Desterrar a los agresores del poder

Desterrar a los agresores del poder, es y ha sido el objetivo de la lucha que se ha dado por parte de mujeres de todas las entidades federativas, desde hace más de unos 20 años en México.

En estados como Yucatán, estas reformas, llamadas «3 de 3», llegaron como se esperaba: «Toda persona que esté en el servicio público o pretenda buscar un cargo de elección popular, cumpla como requisito de elegibilidad tres aspectos:

• No ser deudor alimentario.

• Que no tenga denuncias, demandas, juicios o alguna condena por violencia familiar.

• No haber sido denunciado, demandado, estar bajo investigación o condenado por delitos sexuales o relacionados con la intimidad corporal y violencia de género».

A diferencia de la iniciativa que se aprobó de último momento, tres años muy tarde, en Baja California, que nos deja «mocha» la interpretación que hicieron a modo  -porque al exigir una sentencia firme por los delitos que mencionamos soslayan el espíritu de la iniciativa-, la intención que tenemos es contar con personas íntegras en los espacios de poder para evitar a toda costa el abuso de poder, la discriminación y la misoginia.

Hay que tener claro también, para estas elecciones federales en México, que «cuerpo de mujer no garantiza protección a los derechos humanos de las mujeres y las niñas». Esto lo podemos ver en Baja California con los protocolos de investigación de delitos contra las mujeres como: feminicidios, delitos sexuales y tortura sexual, que no se han actualizado, ni se ha dado un tratamiento serio a las mesas de trabajo con las mujeres que forman parte de los grupos de familias de personas desaparecidas o no localizadas.

Tenemos a dos mujeres al frente de la contienda por la Presidencia del Estado mexicano, pero a ninguna que traiga como agenda los derechos humanos de las mujeres o que nos garantice que se avance en la transversalización de la perspectiva de género, intercultural, de discapacidad y de derechos humanos.

Nada bueno se ve en este camino para las personas que somos parte de los grupos vulnerados: a regañadientes nos dejan empezar a entrar a los espacios a las personas de la diversidad sexual y hasta alegan en lugares como Monterrey, que aceptarnos en las filas de los Órganos Políticos Locales Electorales es «poner en riesgo la democracia». Así decían de las mujeres, de las juventudes, de las personas con discapacidad, y hasta el momento todos estos grupos son los que sostenemos la democracia. Sin nosotras no hay partidos políticos, ya entiendan.

La autora es abogada defensora de derechos humanos de las mujeres, txicana, bajacaliforniana y cronista de injusticias y libertades
/@Meritxelling