Campo y agua, ayer y hoy

Dos grandes problemas del desarrollo dominan estos días la discusión pública en la escena política nacional, los problemas crónicos del campo y las reformas a la institucionalidad sobre el agua.

Sobre el campo, se ha discutido y documentado hasta la saciedad la afectación a la producción nacional de alimentos básicos, por la apertura comercial con EEUU y Canadá, desde su etapa germinal en 1992 y su vigencia en 1994. Los reclamos y manifestaciones de agricultores se volvieron crónicos, recurrentes, ayer y hoy, año con año, región con región, en demanda de pago de cosechas a precios rentables, aun y con periodos de marginal intento de compensación a través de subvenciones directas, y otros programas de apoyo, que se han ido desplomando tanto en monto como en alcance regional y por escala productiva. Sobre las manifestaciones de agricultores, de ayer y hoy, es necesario aceptar que la eventual intencionalidad partidista puede descalificar a personas, pero no descalifica las causas.

Las condiciones institucionales para la agricultura nacional, a lo largo de poco más de veinte años, pero que datan de hace más de cuarenta, han contribuido a profundizar el efecto que éstas tienen en el retraimiento de la producción nacional que implica mayores importaciones de básicos y, en consecuencia, dependencia externa. El periodo prolongado de sequía por el que atravesamos acentúa estas condiciones.

El segmento productivo más afectado es entre los agricultores del norte del país en regiones bajo riego, y también en aquellos de otras entidades que logran un excedente para el mercado; en ambos casos su función social es la imprescindible contribución para abastecer la demanda alimentaria del grueso de la población, la que habita las zonas urbanas y las megaciudades. En la medida en que nuestra insuficiencia productiva nacional crece, nuestra soberanía alimentaria disminuye. 

El gobierno mexicano, ni ayer ni hoy, ha podido mejorar las condiciones mexicanas para ganar soberanía alimentaria, a pesar del discurso, de ayer y hoy, por lograrla. Las disposiciones institucionales, de ayer y hoy, reflejan su conducta en función de intereses más fuertes; por un lado, de exportadores de productos agroindustriales no básicos y de grandes importadores de básicos, y por otro, a empresas del sector industrial que significan gigantescas transacciones económicas, como la de las ensambladoras de vehículos y la maquiladora. Una conducta gubernamental, pues, de ayer y hoy, alineada a la gobernabilidad comercial internacional controlada por megaempresas trasnacionales.

En materia agropecuaria, el gobierno mexicano, de ayer y hoy, tampoco ha podido entender, o no ha querido hacerlo, ni lo estratégico para la soberanía nacional, ni las diferencias regionales que caracterizan al sector, ni las diferencias entre productores, ni la contribución que cada segmento productivo hace al abasto alimentario nacional, ni ha sido capaz de diseñar y establecer una institucionalidad, a largo plazo, favorable para el desarrollo de nuestra planta productiva nacional; es decir políticas públicas en materia de financiamiento con criterios de desarrollo, la recuperación de un sistema financiero nacional de primer piso, producción y abasto nacional de germoplasma, producción y abasto nacional de agroquímicos, energéticos y equipo para labores agrícolas, protección del mercado interno contra ventajas comparativas artificiales, políticas contracíclicas regionales y sectoriales, impulso real a la generación y transferencia de tecnología que responda a condiciones propias. ¿Por qué? ¿demasiados directivos y políticos de ayer… hoy?

En materia de agua

Las reformas a las leyes sobre agua deben tener en cuenta, en primer lugar, que el recurso es, para el sector social del campo, es decir, para los muchos que tienen poco, un patrimonio familiar que debe tener la protección constitucional de imprescriptible, con todo el significado que le concierne. 

El señalamiento gubernamental sobre la responsabilidad del agricultor en el no uso temporal de su agua, como argumento para retirarle la concesión, es desconocimiento de las causas, o simple y llanamente desentendimiento del gobierno como entidad del Estado mexicano como el responsable más determinante de las condiciones en que se hace agricultura en las diversas regiones del país y por los diferentes tipos de productores.

Tiene razón, el gobierno, sobre el tráfico mercantil con el agua, un mercado negro que es necesario proscribir. Ese tráfico se encuentra en el segmento de acaparadores del recurso, no en el sector social, pues en el caso del Distrito de Riego del Valle de Mexicali, la transferencia temporal de derechos de riego entre agricultores o a la Comisión Estatal de Servicios Públicos para su envío a las ciudades de la costa les significa un pago de menos de un salario mínimo al año.  Buena parte de los acaparadores son los beneficiarios de una obscena venta de miles de concesiones, sin sustento de disponibilidad hídrica, a personajes pudientes y políticos inescrupulosos que fue desatada con los decretos de Peña Nieto un mes antes de las elecciones de 2018, cinco meses antes de dejar la Presidencia.

*Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte A.C., Unidad Mexicali
jza61@colef.mx