodios más sórdidos de la llamada guerra contra el narco, y posiblemente contribuirá a cerrar el hoyo negro de impunidad en torno a una estrategia de gobierno que no sólo no redujo el fenómeno delictivo, sino que lo incrementó de manera atroz y que, según los indicios disponibles, se aplicó en alianza con algunas organizaciones delictivas para desmantelar a sus rivales. En esta perspectiva, Rápido y furioso es sólo un aspecto de una política de seguridad plagada de miserias, que van desde la erogación multimillonaria en pretendidos “detectores moleculares” de drogas que no eran más que una llana estafa, hasta la privatización de las prisiones en términos descaradamente lesivos para el erario, y cuyo máximo signo fue el tener al frente a García Luna, sobre quien ya entonces pesaban acusaciones –hoy robustecidas– por sus nexos con los grupos criminales a los que fingía combatir.
No puede subestimarse la magnitud del desafío de investigar las irregularidades derivadas de la descomposición institucional que tuvo lugar durante el sexenio calderonista, por lo que cualquier avance hacia la verdad es bienvenido, y cabe esperar que el arresto de Rosas Rosas permita disipar la espesa impunidad construida en ése y los otros sexenios recientes.
