Editorial La Jornada | Reforma eléctrica: desinformar o debatir
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, informó el viernes que la empresa Iberdrola rechazó la invitación a presentarse en los foros sobre la reforma eléctrica. El legislador lamentó que la compañía presidida en México por Enrique Alba rehusara participar en el parlamento abierto que, dijo, representa una gran oportunidad tanto para los dueños o directivos de las principales generadoras de energía, como para los legisladores y el pueblo de México, de conocer su postura sobre la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para el diputado del partido oficialista, la negativa de Iberdrola se debe a que “se niegan a transparentar sus jugosos y sucios negocios”.
El jueves, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que de aprobarse las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales se cancelará la transición eléctrica, se incrementarán los costos de la electricidad y “en dos o tres años” el país podría quedarse sin energía eléctrica debido a la falta de inversión.
De acuerdo con el organismo cupular, el costo de producción total subiría en al menos 60 mil millones de pesos anuales porque la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es más alto que el de los privados, además de que deberán encararse indemnizaciones por entre 60 mil y 120 mil millones de pesos.
Las afirmaciones de la asociación patronal son una muestra cabal e incluso grotesca de la campaña de desinformación con que los grandes capitales y sus representantes buscan confundir a la sociedad en torno a los esfuerzos del gobierno federal para recuperar la rectoría del Estado sobre este sector estratégico y poner orden en una industria que en los sexenios recientes se libró a la rapiña de los agentes privados. En primer lugar, resulta hasta risible la afirmación de que México se quedará sin energía al cabo de pocos años, toda vez que en estos momentos ya se cuenta con una capacidad de generación que triplica las necesidades de consumo de la nación para las próximas dos décadas, un exceso de capacidad creado para hacer lugar a los productores privados que pone en riesgo de sobrecarga a la red eléctrica nacional.
Asimismo, es pertinente recordar que los costos pretendidamente más bajos de la generación privada se deben a que al presentarlos sólo se considera el costo variable; es decir, el del combustible usado en la generación, sin tomar en cuenta los costos de infraestructura y financiamiento. Callar sobre estos costos no sólo distorsiona la realidad, sino que constituye un acto de cinismo: si las plantas privadas parecen operar con mayor eficiencia es porque el entramado jurídico creado durante las administraciones neoliberales, y en particular con la contrarreforma de 2013, obligó a la empresa del Estado a subsidiar a sus competidores al asumir la operación de las plantas de respaldo y las instalaciones de almacenamiento necesarias para compensar la alta intermitencia de fuentes de energía como la eólica y la fotovoltaica.
Si además se considera que la instalación y el funcionamiento de muchas de las plantas privadas se han efectuado mediante prácticas lesivas contra las comunidades afectadas, ya no extraña que estas compañías rehúyan el debate abierto y franco de argumentos, y se escuden en la propagación de falacias a través de todas las plataformas a su alcance.
