Decreto sobre el agua: hito en materia de derechos

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un decreto en el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable en el estado de Nuevo León. Al considerar –con base en varios artículos de la Ley de Aguas Nacionales– la provisión del líquido como asunto de utilidad e interés públicos y de seguridad nacional, la disposición publicada por la tarde en el Diario Oficial de la Federación instruye modificar o reducir de manera provisional los volúmenes concesionados para fines distintos a los anteriores, es decir, a la industria y la agricultura. Además de establecer los mecanismos para que el agua llegue a la población, el decreto marca el despliegue de acciones concertadas entre las autoridades federales y estatales para un plan de apoyo mediante carrotanques, construcción de infraestructura hidráulica y perforación de pozos, entre otras.

La Jornada ha informado de manera puntual acerca del desarrollo de la crisis hídrica desatada en la entidad norteña (así como en otros puntos del país) en los últimos meses; de las inequidades en la manera en que se reparte el líquido, privilegiando a grandes corporaciones y sectores acomodados, y dejando en el desamparo a los barrios populares; además de los conflictos sociales y políticos generados por la combinación de aguda escasez de agua y distribución desigual de la que se encuentra disponible. En este espacio se han ofrecido a nuestros lectores reflexiones en torno a la coyuntura, pero también sobre el significado de ésta en un contexto global de cambio climático y crecientes tensiones por el control de los recursos naturales.

En tal perspectiva, lo dispuesto ayer por el gobierno federal marca un hito en el debate mundial por la definición del agua como un derecho humano o como una mercancía que puede ser privatizada y comercializada como cualquier otra. Al supeditar las concesiones otorgadas al sector privado a la cobertura previa de las necesidades humanas, no sólo se busca resolver una problemática puntual, sino que se sienta un precedente y se hace una declaración de principios en las luchas por venir por la defensa de este recurso vital.

Es probable que individuos y empresas afectados por el decreto emprendan una batalla jurídica para dejarlo sin efecto y continuar la explotación irracional e indiscriminada del líquido con fines de lucro; un propósito en el que podrían contar con la complicidad de jueces empeñados en revertir cualquier medida del gobierno federal sin importar el costo para la nación y los ciudadanos. A estos actores deberá recordárseles que, lejos de suponer una ocurrencia del mandatario y su equipo de trabajo, la instrucción presidencial obedece al pie de la letra a nuestra Constitución, la cual enuncia en su artículo cuarto que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”.

Sin negar que el recorte temporal en la entrega de agua a industriales y agricultores puede tener repercusiones adversas para la actividad económica, es evidente que estos sectores deben adoptar procesos y técnicas sostenibles que les permitan llevar adelante sus tareas sin destruir el medio ambiente ni acaparar el líquido requerido por todos los habitantes de la nación.